¿En qué consiste la polémica Ley de Propiedad Privada? Las claves del proyecto que divide al Senado

Detrás de las idas y vueltas políticas en el Congreso y del cuarto intermedio pactado hasta el 6 de agosto, hay un texto de ley sumamente ambicioso. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado fuertemente por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca desregular el mercado inmobiliario, rural y ambiental bajo la premisa de atraer inversiones y garantizar la libertad económica.

Para entender por qué genera tanta resistencia en la oposición y en varios gobernadores, te explicamos de manera sencilla cuáles son sus tres pilares fundamentales y cómo cambiarían las reglas del juego en Argentina:

1. Extranjerización de la tierra (Reforma de la Ley Nº 26.737)

Es el punto que más polémica levanta en las provincias, especialmente en la Patagonia y las zonas de frontera.

Cómo es hoy: Existe un tope estricto. Solo el 15% del territorio nacional, provincial o departamental puede estar en manos de extranjeros. Además, un mismo titular extranjero no puede comprar más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo productiva, y está prohibido que compren tierras que contengan cuerpos de agua permanentes (lagos, ríos) o que limiten con fronteras.

Qué propone la reforma: Eliminar todos los límites de hectáreas y porcentajes para compradores extranjeros particulares o empresas privadas. La única prohibición que se mantendría es para los Estados extranjeros directos (salvo autorización especial del Gobierno nacional y provincial). Esto abriría la puerta a la compra privada de bosques nativos, áreas fronterizas y nacientes de agua.

2. Fin de la veda comercial en zonas incendiadas (Ley de Manejo del Fuego)

Esta ley se modificó en 2020 para desalentar los incendios intencionales provocados por la especulación inmobiliaria o agrícola.

Cómo es hoy: Si un terreno se incendia (ya sea por accidente o de forma intencional), se prohíbe cambiar su uso comercial, realizar loteos o venderlo para emprendimientos inmobiliarios durante 30 años (en áreas agrícolas y pastizales) o 60 años (en bosques nativos, humedales y áreas protegidas).

Qué propone la reforma: Derogar estas prohibiciones por completo. El Gobierno argumenta que castigar al propietario impidiéndole usar su tierra tras un incendio atenta contra el derecho constitucional a la propiedad privada, y propone en su lugar endurecer las penas para los culpables y exigir la recomposición ambiental, sin congelar el valor comercial de la tierra.

3. Desalojos, expropiaciones y barrios populares

El proyecto busca dar más garantías a los propietarios frente a las usurpaciones o la intervención del Estado.

Los cambios: Se modifican los plazos y procedimientos para los desalojos (con un esquema de 5 a 20 días según el caso) buscando agilizar la restitución de los inmuebles a sus dueños.

El capítulo eliminado: En las negociaciones previas, el oficialismo decidió eliminar por completo el capítulo que protegía a los barrios populares inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), los cuales contaban con un marco de suspensión de desalojos mientras se avanzaba en procesos de urbanización.

Cuadro comparativo: El antes y el después de la ley

El argumento oficial vs. la crítica opositora: Mientras el oficialismo sostiene, basándose en índices internacionales, que desregular la propiedad privada atraerá inversiones millonarias que hoy esquivan al país, la oposición y los sectores ambientalistas alertan que el proyecto desprotege los recursos naturales estratégicos y deja las tierras productivas a merced de la especulación financiera internacional.

Con información de Infobae.