La Justicia ordenó tramitar un amparo para que el Gobierno nacional retome obras en rutas de la provincia de Buenos Aires
El juez federal Ernesto Kreplak dio curso a la acción promovida por la diputada Victoria Tolosa Paz y solicitó informes urgentes al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco Nación.
La controversia por el frenazo en la obra pública nacional sumó un capítulo clave en los tribunales. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, hizo lugar al trámite de una acción de amparo colectivo que le exige al Estado nacional la reanudación inmediata del mantenimiento y la ejecución de obras viales en toda la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires.
El expediente judicial fue presentado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y apunta de forma directa contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad y el Banco de la Nación Argentina. La medida no se limita a un corredor o franja específica, sino que busca resguardar la seguridad y conectividad de la totalidad de la infraestructura vial nacional en suelo bonaerense, alcanzando a todos sus usuarios actuales y potenciales. Como primera determinación procesal, el magistrado ordenó la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para ratificar que no existen demandas similares en curso.
En el marco del dictamen, Kreplak fijó un plazo perentorio de tres días para que las dependencias requeridas eleven informes técnicos vinculados a la medida cautelar intentada, además de un margen de diez días para responder al requerimiento de fondo amparado por la ley de amparo. Los organismos deberán dar cuenta de la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), un fondo fiduciario nutrido a través de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos.
El eje central de la demanda plantea un presunto desvío de los fines originarios de dicho fideicomiso. Según la presentación de la legisladora, un monto estimado en 1,5 billones de pesos que debía volcarse a la reparación y asfaltado de calzadas habría sido derivado a la compra de activos financieros como títulos, bonos y acciones. La acción judicial incluye además una denuncia penal contra los funcionarios públicos a cargo de la gestión del fondo para deslindar responsabilidades por presuntas irregularidades administrativas.
Con información de Infobae