Un vecino de Cholila transfirió $2 millones tras una extorsión: la banda operaba desde la cárcel

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización dedicada a la modalidad de "sextorsión" que operaba desde la provincia de Mendoza y tenía víctimas en Chubut. El procedimiento se realizó en el marco de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir delitos complejos y estafas virtuales.

La causa se inició en noviembre de 2025 tras una denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo, a cargo del fiscal Carlos Díaz Mayer. La investigación comenzó luego de que un vecino de Cholila denunciara haber sido víctima de una estafa.

Según la investigación, el hombre fue contactado a través de Facebook por una mujer que se identificó como "Carla". Posteriormente continuaron la conversación por WhatsApp. Tras intercambiar mensajes e imágenes, la supuesta joven aseguró ser menor de edad y cortó el contacto.

Luego, un hombre se comunicó con la víctima y se presentó como el padre de la joven. Bajo la amenaza de denunciarlo, le exigió dinero y aseguró que su hija habría intentado quitarse la vida y necesitaba asistencia psicológica urgente.

De acuerdo con la denuncia, también intervinieron personas que se presentaron como abogados e incluso como un fiscal, quienes enviaron documentación falsa, entre ella un supuesto amparo por "ciberacoso" y un acta de defunción que indicaba que la joven se habría suicidado.

Ante las presiones, la víctima realizó varias transferencias bancarias por un total de 2 millones de pesos.

La investigación quedó a cargo del Juzgado Penal de la Circunscripción Judicial de Lago Puelo, a cargo de la jueza Silvana Cecilia Vélez, quien ordenó a la División Unidad Operativa Esquel de la Policía Federal realizar las tareas investigativas.

A partir del análisis de movimientos bancarios y tareas de campo, los investigadores lograron reconstruir la ruta del dinero y determinar que los fondos eran transferidos a allegados de un interno alojado en el Complejo Penitenciario de Alojamiento Permanente Almafuerte, ubicado en Luján de Cuyo, Mendoza, señalado como presunto organizador de la maniobra.

Además, en el departamento mendocino de Godoy Cruz se identificó una vivienda en el barrio La Gloria donde residirían otros dos integrantes de la organización.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanamientos que fueron realizados con la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Mendoza. Durante los procedimientos se identificó y notificó de la causa a los investigados, todos argentinos y mayores de edad.

En los operativos se secuestraron dos notebooks, ocho teléfonos celulares y documentación considerada de interés para la investigación. Los elementos quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa caratulada como "Extorsión".