Se separaron y la Justicia ordenó que ella le pague alquiler a su ex pareja: el fallo que generó debate

El caso se originó en la localidad de Fernández Oro, donde una pareja había iniciado una convivencia en una vivienda de propiedad exclusiva del hombre. En julio de 2022, la mujer, embarazada y con dificultades económicas, se mudó al inmueble al no poder afrontar un alquiler. 

La relación se disolvió pocos meses después y, en enero de 2023, el hombre abandonó la vivienda tras denunciar a su pareja por violencia. Desde entonces, la mujer permaneció en la casa junto al hijo que tienen en común, mientras el propietario continuó afrontando gastos como servicios e hipoteca.

Con el paso del tiempo, el conflicto escaló. En abril de 2025, el hombre acudió a la Justicia sin solicitar el desalojo, pero reclamó una renta compensatoria por el uso exclusivo de su vivienda, argumentando que su ex pareja no abonaba alquiler ni gastos y que la situación resultaba insostenible.

La causa fue tramitada en la Unidad Procesal de Familia N.º 11 de Cipolletti. Tras una etapa inicial sin respuesta de la demandada, ambas partes presentaron tasaciones de inmobiliarias locales, que coincidieron en el valor locativo del inmueble.

La jueza analizó el caso en un contexto complejo, ya que existían otros procesos paralelos: una causa por alimentos, el cuidado personal del niño y un expediente de desalojo. En uno de esos trámites, ya se había fijado una cuota alimentaria equivalente al 20% de los ingresos del padre, considerando que la madre residía en una vivienda cuyos gastos él asumía.

En su resolución, la magistrada reconoció que el inmueble fue el hogar familiar, que la propiedad pertenece exclusivamente al hombre y que no existió una atribución formal de la vivienda. También recordó que una medida vinculada a la denuncia por violencia impidió al propietario volver a ocuparla.

Sin embargo, el eje central del fallo fue el interés superior del niño. La jueza sostuvo que no podía exigirse al padre el pago simultáneo de alimentos y del 100% del alquiler, ya que ello afectaría el derecho del menor a una vivienda adecuada. Al mismo tiempo, tuvo en cuenta la situación de vulnerabilidad económica de la mujer.

Finalmente, la Justicia resolvió una salida intermedia: la mujer deberá abonar el 50% del valor del alquiler, con una actualización trimestral según el índice de precios al consumidor (IPC).

El fallo reavivó el debate sobre cómo equilibrar el derecho de propiedad, la responsabilidad parental y la protección de niños y niñas tras una separación.