El 40% de los celulares vendidos en Argentina ingresó de contrabando: ¿tu teléfono corre riesgo de ser bloqueado?
Según la industria, cuatro de cada diez teléfonos que se venden en el país entraron por canales ilegales y hoy podrían estar funcionando en las redes de las principales empresas. Que un equipo haya ingresado de manera irregular no convierte automáticamente a su comprador en delincuente, pero abre una pregunta que afecta a millones de usuarios: qué controles existen y qué podría pasar con esos dispositivos.
Un teléfono se compra, se enciende, se le coloca una tarjeta SIM y comienza a funcionar. Para el usuario, la operación puede parecer completamente normal. Sin embargo, detrás de ese equipo podría haber una historia que desconoce: haber ingresado al país por contrabando y llegado hasta sus manos a través de una cadena de comercialización irregular.
La advertencia fue planteada por Ana Vainman, directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), quien sostuvo que el contrabando alcanza al 40% de los celulares vendidos en Argentina. La entidad representa a empresas del sector y su cifra es una estimación de la industria, no un censo oficial de todos los teléfonos que están en uso.
Vainman explicó que el sector puede identificar los equipos conectados a través de su IMEI, el número que identifica a cada dispositivo, y conocer a qué mercado estaban destinados. Ese dato permite detectar teléfonos que no fueron previstos para su comercialización en Argentina, aunque por sí solo no demuestra que cada uno haya ingresado ilegalmente: un equipo también puede haber sido comprado en el exterior e ingresado al país bajo un régimen permitido.
De todos modos, la magnitud de la estimación plantea un interrogante difícil de esquivar. Si una porción tan importante del mercado entra por contrabando y los equipos terminan conectados a Claro, Personal o Movistar, ¿qué controles se aplican antes de activar el servicio? ¿Las empresas exigen la documentación que establece la ley? ¿El Estado verifica que lo hagan?
La pregunta no es menor. La Ley 25.891 establece que las prestadoras deben solicitar una factura legal a quienes compraron el teléfono en el país. Para quienes lo importaron directamente para uso personal, prevé la presentación de la documentación aduanera y de pago de los gravámenes correspondientes. El artículo 5 señala expresamente que las empresas no pueden activar el servicio de quienes no cumplan esos requisitos.
La norma también considera una falta grave el incumplimiento de las obligaciones que les impone a las prestadoras. Sin embargo, queda por conocer cómo se aplica actualmente ese control, cuántas verificaciones se realizan y si ENACOM fiscaliza su cumplimiento. La estimación de la industria, por sí sola, no demuestra que las empresas estén incumpliendo la ley.
También existe una herramienta para identificar el recorrido de equipos importados. ARCA cuenta con el Sistema de Identificación Digital de Productos, conocido como SiDIP, que vincula el IMEI de determinados celulares con información de su destinación aduanera. En principio, cruzar registros podría ayudar a detectar inconsistencias y orientar investigaciones.
Pero la ausencia de un número en ese sistema tampoco alcanza para declarar que un teléfono es de contrabando. Hay operaciones exceptuadas y distintos regímenes de ingreso, entre ellos compras personales y determinados envíos. Confundir esas situaciones podría poner bajo sospecha a usuarios que adquirieron sus equipos legalmente.
Para el comprador, además, la procedencia no siempre es evidente. Un celular puede ofrecerse en un comercio, en una página de ventas o a través de redes sociales. Que el aparato se conecte y funcione no certifica cómo ingresó al país. Por eso es importante pedir factura, conservar los comprobantes y verificar que el IMEI del equipo coincida con el de la documentación. El número puede consultarse marcando *#06#.
Otro control disponible es la consulta de ENACOM para saber si un teléfono fue reportado por robo, hurto o extravío. Sin embargo, que no figure bloqueado por esos motivos no garantiza que su ingreso aduanero haya sido regular: son controles diferentes.
La situación del comprador también debe analizarse con cuidado. Haber adquirido un teléfono que ingresó de contrabando no lo convierte automáticamente en autor de un delito. La legislación contempla el encubrimiento en determinadas circunstancias, pero para atribuir una responsabilidad hay que analizar y probar el caso concreto. Una persona que compra un equipo sin conocer su procedencia no puede ser señalada como delincuente solo por tenerlo.
Entonces, ¿pueden bloquear tu celular?
Las compañías ya bloquean equipos por IMEI en situaciones previstas por la normativa, como denuncias de robo, hurto o extravío, y determinados casos de identificadores duplicados o inválidos. También existen procedimientos específicos para otros supuestos, como dispositivos detectados en establecimientos penitenciarios.
Lo que no surge de la normativa revisada es una orden general de bloquear automáticamente todos los teléfonos que ya están funcionando por la sospecha de haber ingresado de contrabando. La ley sí establece restricciones para la activación cuando no se presenta la documentación exigida, pero eso no equivale a un anuncio de bloqueo masivo de equipos en uso.
Por ahora, entonces, no hay una disposición general identificada que indique que las prestadoras cortarán la conexión de esos celulares. La cifra de la industria, de todos modos, deja planteada una discusión: si tantos equipos ingresan ilegalmente y terminan conectados, las autoridades y las empresas deberán explicar qué controles realizan y quién asume las consecuencias de una cadena que termina, muchas veces, en manos de un consumidor que desconoce el origen de su teléfono.
