El FMI pide cambiar el Indec y apurar la reforma impositiva: Las claves del nuevo informe

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a darle un fuerte espaldarazo político y financiero a la gestión económica de Javier Milei al aprobar la segunda revisión del Programa de Facilidades Extendidas. En su último informe técnico, el organismo calificó el recorte del gasto público implementado por la actual administración como "excepcionalmente grande en comparación internacional", destacando que esta disciplina fiscal devolvió la credibilidad financiera y la estabilidad macroeconómica al país.

El reporte pondera de manera positiva que el proceso de desinflación actual se esté logrando en paralelo con el desmantelamiento de controles económicos, la flexibilización comercial y la corrección de precios relativos, marcando una diferencia sustancial con planes de estabilización fallidos del pasado argentino.

Para 2026, el organismo proyecta un escenario macroeconómico de consolidación:

Crecimiento del PBI: 3,5%

Inflación anual: Cercana al 25%

Tasa de desempleo: 7,2%

Superávit fiscal primario: 1,4% del PBI

Sin embargo, detrás de los elogios corporativos, el staff técnico del Fondo dejó marcadas exigencias urgentes y abrió un foco de tensión inesperado sobre las estadísticas oficiales del Indec.

Las advertencias sobre el dólar y el "GPS" de la inflación

La principal preocupación financiera del organismo radica en la lenta acumulación de reservas internacionales y la demora en la recomposición de la demanda de pesos, un letargo que adjudican a la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025. Para consolidar el rumbo, el FMI reclamó profundizar la flexibilización cambiaria, acelerar las compras de divisas y avanzar decididamente hacia un esquema de mayor libertad cambiaria.

Pero el dato más incómodo del reporte fue la advertencia sobre la calidad de las estadísticas públicas. El FMI afirmó que la metodología del Indec para medir la inflación quedó desactualizada y que la actual canasta de consumo es "menos representativa de la realidad".

La advertencia del Fondo: "La prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo", alertó el organismo, que además pidió una nueva ley para modernizar y otorgarle mayor independencia institucional al instituto estadístico.

Esta observación reavivó las tensiones internas en el Indec. A comienzos de febrero, una polémica decisión de Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, frenó la puesta en marcha de un nuevo IPC que ya estaba listo para implementarse, lo que provocó la renuncia de su entonces director, Marco Lavagna. El Gobierno argumenta que prefiere lanzar la nueva canasta una vez que la desinflación esté "firmemente consolidada" para evitar que el mayor peso de las tarifas de servicios públicos distorsione las expectativas del mercado en pleno proceso de baja.

Desde la vereda gremial, los técnicos de ATE-Indec salieron al cruce del Ejecutivo. El delegado Raúl Llaneza calificó de "grave e injustificable" la dilación oficial y recordó que el propio índice sigue operando bajo estructuras de consumo obsoletas, advirtiendo que el Gobierno tampoco está asignando recursos para planificar una nueva encuesta de gastos a futuro.

El reclamo estructural: Impuestos y jubilaciones

Más allá de la coyuntura del Indec y el dólar, el FMI apuntó sus cañones contra la arquitectura impositiva del país, catalogando al sistema tributario argentino como "complejo, altamente distorsivo e inestable". Los técnicos del Fondo criticaron con dureza la superposición de tasas nacionales y provinciales, la ineficiencia en la recaudación y la dependencia de gravámenes nocivos para la competitividad, como el impuesto a los Ingresos Brutos.

Como receta para el mediano plazo, recomendaron una reforma integral que incluya:

Ampliación de la base imponible del impuesto a las Ganancias.

Modificaciones estructurales en el IVA.

Simplificación de trámites tributarios para empresas.

Reducción drástica de exenciones fiscales.

Finalmente, el documento reintrodujo en la mesa de debate la necesidad de avanzar en modificaciones al sistema previsional para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Aunque desde el Palacio de Hacienda evitan dar precisiones públicas sobre los plazos o la letra chica de un ajuste jubilatorio, en los pasillos oficiales reconocen que la reforma previsional ya forma parte activa de las conversaciones estructurales que el Ejecutivo mantiene con Washington para los próximos meses.