Tiene arresto domiciliario por matar a su novio en 2017 y ahora su novio la denunció por violencia de género
La mujer, quien atropelló y mató a su entonces novio en 2017, quedó bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica tras una denuncia por "lesiones leves agravadas por el vínculo"
Julieta Silva, acaparó los titulares por la trágica muerte del rugbier Genaro Fortunato en 2017 y ahora volvió a ser noticia tras ser arrestada e imputada por agredir a su actual esposo, con quien comparte una hija de un año. La detención se produjo luego de una denuncia por violencia de género presentada por el hombre.
La intervención policial en el domicilio de Silva, activada por una alerta al CEO, permitió constatar que la víctima presentaba escoriaciones e hinchazón, compatibles con golpes. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal, la imputación formal recayó sobre Silva por el delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo".
La fiscalía dispuso de inmediato una prohibición de acercamiento y solicitó medidas de prueba urgentes, como evaluaciones médicas y testimonios. Tras las declaraciones de los efectivos intervinientes y el informe del Cuerpo Médico Forense, se avanzó con la imputación y detención de Silva. La medida de arresto se cumple bajo modalidad domiciliaria y con tobillera electrónica, considerando que la mujer está a cargo del cuidado de su hija menor. Cabe destacar que, desde el entorno judicial, también se confirmó que Julieta Silva presentó una contradenuncia por violencia de género, la cual se incorporó a la causa principal.
Este nuevo episodio pone a Julieta Silva nuevamente en el centro de la escena judicial, a siete años de uno de los casos más resonantes ocurridos en Mendoza. El diario El Sol de Mendoza recordó en su momento el suceso del 9 de septiembre de 2017, cuando Silva, tras una discusión a la salida del boliche "La Mona" en San Rafael, atropelló con su auto a Genaro Fortunato, su pareja de entonces, causándole la muerte por aplastamiento de cráneo. Por aquel hecho, Silva fue condenada a tres años y nueve meses de prisión por homicidio culposo agravado, además de ocho años de inhabilitación para conducir, una pena que fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.







