Formalizaron la investigación contra cinco dirigentes y militantes de ATE por los disturbios en Supervisión de Escuelas

La Justicia de Comodoro Rivadavia formalizó la apertura de una investigación penal contra cinco dirigentes y militantes de ATE por los incidentes ocurridos el pasado 2 de junio en la sede de Supervisión de Escuelas de Kilómetro 3.

La audiencia de control de detención y apertura de investigación se realizó este martes por la noche en el Juzgado Penal del barrio Roca y tuvo como imputados a Evangelina Arbe, Verónica Rosales, Lorena Rosales, José Parra y Eduardo Echeveste.

Durante la audiencia, el fiscal Ariel Corredera solicitó que se declarara legal la detención de los acusados y se formalizara la investigación bajo la calificación provisoria de "atentado contra la autoridad doblemente agravado por ser cometido por más de tres personas y por haber puesto manos en la autoridad, en concurso ideal con lesiones leves".

Según la acusación fiscal, alrededor de las 10 de la mañana un grupo de unas 70 personas vinculadas al gremio ATE se manifestó frente al edificio de Supervisión de Escuelas en reclamo de mejoras salariales y cuestiones paritarias.

La Fiscalía sostuvo que cerca de las 11:15 los manifestantes intentaron ingresar por la fuerza al edificio. De acuerdo con la reconstrucción presentada, se desplazaron vallas de seguridad, se produjeron daños en puertas y vidrios, y se registraron agresiones contra efectivos policiales que custodiaban el lugar.

Asimismo, se indicó que los manifestantes lograron ingresar a la planta baja del edificio, donde también se registraron daños materiales. Como consecuencia de los incidentes, cuatro policías sufrieron lesiones que, en principio, fueron calificadas como leves.

Por su parte, la defensa de los imputados cuestionó la acusación y sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía no alcanzan para sostener la calificación legal atribuida.

La abogada defensora argumentó que no se individualizaron con claridad las conductas de cada uno de los acusados y señaló que los hechos ocurrieron en el marco de una manifestación gremial.

"No fue un acto configurativo de un delito, sino una consecuencia de una manifestación", sostuvo durante la audiencia.

Finalmente, el juez penal Alejandro Soñis resolvió autorizar la apertura de la investigación preparatoria, considerar legal la detención de los cinco imputados y disponer su inmediata libertad.

Además, otorgó a la Fiscalía un plazo de seis meses para desarrollar la investigación y dictó una prohibición de acercamiento al edificio de Supervisión de Escuelas para los acusados mientras dure el proceso.

Al fundamentar su decisión, el magistrado destacó que el derecho a manifestarse es legítimo y constitucional, aunque remarcó que no pueden naturalizarse hechos de violencia o daños durante este tipo de reclamos.