Una campaña desesperada y por ende poco sutil
La campaña para renovar las bancas que dejarán libres Ana Clara Romero (PRO) y María Eugenia Alianiello (Unión por la Patria) sigue al rojo vivo y todo parece indicar que así continuará hasta el mismo 26 de octubre, cuando los chubutenses elijan a los nuevos diputados nacionales que los representarán en el Congreso de la Nación.
Ante la incertidumbre electoral, el gobernador Ignacio Torres desplegó toda su maquinaria, la formal y la informal, para intentar asegurar la banca de Ana Clara Romero, a quien finalmente, secundada por su vicegobernador Gustavo Menna, terminó aceptando como su primera candidata.
El temor del mandatario (alimentado por las encuestas que consume, encarga y paga), y la respuesta social ante su gestión y la de la propia Romero en el Congreso, es quedarse sin esa banca. Ese resultado no entra dentro de sus cálculos porque perder una elección intermedia lo dejaría expuesto en Chubut, con negociación acotada con Milei y dañado dentro de Provincias Unidas, el nuevo grupo de poder que conformó con sus pares del PRO y cercanías.
Por eso mientras Torres reflota inauguraciones, reitera anuncios y promueve reuniones y Foros, siempre llevando a cada una de ellas a Romero y Menna, por otros carriles sigue moviéndose esa parte de la estrategia que pasa por intentar ensuciar a quien es el principal adversario en esta elección: el ex intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien con su candidatura hizo volar por los aires el diseño original de campaña y las chances ciertas del gobernador de quedarse con una de las dos bancas en pugna.
Por eso, ya sea en declaraciones del gobernador y su candidata, más que hablar de lo hecho desde su banca, se sigue buscando direccionar el debate sobre lo sucedido en el 2017, la tragedia más grave que en lo climático tuvo Comodoro Rivadavia, pero sobre todo en lo que no pasó.
Tranquilo campeón, andá a la cola
La estrategia del gobierno para recuperar chances en la elección ya tuvo su eco en una llamativa apertura de una investigación por una eventual causa Emergencia Climática 2, con el irregular y cinematográfico allanamiento a las oficinas del ex secretario de Hacienda del municipio, Germán Issa Pfister. No conforme con eso, se sigue apurando de manera grosera al Superior Tribunal de Justicia para que fije la última palabra sobre la primera causa.
La presión, sobre el máximo organismo de justicia que tiene la provincia, y que en este tema está trabajando de acuerdo a los tiempos legales, no solo se dio con declaraciones de la diputada Ana Clara Romero, que el propio Superior respondió de manera concluyente, también con un sugestivo pedido de informes, impulsado por el inefable diputado Daniel Casal que también el Superior contestó por estas horas de igual manera y con fina ironía.
En su contestación, el presidente del Superior, Javier Raidan, le recordó a Casal y a quienes lo acompañaron en su insólito pero entendible (en función de su desesperación y poca sutileza) pedido de informes, que el Superior no es una oficina administrativa ni del Ejecutivo ni de la Legislatura y que los diputados, como cualquier ciudadano, podrán leer y conocer el resultado de lo dispuesto por el Superior "una vez dictada sentencia, y en el marco del acceso a la información pública".
En palabras simples: esperá tu turno y andá a hacer campaña a otro lado
