Manuel Adorni y su esposa se adhirieron al Régimen de Inocencia Fiscal

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Julieta Angeletti, se acogieron formalmente al Régimen Simplificado de Ganancias contemplado en la Ley 27.799 de "Inocencia Fiscal", una de las normativas económicas clave impulsadas por la administración de Javier Milei. La adhesión de la pareja -presentada por Angeletti el pasado 31 de mayo y replicada por el ministro al día siguiente- se da en un escenario de alta sensibilidad política y judicial, en la antesala de la presentación de sus declaraciones juradas de bienes y en medio de una investigación judicial por el presunto incremento injustificado de su patrimonio.

El ingreso al nuevo sistema fue confirmado por fuentes oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde el entorno directo de Adorni salieron rápidamente a desmarcar la jugada de cualquier tipo de "blanqueo" o exteriorización de fondos ocultos. Voceros oficiales aseguraron que la maniobra responde estrictamente a una "estrategia impositiva para ganar tiempo operativo", argumentando que bajo esta modalidad el trámite de liquidación es precargado y finalizado por el propio fisco. "No se va a meter un solo dólar a través de este régimen. Se equivocan quienes piensan que es para blanquear dinero del colchón", enfatizaron de manera tajante, deslizando además que la justificación de los fondos con los que adquirieron sus últimos inmuebles se vincula, en parte, a la tenencia de criptomonedas.

El beneficio del "tapón fiscal" y la investigación judicial

A pesar de las desmentidas oficiales respecto a un blanqueo de divisas, especialistas tributarios señalan que la adhesión al Régimen Simplificado otorga un beneficio técnico crucial para la situación procesal del matrimonio: el denominado "tapón fiscal". Al aceptar la declaración jurada simplificada provista por ARCA y abonar el saldo correspondiente, se activa una presunción de exactitud que genera un "efecto liberatorio".

Esto significa que el organismo recaudador queda virtualmente bloqueado de realizar inspecciones o revisiones retroactivas sobre la ecuación patrimonial de los períodos fiscales anteriores (2022, 2023, 2024 y el año base 2025). La única excepción contemplada por la ley es que el fisco detecte una discrepancia fiscal significativa superior al 15% entre lo declarado y lo real.

Este blindaje administrativo coincide temporalmente con la lupa de la Justicia sobre los movimientos económicos del jefe de ministros y su esposa durante 2025, período en el cual concretaron diversas operaciones inmobiliarias bajo sospecha por supuestas inconsistencias entre los ingresos familiares y los gastos exhibidos.

Una lupa sobre el patrimonio de la pareja

La situación de Bettina Angeletti ya venía bajo el radar público. Inscripta desde 2017 en el rubro de actividades profesionales, científicas y técnicas, la mujer estuvo un largo período sin registrar altas formales en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni en el Impuesto a las Ganancias, regularizando dicha situación recién en octubre de 2025. Con la llegada de Adorni a la cima del Poder Ejecutivo, Angeletti pasó a integrar la nómina de Personas Políticamente Expuestas (PEP), lo que eleva el nivel de control y escrutinio sobre sus activos.

Debido al estricto secreto fiscal que rige sobre las presentaciones, la constancia digital emitida por ARCA no detalla montos de regularización ni la especificidad de los activos declarados por el matrimonio. Sin embargo, en términos financieros, la normativa les permite avanzar con la validación de sus estados contables sin temor a inspecciones profundas, ya que la letra chica del decreto reglamentario aclara explícitamente que la agencia "no analizará el incremento patrimonial" para verificar la validez del régimen.

Los detalles del nuevo paradigma impositivo

El Régimen de Inocencia Fiscal, estructurado bajo la Ley 27.799, fue diseñado por el oficialismo con el propósito declarado de "dejar atrás un esquema persecutorio" y reincorporar a los contribuyentes a la formalidad tras décadas de cepo cambiario e inflación.

Para poder ingresar y mantener el estatus de la Declaración Jurada Simplificada, los contribuyentes deben reunir ciertos requisitos específicos:

Límites de ingresos: Facturación total de hasta $1.000 millones anuales.

Topes patrimoniales: Un patrimonio neto total que no supere los $10.000 millones.

Categoría: No estar registrado bajo la condición de Gran Contribuyente Nacional.

Más allá del trámite administrativo simplificado, la ley introdujo un profundo cambio en el Régimen Penal Tributario: elevó el umbral de evasión simple a $100 millones y el de evasión agravada a $1.000 millones, redujo los plazos de prescripción de los delitos impositivos de 5 a 3 años y eliminó la vía penal automática para quienes decidan saldar sus deudas tras ser notificados.

Mientras el Gobierno defiende la ley como una herramienta de libertad económica y predictibilidad jurídica para los ciudadanos, la utilización en primera persona por parte del jefe de Gabinete y su esposa reaviva la polémica en el Congreso y los tribunales, transformando una simplificación burocrática en un potente paraguas legal frente a las denuncias por enriquecimiento.