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Ex gerente de ANSES, un intendente, un diputado y 24 concejales imputados por intentar cobrar IFE

La fiscalía les atribuyó al ex gerente de ANSES defraudación en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos en una audiencia de formalización de la investigación penal, imputó a 27 funcionarios, la mayoría concejales por los delitos de defraudación a la administración pública en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. También estaba un ex gerente de ANSES.

La jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta dio por formalizada la investigación penal en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal. Se autorizaron tareas investigativas por un lapso de 50 días hábiles.

La imputación penal se extendió al diputado provincial por Santa Victoria Oeste, Osbaldo Francisco Acosta, el intendente de El Quebrachal, Rolando Rodolfo Rojas y el ex gerente de la ANSES - UDAI Sur, Fabio Marcelo Jesús Vera Ramires, quien al momento del hecho era asesor en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. También hacia los concejales Guillermo Alemán, de Aguaray; Raúl Arroyo, María Valdiviezo y Claudia Subelza, de Salvador Mazza; Héctor Barraza y Analía Leal, de Orán; Iván Basterra, de Pichanal; Paula Brete, de General Pizarro; Silvia Concha, de Hipólito Iirigoyen; Juan Dávila y Noemí Egüe, de Embarcación; Alfonsina Díaz Magnelli, David Silva y Pérez Stella Maris, de General Güemes; Guillermo Gutiérrez, de Las Lajitas; Norberto López, de Seclantás; Maribel López, de Santa Victoria Este; Hugo Luna Castro y Ricardo Sánchez, de Cachi; Francisco Pereyra, de Rivadavia Banda Norte; Walter Raposo, de Chicoana; Marcos Rosas, de Rosario de Lerma; Carlos Sánchez, de El Potrero y Daniel Tilca, de Vaqueros.

El Área de Casos Complejos lleva adelante otros tres procesos similares, seguidos contra un total de 38 funcionarios, entre ellos 26 concejales de distintos municipios, tres empleados con cargos jerárquicos en el PAMI y nueve empleados de la Municipalidad de General Pizarro, en el sur de la provincia.

“La imposibilidad de acceder a este beneficio en caso de encontrarse con un trabajo con relación de dependencia, era uno de los requisitos que fue claramente explicitado en el decreto”, la maniobra no se llegó a consumar, pero el fiscal indicó que la sola acción de gestionar el cobro del beneficio indica la intención de dolo por parte de los funcionarios del Estado Nacional publicó fiscales.gob.

Muchos de los acusados negaron haber ingresado sus datos en los trámites virtuales para el cobro del IFE .

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