Unicef rechazó bajar la edad de imputabilidad y pidió una ley integral juvenil

En medio del debate sobre la reforma penal juvenil en Argentina, Unicef volvió a fijar posición y cuestionó el proyecto que proponía bajar la edad de imputabilidad. El organismo advirtió que esa medida contradice los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no resulta eficaz para mejorar la seguridad ciudadana.

A través de un documento difundido este lunes, Unicef reclamó la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil integral y especializada, basada en evidencia, que mantenga la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y priorice medidas socioeducativas en lugar de castigos punitivos.

El organismo recordó que niños, niñas y adolescentes atraviesan procesos de maduración incompletos que influyen en su capacidad para comprender plenamente las consecuencias de sus actos. Esa diferencia, respaldada por estudios en neurociencia y desarrollo infantil, es la base del principio de inimputabilidad y del diseño de regímenes penales diferenciados.

En ese sentido, citó la Observación General 243 del Comité de los Derechos del Niño, que sostiene que "por su proceso de maduración y de formación incompletos, los niños y adolescentes son vulnerables y pueden ser víctimas de grupos armados no estatales o grupos criminales y sufrir múltiples formas de violación".

Además, el documento señala: "Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad".

Unicef también planteó que "un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social".

En paralelo, el organismo destacó la necesidad de fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos establecido por la Ley 26.061, con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo factores sociales que puedan derivar en conductas delictivas.

El debate se reactivó luego de que el oficialismo presentara un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, ante la falta de apoyo legislativo, la iniciativa fue retirada 24 horas después.

Según datos oficiales de la provincia de Buenos Aires citados por Unicef, solo el 2% de las investigaciones penales iniciadas en 2024 involucró a personas menores de 18 años, y la mayoría de los casos estuvo vinculada a delitos contra la propiedad.

Por último, el organismo cuestionó el uso extendido de la privación de la libertad. Señaló que estudios regionales e internacionales indican que el encierro incrementa la reincidencia y deteriora las trayectorias educativas y laborales, mientras que las sanciones alternativas y los programas comunitarios muestran mejores resultados en términos de reinserción.

En ese marco, reiteró que los organismos internacionales recomiendan elevar -y no reducir- la edad mínima de responsabilidad penal y utilizar la privación de libertad solo como último recurso y por el período más breve posible.