Adorni: ¿el único que no ve indicios de enriquecimiento ilícito es el fiscal Pollicita?

Después de meses de investigaciones, declaraciones patrimoniales bajo sospecha, propiedades, préstamos particulares y cientos de miles de dólares que circularon fuera del sistema bancario, el fiscal federal Gerardo Pollicita llegó a una conclusión que seguramente generará polémica: considera que no existen elementos suficientes para sostener una acusación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, exjefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei.

La decisión llama especialmente la atención por los propios antecedentes de la investigación. Fue la fiscalía de Pollicita la que detectó inconsistencias patrimoniales, reconstruyó operaciones millonarias y exigió al exfuncionario explicaciones sobre el origen de fondos utilizados para comprar inmuebles, realizar remodelaciones y afrontar numerosos gastos personales.

Los números que surgieron del expediente no son menores. La investigación identificó desembolsos por US$402.578, de los cuales aproximadamente US$374.000 fueron abonados en efectivo. También detectó una diferencia de más de 43 millones de pesos entre los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar y los gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas durante el período investigado.

Entre las operaciones examinadas aparecen una propiedad en el country Indio Cuá, un departamento en Caballito, importantes refacciones, viajes y préstamos otorgados por particulares. Incluso se investigaron compras realizadas con tarjetas de crédito de personas vinculadas laboralmente al exfuncionario, que, según las explicaciones incorporadas al expediente, eran posteriormente reintegradas en efectivo.

Sin embargo, el giro de la causa llegó a partir de una explicación particular: Adorni sostuvo que buena parte de su patrimonio provenía de antiguas inversiones en Bitcoin, realizadas entre 2014 y 2018, que le habrían permitido obtener US$591.544. Según su defensa, ese dinero permaneció durante años guardado en efectivo, fuera del sistema bancario y sin haber sido declarado ante los organismos tributarios.

La explicación obligó a realizar pericias sobre ocho billeteras virtuales presentadas por el exfuncionario. Los especialistas comprobaron que las claves privadas estaban bajo control de su defensa al momento de la verificación y que las direcciones registraban movimientos durante aquellos años.

Pero hay un detalle fundamental: la investigación técnica no pudo determinar quién controlaba esas billeteras cuando se realizaron las operaciones originales. Tampoco logró reconstruir con certeza todas las transacciones ni comprobar de manera concluyente que el dinero que Adorni asegura haber ganado proviniera efectivamente de esas inversiones.

En otras palabras, las pericias no confirmaron plenamente la historia presentada por el exfuncionario. Lo que ocurrió es que tampoco pudieron refutarla.

Y precisamente allí aparece el punto más discutible de la resolución fiscal. Pollicita entiende que, ante la imposibilidad de descartar que esos fondos se hubieran obtenido antes del ingreso de Adorni a la función pública, no cuenta con pruebas suficientes para sostener que existió un enriquecimiento patrimonial injustificado durante su paso por el Estado.

La distinción es jurídicamente importante. El delito de enriquecimiento ilícito exige acreditar un incremento patrimonial apreciable e injustificado producido desde la asunción de un cargo público y hasta dos años después de abandonarlo. No es necesario demostrar una coima concreta, pero sí reunir los elementos que permitan sostener esa acusación.

Ahora bien, que la Justicia no haya conseguido demostrar un delito no significa que haya logrado acreditar satisfactoriamente el origen de cada dólar investigado. Y esa diferencia es central para evaluar el alcance real del dictamen.

De hecho, el propio Pollicita considera que todavía existen elementos que justifican una investigación penal por posibles irregularidades tributarias. Por eso solicitó que el expediente sea enviado a la Justicia Nacional en lo Penal Económico, donde deberá determinarse si existieron maniobras de evasión relacionadas con ingresos no declarados, operaciones con criptomonedas y tenencias de moneda extranjera.

La paradoja resulta difícil de ignorar: el fiscal considera que no alcanza la prueba para sostener el enriquecimiento ilícito, pero al mismo tiempo advierte que parte de los fondos utilizados por Adorni pudieron permanecer durante años fuera del control impositivo.

También pidió investigar determinadas operaciones de terceros involucrados en las transacciones inmobiliarias y revisar la actuación de una escribana.

En este escenario, las preguntas siguen abiertas. ¿Quién manejaba realmente las billeteras virtuales hace más de una década? ¿Cómo se transformaron esas operaciones en casi 600.000 dólares en efectivo? ¿Qué documentación permite reconstruir ese recorrido? ¿Y por qué semejantes sumas permanecieron fuera de las declaraciones fiscales?

El dictamen no equivale a una absolución ni a un sobreseimiento. Por ahora es un planteo del Ministerio Público Fiscal que deberá ser evaluado por el juez Ariel Lijo, quien tendrá que resolver si corresponde trasladar la investigación al fuero penal económico.

Mientras tanto, el caso deja una discusión que excede a Manuel Adorni: el nivel de transparencia que debe exigirse a quienes ejercen los cargos más importantes del Estado.

Porque una cosa es que no existan pruebas suficientes para formular una acusación penal por enriquecimiento ilícito y otra muy distinta es que todos los interrogantes patrimoniales hayan quedado despejados.

Y en el expediente de Adorni, incluso después del dictamen de Pollicita, todavía quedan demasiadas preguntas sin una respuesta definitiva.