Jubilado de 87 años: le vaciaron la cuenta, el banco le negó el reclamo y solo recuperó el dinero tras demandar

Un jubilado de 87 años de San Isidro logró recuperar $11 millones luego de denunciar que le vaciaron la cuenta bancaria tras el extravío de su tarjeta. El caso no solo expone la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a fraudes financieros, sino también cómo las entidades bancarias pueden ampararse en su posición dominante para dilatar o rechazar reclamos legítimos.

Según se conoció, el hombre advirtió movimientos extraños en su cuenta días después de haber perdido la tarjeta. Al revisar, detectó transferencias y extracciones que nunca autorizó por un monto equivalente a unos 10 mil dólares.

Cuando realizó el reclamo, el banco no respondió como se esperaba: en lugar de activar mecanismos rápidos de protección, rechazó inicialmente el pedido y dejó al cliente sin una solución concreta, obligándolo a avanzar por vías formales para recuperar su propio dinero.

Ante esa situación, intervino la Defensoría del Consumidor de San Isidro, que encuadró el caso bajo la Ley 24.240 y convocó a una audiencia conciliatoria.

Recién en esa instancia -y no antes- la entidad financiera accedió a reconocer el perjuicio. El acuerdo establece que el banco deberá reintegrar la totalidad del dinero -unos $11 millones- en un plazo de 15 días hábiles.

Más allá del desenlace, el caso deja al descubierto un problema estructural: la asimetría entre los consumidores y las grandes empresas. En muchos casos, los clientes quedan en una situación de desprotección frente a prácticas que, sin ser abiertamente ilegales, terminan siendo abusivas por la falta de respuestas rápidas y efectivas.

La carga de la prueba, los tiempos burocráticos y la necesidad de insistir o incluso avanzar con reclamos formales terminan jugando en contra del usuario, que muchas veces no cuenta con los recursos ni el conocimiento para sostener ese proceso.

En este contexto, lo ocurrido en San Isidro no es un hecho aislado, sino un reflejo de una lógica donde el consumidor queda relegado, incluso en situaciones críticas. Porque el dato más preocupante no es solo el fraude, sino que un jubilado de 87 años haya tenido que atravesar todo ese camino para recuperar un dinero que nunca debió salir de su cuenta.