"Se suicidaron 12 personas": la estremecedora denuncia de Ian Moche ante el abandono estatal

La angustia del colectivo de personas con discapacidad ha llegado a un punto de no retorno. En un video que se viralizó rápidamente, el joven activista Ian Moche lanzó una frase que sacudió la agenda pública y puso cifras al silencio: "Se suicidaron 12 personas". La denuncia apunta directamente a las consecuencias letales de la falta de cobertura en tratamientos y la parálisis de las políticas públicas en el sector.

Según el testimonio de Moche, el desamparo estatal ha empujado a niños, adolescentes y adultos a situaciones límite al no poder sostener sus terapias vitales. La crisis se agudiza por la incertidumbre frente al inminente ciclo lectivo 2026: "No se sabe si van a abrir las escuelas especiales, si habrá acompañantes, si se garantizará la medicación o el transporte. Nadie sabe qué va a pasar", alertó el referente.

El costo de la inacción

La controversia gira en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada en julio de 2025. A pesar de haber sido aprobada por el Congreso y de que el Legislativo rechazó un veto del Poder Ejecutivo, su implementación plena sigue en un limbo administrativo. El Gobierno supeditó la ejecución de la norma a la búsqueda de fuentes de financiamiento, una demora que para las familias equivale a una condena.

En este contexto, la actriz Valentina Bassi se unió al reclamo con palabras contundentes: "El Gobierno está en desobediencia judicial, viola la Constitución y la división de poderes". Bassi enfatizó que no existe lugar para la neutralidad cuando se trata de derechos humanos de personas vulnerables y exigió un posicionamiento firme de toda la dirigencia política.

El reloj de la Justicia

La situación se encuentra en un momento de máxima tensión judicial. En enero de este año, la Justicia intimó al Poder Ejecutivo a reglamentar e implementar la ley antes del 4 de febrero, bajo apercibimiento de sanciones.

La norma prevé medidas urgentes como la actualización de los aranceles de las prestaciones, la regularización de deudas históricas con los prestadores de salud y la creación de pensiones no contributivas. Sin embargo, mientras el plazo judicial se agota, las familias denuncian que la burocracia estatal avanza a un ritmo que la vida de los pacientes no puede esperar.

Un reclamo por visibilidad

Ian Moche no solo apuntó contra la gestión política, sino también contra el silencio mediático: "Esto llegó a un nivel de gravedad que no se puede seguir ignorando". La mención de las 12 muertes busca romper el cerco informativo e interpelar a una sociedad que, según el activista, parece haber normalizado el avasallamiento de los derechos de las personas con discapacidad.