La esclavitud avanza

El gobierno nacional y sus indispensables aliados, entre ellos los gobernadores que facilitaron quorum, consiguió ayer un nuevo "logro político" al aprobar en Diputados la reforma laboral que, pese que tiene que volver al Senado, ya tenía media sanción de la Cámara Alta.

El proyecto vuelve al Senado porque, entre tratamiento y tratamiento, el oficialismo tuvo que sacar el cuestionado artículo 44, aquel que reducía al 50% y por tiempo determinado las licencias de los trabajadores, sean estas de carácter casi doméstico, como algún resfrío o quebradura, o permanentes como padecer cáncer u otras enfermedades crónicas o permanentes.

Pese a que los senadores del oficialismo habían defendido con explicaciones insólitas y crueles también ese artículo, el escarnio público de eliminar la protección legal a un trabajador con una enfermedad terminal motivó que la actual jefa de bloque y de la estrategia de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, debiera recular.

La ex ministra de Seguridad debió hacer algo que odia, que es admitir que cometió un error. Fue a lo único que pudo apelar cuando el bloque PRO de Diputados adelantó que no iba a acompañar el proyecto con ese artículo, que definió como inhumano. Esa calificación no la hizo Juan Grabois sino Cristian Ritondo. Con la excusa de que el mismo paso inadvertido entre 200 artículos, cosa que está probado que no fue así ya que se discutió en el Recinto, el gobierno lo retiró y dejó el resto del andamiaje de la ley, que no es de modernización sino de atraso laboral y esclavitud.

Un kit de protesta gradual

Para contrarrestar el terrible proyecto de destrucción laboral y de los derechos de los trabajadores, la oposición legislativa juntó fuerzas y argumentos que no alcanzaron. Tampoco fueron suficientes los movimientos de protesta de la CGT, que hasta el momento, y pese a la gravedad de los alcances del proyecto, no apeló al lógico combo de paro y movilización para intentar frenar, con la gente en las calles, una normativa que derriba todos los cimientos del trabajo y de la organización y vida de los laburantes.

Para el Senado, la CGT apostó a una movilización sin paro. Para el tratamiento en Diputados optó por un paro sin movilización....Ahora que hay una tercera y es la vencida ¿Habrá movilización con paro por tiempo indeterminado? ¿O los acuerdos por las cajas y alícuotas hicieron que la Central se olvide de esa contundente herramienta que tiene para frenar posiblemente a la ley más lesiva y regresiva de la historia?.

Lo cierto y lo concreto que, mientras el presidente Javier Milei seguía casi en viaje de egresados en la fiesta de Donald Trump de la controvertida Junta de la Paz, el gobierno consiguió la aprobación, que solo celebran sus funcionarios y aquellos estudios jurídicos y sectores patronales que los patrocinan para imponer, curiosamente en nombre de la libertad, un sistema de trabajo que se parece mucho a la esclavitud.

Los cambios introducidos no hacen otra que poner marcha atrás en el tiempo, de modo tal que la relación entre patrón-empleado vuelva a ser similar, tal vez peor, a la que existían en la Argentina antes de la irrupción de Yrigoyen, en primera instancia, y Juan Domingo Perón a posteriori. Esos gobiernos populares fueron los que establecieron en la Argentina un respeto al obrero, con sus derechos de jornada laboral, horas extras, licencias, vacaciones, jubilaciones, protestas y aquellas indemnizaciones que nadie esperaba pero sabía que existían y que lo cubrían de cualquier despido arbitrario e injustificado.

Todo eso, con Viva la Libertad Carajo, todo es historia.

En el debate en Diputados también fue importante no solo escuchar los discursos de los diputados que se opusieron al proyecto con los argumentos centrales, sino también los de aquellos que llevaron al recinto números concretos de cómo la actual política económica está destruyendo empleos y economías regionales. Así se escuchó a Juan Pablo Luque o Jorge Avila, que detallaron lo que está sucediendo en Chubut con el tema petrolero, que se actualizó informativamente luego del fracaso y mala praxis de Horacio Marín para con Manantiales Bher.

Una ley inconstitucional

La ley ahora vuelve al Senado, por el mencionado traspie de La Libertad Avanza, pero está claro que será un pase rápido para terminar de darle una pátina de revestimiento democrático a un proyecto que no lo es porque claramente atenta contra cada los cimientos de los derechos de los argentinos y de los habitantes de este país.

Para entender y sostener esto no hace falta ser ni abogado ni mucho menos constitucionalista. Alcanza con haber sido trabajador toda la vida y por recordar lo que dice el artículo 14 bis de nuestra Constitución, ese que precisamente Milei y los suyos quieren eliminar, algo que tristemente están logrando al sancionar leyes que perversamente celebran mientras los trabajadores ven cada vez más negro su presente y futuro.

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.