A 50 años del golpe, el juicio de la Causa 8.008 marcó un antes y un después en Comodoro
El proceso por delitos de lesa humanidad en el Regimiento 8 permitió visibilizar el accionar represivo en la ciudad y desarmar años de silencio sobre lo ocurrido durante la dictadura.
A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, uno de los puntos que más se destacó en las reflexiones de referentes judiciales, académicos y de derechos humanos de la Patagonia fue el impacto que tuvo en Comodoro Rivadavia la Causa 8.008.
El juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el Regimiento 8 puso en primer plano una realidad que durante años permaneció invisibilizada: en la ciudad también funcionó un circuito represivo durante la última dictadura cívico-militar. El proceso judicial fue señalado como un antes y un después porque permitió confirmar en sede judicial la existencia de secuestros, torturas, centros clandestinos de detención y responsabilidades concretas en esta zona del país. Para muchos de los consultados, el juicio terminó de desarmar la idea instalada durante décadas de que en Comodoro "no había pasado nada".
El fiscal federal Teodoro Nürnberg, quien lideró la acusación en la causa, remarcó que desde la reapertura de los juicios el Ministerio Público Fiscal mantuvo una intervención activa en los procesos vinculados a violaciones a los derechos humanos en la región. En ese marco, sostuvo que la tarea no está concluida y que todavía quedan causas en trámite, incluso con la posibilidad de que este año se desarrolle un nuevo juicio oral en esta jurisdicción.
Por su parte, el economista y ex rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Jorge Gil, destacó el valor histórico del fallo y sostuvo que la sentencia significó un avance en la reconstrucción de la memoria y en el camino hacia la justicia, tras años marcados por el silencio social. Desde el ámbito académico, distintos investigadores coincidieron en que la causa permitió reconstruir con mayor precisión cómo operó la represión en el sur del país. El historiador Daniel Cabral Marques explicó que Comodoro tenía un rol estratégico dentro del esquema represivo patagónico y que la ciudad no estuvo al margen del terrorismo de Estado, con detenciones, persecuciones y espacios utilizados como centros clandestinos.
En la misma línea, Gabriel Carrizo consideró que el juicio contradijo de manera contundente la imagen de una ciudad ajena a la represión y se convirtió en un hito para la construcción de memoria histórica en la región.
A su vez, la docente e investigadora Natalia Álvarez planteó que el proceso dejó al descubierto una deuda pendiente: la falta de un archivo de memoria en la ciudad que permita preservar los testimonios y documentos surgidos de los juicios, y garantizar su transmisión a las nuevas generaciones.
Desde organizaciones y espacios militantes también remarcaron que la causa abrió nuevas preguntas sobre las responsabilidades locales. Elena González advirtió que el juicio no cierra una etapa, sino que impulsa a seguir investigando quiénes sostuvieron el funcionamiento del aparato represivo y cuáles fueron las complicidades en la ciudad.
En tanto, Sebastián Sayago subrayó que la importancia del juicio radica en haber confirmado de manera oficial la existencia de un centro clandestino de detención en Comodoro, lo que refuerza la idea de que el terrorismo de Estado no fue un fenómeno aislado ni limitado a los grandes centros urbanos.
A medio siglo del golpe, la Causa 8.008 aparece así como uno de los hechos más relevantes en la reconstrucción de la memoria local. No solo por lo que permitió probar en el plano judicial, sino también porque contribuyó a romper el silencio que durante años atravesó a la sociedad comodorense y a reinstalar el debate sobre lo ocurrido en la ciudad durante la dictadura.
Fuente: El Extremo Sur








