La Justicia profundiza la ruta del dinero en el caso ANDIS y avanza sobre financieras y operadores claves
La investigación por presuntas coimas y contrataciones direccionadas en la Agencia Nacional de Discapacidad entró en una fase decisiva: con el secreto de sumario levantado, el expediente se concentra ahora en el circuito financiero que habría permitido mover fondos en efectivo, cheques, transferencias y criptomonedas para blanquear operaciones millonarias.
La causa que involucra a exfuncionarios, lobistas y proveedores de la ANDIS suma nuevos elementos mientras la Justicia reconstruye la trazabilidad de pagos que, según el fiscal Franco Picardi, estarían vinculados tanto a sobreprecios como a un esquema sistemático de coimas. El análisis apunta a un entramado de intermediarios y financieras presuntamente utilizados para canalizar dinero proveniente de contrataciones direccionadas hacia un grupo reducido de droguerías.
Una de las líneas centrales se enfoca en el lobista Miguel Ángel Calvete, señalado por haber intervenido para que ciertas droguerías accedieran a contratos millonarios. De acuerdo con el dictamen fiscal, Calvete entregaba "sumas importantes" a Alan Pocoví, identificado como figura clave en la operatoria de lavado. La investigación sostiene que ambos movían de manera habitual grandes montos en pesos y dólares, y que parte de esos fondos habrían sido invertidos en criptomonedas a través de la aplicación "Neblockshain".
En ese circuito también aparece Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, quien según la causa recibía cheques de empresas proveedoras y los derivaba a Pocoví para continuar con el movimiento de fondos. Ese flujo llevó a los investigadores hasta Neblockchain S.A., empresa vinculada -según una de las hipótesis- con "Finanzas Sur", del empresario Ariel Vallejo. La firma fue allanada esta semana para obtener documentación, aunque la Justicia aclara que se trata de líneas de investigación aún sin conclusiones definitivas.
Otro nombre bajo análisis es Sergio Mastropietro, quien según el expediente habría intervenido en maniobras de posible lavado. El 27 de agosto, Mastropietro le envió a Diego Spagnuolo -exdirector de ANDIS y figura central del caso- información bancaria de una cuenta a nombre de Baires Fly S.A., firma con la que se vincula. En paralelo, droguerías como Prolite Orthopedics, Probock y Profarma transfirieron cerca de $100 millones a esa cuenta. Poco después, Mastropietro le envió a Calvete tres facturas que describían supuestas "compras de kilómetros nacionales para aeronaves", una operatoria que para la fiscalía podría encubrir movimientos de fondos.
Mientras se reconstruye el entramado financiero, la agenda de indagatorias avanza. Esta semana declararon -sin responder preguntas- Spagnuolo y Daniel María Garbellini, exnúmero dos del organismo. El 28 de noviembre será el turno de Lorena Di Giorno, antes de una serie de citaciones previstas para diciembre que incluye a Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Rama, Ruth Lozano y Andrés Arnaudo. La ronda cerrará con Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
El expediente investiga dos ejes principales: contrataciones por unos $40.000 millones en favor de un grupo de droguerías -entre ellas Profarma, Génesis, New Pharma y Floresta- y un mecanismo de coimas que habría funcionado tanto dentro como fuera de la estructura formal del organismo. La Justicia detectó además accesos irregulares al sistema de compras por parte de personas ajenas a ANDIS, como el caso de Luciana Ferrari, quien -según el dictamen- operó dentro del organismo sin estar designada, gestionando tickets, anticipando compulsas y compartiendo información privilegiada sobre proveedores.
Otra parte de la causa analiza el rol de Calvete y Pablo Achavajian, quienes -según conversaciones incorporadas al expediente- habrían dado indicaciones sobre sanciones, montos y proveedores en las compras de la agencia. Las cámaras de seguridad también registraron a Spagnuolo ingresando con una mochila a la casa de Calvete en un presunto intercambio que, para la fiscalía, involucró al menos $5 millones en efectivo.
El caso se inició tras la difusión de audios en agosto, en los que una voz atribuida a Spagnuolo mencionaba un supuesto "sistema de retenciones del 8%" en compras públicas, a Eduardo "Lule" Menem y a la droguería Suizo Argentina. En esos mensajes, afirmaba que "estaban defalcando la agencia" y aseguraba tener respaldos en comunicaciones con "Karina (Milei)".
La investigación continúa con múltiples frentes abiertos. La Justicia espera que las próximas declaraciones permitan consolidar el mapa del circuito financiero y determinar responsabilidades penales en uno de los casos de corrupción más sensibles del año para el Estado nacional.







