Financiamiento universitario: la Justicia aceptó la apelación del Gobierno

La Justicia federal dio luz verde a la apelación presentada por el Estado Nacional contra el fallo que había declarado inconstitucional la cláusula del Decreto 759/2025, con la cual el Gobierno condicionó la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la resolución del juez Martín Cormick no frenó los efectos de una medida cautelar vigente que obliga a recomponer los salarios docentes y las becas universitarias.

El expediente fue elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia que tendrá la última palabra sobre el conflicto normativo y presupuestario desatado entre la Casa Rosada y el ámbito académico.

Los argumentos del Ejecutivo

La apelación estuvo a cargo del Ministerio de Capital Humano, con el patrocinio del subprocurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla. Desde el Gobierno advirtieron que la sentencia original genera "agravios concretos y de significativa gravedad institucional", ya que ordena cumplir de forma inmediata con la Ley 27.795 "sobre la base de una interpretación arbitraria y fragmentaria del régimen presupuestario aplicable".

Según la postura oficial, la decisión judicial "proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas, sin haber analizado de manera integral el bloque normativo aplicable ni las circunstancias presupuestarias vigentes al momento de sentenciar".

Para la administración central, el debate de fondo pasa por determinar si el ordenamiento vigente permitía ejecutar la norma "sin una fuente de financiamiento específica y suficiente". En esa línea, el escrito firmado por el Ejecutivo remarcó que el decreto de Javier Milei "no exterioriza una voluntad de desconocer la ley insistida por el Congreso. Por el contrario, la promulga y reconoce simultáneamente la aplicación de las reglas generales de legalidad presupuestaria que condicionan la ejecución de nuevos gastos a la existencia de recursos y créditos legalmente disponibles".

El origen del litigio

El conflicto se originó cuando el Gobierno promulgó la Ley de Financiamiento Universitario a través del Decreto 759/2025, pero supeditó su puesta en marcha a que el Congreso determinara las fuentes de recursos y asignara las partidas correspondientes dentro del Presupuesto nacional.

Al resolver la cuestión, el juez Cormick cuestionó ese condicionamiento al considerar que funcionó, en los hechos, como una herramienta para frenar una ley ratificada por el Parlamento tras un veto presidencial. De este modo, la decisión unificó una acción de amparo colectiva del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a gremios docentes, y una demanda individual impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante un escenario de fuerte tensión financiera.

Con el expediente ya en la Cámara de Apelaciones, el contundente reclamo salarial y presupuestario de las universidades nacionales se mantiene en el centro de la escena judicial y política.