Ofrecen $5 millones de recompensa por ocho prófugos acusados de tráfico internacional de armas

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos por cada uno de los ocho prófugos acusados de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de armas.

La medida fue oficializada a través de la resolución 462/2026, publicada en el Boletín Oficial, a pedido del Juzgado Federal N°3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica.

Los sospechosos, de nacionalidad chilena y argentina, permanecen prófugos desde mayo de 2024 y cuentan con órdenes de captura nacionales vigentes desde ese mismo año e internacionales desde agosto de 2025.

Quiénes son los prófugos buscados

Los ciudadanos chilenos buscados son Franco Simón Basaez Vílchez, alias "El Javi"; Lisandro Eduardo Basaez Morales, conocido como "El enano petiso"; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval; y Aldana Matilde Glaria Orellana, quien además posee DNI argentino.

En tanto, los argentinos incluidos en la búsqueda son Carlos Damián Algañaraz, alias "El Porteño"; Zaira Nahir Basaez; y Selene Anahí Obregón.

Todos están acusados de integrar una red dedicada al tráfico internacional de armas, investigada en el marco de la causa FMZ 16664/2021/7.

Cómo aportar información

La recompensa está dirigida exclusivamente a personas que no hayan participado en los hechos investigados y que aporten datos útiles para localizar y detener a los prófugos.

Quienes cuenten con información podrán comunicarse de manera gratuita y confidencial al 134, línea perteneciente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad.

Además, la resolución instruyó a las fuerzas federales a difundir afiches de búsqueda en todo el país.

Una investigación por desvío de armas al mercado ilegal

En paralelo, la Justicia Federal de Campana procesó con prisión preventiva a once personas acusadas de integrar una organización que habría desviado al menos 742 armas de fuego hacia circuitos ilegales entre 2022 y 2026.

La investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que detectó maniobras irregulares en la compra y transferencia de armas.

Según la causa, la banda operaba mediante testaferros, armerías, gestores administrativos y facilitadores dentro de organismos de control.

La Justicia sospecha que parte del armamento terminó en Chile y Uruguay y que el número real de armas desviadas podría superar las 2.000 unidades.

El principal acusado es Ricardo Javier Mascato, señalado como jefe de la organización.