LLA bajo la lupa: nuevo fallo contra una de sus referentes en la Patagonia y embargos por más de $70 millones

El frente judicial de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, sumó un nuevo capítulo crítico esta semana. La Justicia de Río Negro dispuso un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos contra la legisladora, en el marco de una causa civil por daños y perjuicios vinculada a su actividad empresarial privada antes de asumir su banca.

La resolución, firmada el pasado miércoles por la jueza Vanessa Kozaczuk, titular del juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería de San Antonio Oeste, responde a la demanda presentada por Alejandro Kanjer. El denunciante sostiene haber sido damnificado tras adquirir un lote en el emprendimiento inmobiliario "Tajamar", ubicado en Las Grutas y propiedad de Villaverde. Según el expediente, la empresa no habría cumplido con las obras de infraestructura pactadas ni permitió avanzar con la escrituración de los terrenos.

Detalles de la medida judicial

El fallo ordena que se trabe el embargo sobre "los saldos acreedores que tenga o llegare a tener depositados" la demandada. La suma fijada es de $31.549.088,95 y alcanza cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos y otros activos financieros en moneda nacional o extranjera. No obstante, en esta oportunidad, la medida exceptúa su sueldo como diputada nacional.

La defensa del demandante, encabezada por los abogados Juan Ignacio Santos y Verónica Arizcuren, argumentó que se realizaron múltiples transferencias sin que existiera una contraprestación real en las tareas de urbanización del predio.

Un historial de complicaciones

Este no es el primer golpe financiero que recibe Villaverde. En diciembre pasado, el juez Santiago Morán de Bariloche ya había ordenado un embargo preventivo por 40,5 millones de pesos sobre su dieta y medio aguinaldo, también por presuntos incumplimientos en el mismo desarrollo inmobiliario.

A este complejo panorama civil se le suman cuestionamientos políticos que marcaron su llegada al Congreso. La diputada estuvo en el centro de la escena tras conocerse antecedentes judiciales en Estados Unidos que datan de 2002, vinculados a la tenencia de estupefacientes, situación que en su momento la llevó a desistir de ocupar una banca en el Senado para evitar impugnaciones que afectaran la imagen del Gobierno nacional.

Con esta nueva resolución, el patrimonio de la referente libertaria en Río Negro queda nuevamente bajo la lupa de la Justicia, mientras crecen los reclamos de otros presuntos damnificados por el proyecto "Tajamar".

Fuente: El Ámbito y Tiempo Argentino