Se complica la situación de Adorni: la Justicia lo imputó por enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó una serie de medidas de prueba para avanzar en la investigación.

El requerimiento se basa en una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que se sostiene que el funcionario "habría incrementado su patrimonio de una manera desproporcionada en relación con sus ingresos legítimos como funcionario público".

Según el escrito, el eje de la denuncia apunta a un presunto "desproporcional incremento patrimonial", con "severas discrepancias entre las declaraciones juradas", además de la posible "omisión de activos financieros y depósitos en el exterior".

Entre los puntos señalados, se menciona que el patrimonio del funcionario "habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal", junto con la declaración de dinero en efectivo y un nivel significativo de endeudamiento.

Otro de los aspectos bajo análisis es la presunta existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con la denuncia, esa propiedad no figura en la Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción.

En ese sentido, se advierte una posible "discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial", ya que el funcionario habría declarado únicamente dos propiedades.

Para avanzar en la causa, el fiscal solicitó una docena de medidas de prueba. Entre ellas, pidió informes a registros de la propiedad, organismos nacionales y provinciales, la ANSES y la Oficina Anticorrupción, con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

También requirió información sobre bienes, vehículos, posibles participaciones societarias, datos migratorios y movimientos laborales, así como documentación vinculada a operaciones inmobiliarias o financieras.

Además, solicitó que se investigue la titularidad del lote en el country mencionado, quién abona las expensas y si se tramitaron permisos de construcción.

El objetivo es determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el patrimonio del funcionario o si hay inconsistencias que justifiquen el avance de la causa.

La investigación quedó ahora a cargo del juzgado federal de Ariel Lijo, que deberá definir si hace lugar a las medidas solicitadas o delega la causa en el fiscal.