Revés para Capital Humano: la Justicia frenó la eliminación del plan "Volver al Trabajo" y exigió restablecer los pagos

El Juzgado Federal de Campana ordenó al Ministerio de Capital Humano dar marcha atrás con la suspensión del programa "Volver al Trabajo", el sucesor del antiguo Potenciar Trabajo, y mantener vigentes las prestaciones económicas de $78.000 mensuales que la gestión de Javier Milei pretendía dar de baja para migrar hacia un sistema de vouchers de capacitación.

La resolución judicial responde a un amparo colectivo presentado por un grupo de beneficiarios que denunciaron la naturaleza "arbitraria" de la medida oficial. Según los demandantes, el recorte de estos ingresos -vitales para cubrir necesidades básicas en el actual contexto económico- se realizó sin ofrecer una alternativa real que garantice la subsistencia de quienes se encuentran fuera del mercado laboral formal.

En su fallo, el juez fue contundente al señalar que un "corte abrupto" de las prestaciones, sin medidas efectivas de reemplazo, compromete derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, la salud y una vida digna. La Justicia también puso bajo la lupa la propuesta oficial de reemplazar el estipendio mensual por cursos de formación. Según el magistrado, la referencia genérica a "vouchers destinados a capacitación" no equivale al apoyo monetario que las personas en condiciones de vulnerabilidad necesitan para atender sus gastos cotidianos más elementales.

Con esta medida cautelar, el Ministerio que conduce Sandra Pettovello tiene un plazo perentorio de tres días para reactivar los pagos bajo apercibimiento de multas. Aunque la decisión es provisoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo, el fallo paraliza el lanzamiento del nuevo esquema "Formando Capital Humano" en los términos previstos originalmente por el Ejecutivo.

De esta manera, el programa "Volver al Trabajo" -destinado a personas de entre 18 y 59 años para mejorar su empleabilidad- deberá seguir funcionando tal como se conocía hasta ahora. Para la Justicia, la prioridad inmediata es evitar el desamparo de casi un millón de ciudadanos, mientras el Gobierno se ve obligado a redefinir una estrategia de ajuste que, por el momento, encontró un límite legal en el derecho a la seguridad social.