Conflicto

Polémica: Bullrich le regaló policías viviendas del ProCreAr que ya estaban adjudicadas a otras familias

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, destinó esos departamentos a integrantes de las Fuerzas Federales en un acto cerrado al público y con fuerte presencia policial.

Joaquin Saldaña

Más de 40 familias del partido bonaerense de Avellaneda denunciaron la entrega irregular de viviendas que habían sido sorteadas y adjudicadas en diciembre de 2023 a través del programa Procrear. 

El hecho ocurrió en el complejo urbanístico "Sagol", ubicado en las calles Luis Raúl Sagol, Mariano Acosta y Díaz Vélez, una de las últimas obras del exprograma Procrear. Allí, Bullrich y su secretario de Coordinación Administrativa, Martín Siracusa, encabezaron un operativo hermético para entregar 25 de las 160 viviendas a personal de seguridad, en medio de un fuerte despliegue que impidió el ingreso de los beneficiarios originales.

Los adjudicatarios sostienen que esperaron durante todo 2024 una respuesta por parte de las autoridades nacionales sobre la entrega de sus departamentos. Incluso presentaron siete amparos judiciales, de los cuales la Justicia aún no resolvió ninguno. El reciente anuncio de la eliminación definitiva del Procrear por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, agravó la situación.

"La verdad es que estaba muy ilusionada, y sinceramente, el gobierno de Milei me cagó por todos lados. No esperaba que nos sacaran así del juego. Nos borraron un plumazo como si no hubiésemos tenido nada que ver con ese edificio. Todas las familias esperamos habitar ese lugar con mucha ilusión", expresó Daniela, trabajadora social y una de las damnificadas, en diálogo con el diario Página/12.

El acto de entrega fue conducido sin convocatoria pública, sin cobertura mediática y sin presencia de los sorteados. Solo participaron agentes federales, figuras del oficialismo y diputados como José Luis Espert y Gerardo Milman. Según los testimonios, los beneficiarios originales fueron desplazados del lugar y no recibieron ningún tipo de explicación.

El Ministerio de Seguridad justificó la medida como parte de un plan para "mejorar el acceso habitacional" de las fuerzas federales, en detrimento de los lineamientos originales del Procrear. La funcionaria también acusó al programa habitacional de haber beneficiado a "amigos de la política" y de favorecer alquileres turísticos.

Mientras tanto, las familias afectadas impulsan acciones judiciales y buscan organizar un amparo colectivo junto al Defensor del Pueblo de Avellaneda. En redes sociales, comenzaron a movilizar el reclamo bajo la cuenta "@sagolenlucha".

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