José Luis Espert no declaró en la causa por lavado de dinero y afirmó que lo hará "cuando la instrucción sea objetiva e imparcial"
El exdiputado nacional compareció ante el Juzgado Federal de San Isidro, recusó el accionar de la Fiscalía, aportó pruebas documentales de servicios profesionales reales de 2019 y exigió que el juez retome el control directo de la investigación.
El Dr. José Luis Espert se presentó ante el Juzgado Federal de San Isidro Nº 2 tal como fue convocado. Sin embargo, por consejo de su equipo legal, el exdiputado nacional optó por no prestar declaración indagatoria en esta primera instancia, bajo la reserva expresa de responder a la imputación en el corto plazo. Según explicaron sus asesores en un escrito, la decisión se tomó para preservar el derecho a declarar en el momento en que "estén garantizadas las condiciones mínimas de un proceso justo". Desde el entorno de Espert enfatizaron: "No se trata de silencio: se trata de exigir que las reglas del juego sean las que la ley establece para todos".
A través de la presentación judicial, la defensa cuestionó con dureza el rol de la Fiscalía y solicitó formalmente que el magistrado reasuma de manera personal la dirección del sumario. Para fundamentar esta postura, el escrito detalló cuatro objeciones principales sobre el desarrollo del proceso hasta la fecha:
Los Cuatro Argumentos de la Defensa
Litispendencia: La defensa denunció la existencia de dos causas paralelas, señalando que "los mismos hechos que aquí se investigan son objeto, desde 2021, de una causa que tramita ante otro juzgado federal". Argumentaron que la ley busca evitar decisiones contradictorias y un doble juzgamiento.
Desborde de la investigación: Se criticó el alcance de las medidas de la Fiscalía, afirmando que "para verificar una única transferencia y un único contrato, se revisaron más de seis años de comunicaciones de ocho líneas telefónicas -incluida su geolocalización-" junto con relevamientos patrimoniales masivos que, según el escrito, se apartaron del deber de objetividad.
Filtraciones en los medios: El equipo legal adjuntó cien publicaciones periodísticas para demostrar que se difundieron constancias "de un sumario bajo secreto, en varios casos antes de que la propia defensa pudiera conocerlas". Denunciaron que esto alimentó una "condena mediática anticipada incompatible con la presunción de inocencia".
Desigualdad procesal: El escrito cuestionó los plazos otorgados, advirtiendo que "se exigió a la defensa responder en días lo que la acusación preparó durante meses y bajo secreto".
Con el fin de demostrar el origen legítimo de los fondos, la representación técnica del exlegislador aportó once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019. Según afirmaron, estas comunicaciones "documentan la gestación, celebración y ejecución real del contrato de servicios profesionales que dio origen al pago". La defensa respaldó la validez de dicho material mediante una pericia informática forense y certificación notarial, asegurando que se trata de "documentos de la época, técnicamente inalterables y verificables por cualquiera".
Como medidas probatorias complementarias, se ofrecieron los testimonios de las contrapartes de esos correos y se solicitaron informes a organismos públicos. La defensa sostuvo que dichas entidades registrales y fiscales ya acreditaron que, al momento de la operación en 2019, "no existía señal objetiva alguna que permitiera dudar de la licitud de la operación".
Finalmente, el documento dejó asentada de forma directa la postura del imputado frente a la imputación: "El Dr. Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real, documentado y anterior a los hechos que se le reprochan". Concluyeron manifestando que su intención no es obstaculizar el proceso, ya que "su defensa no pide menos investigación: pide más y mejor investigación, conducida por el juez natural, con todas las garantías".