Causa Vialidad II: condenaron a Martín Báez a tres años de prisión

La trama judicial en torno al manejo irregular de la obra pública continúa sumando capítulos determinantes. En el marco del segundo tramo de la causa conocida como Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) condenó a Martín Antonio Báez a la pena de tres años de prisión al hallarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Con esta nueva resolución judicial -firmada por el juez Andrés Fabián Basso tras un acuerdo de juicio abreviado avalado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola-, el hijo mayor de Lázaro Báez enfrentará una pena unificada de siete años y nueve meses de cárcel, que engloba la condena previa dictada en la primera etapa de la causa por lavado de activos agravado.

Un acuerdo basado en la confesión

El entendimiento procesal se concretó luego de que los imputados admitieran formalmente su responsabilidad en los hechos investigados, un reconocimiento que quedó ratificado tanto en la presentación escrita como durante la audiencia de visu ante los magistrados.

Además de Martín Báez, el tribunal aplicó el mismo criterio para otros cinco involucrados, entre exfuncionarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y directivos del entramado empresario de Austral Construcciones.

Entre ellos destaca Julio Enrique Mendoza, expresidente de la constructora, quien recibió tres años de prisión como partícipe necesario, unificando su condena total en cinco años y nueve meses bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Por su parte, el exsubadministrador general de la DNV, Carlos Joaquín Alonso, junto con los exgerentes Jorge Eduardo Gregorutti y Sergio Hernán Passacantando, fueron sentenciados a dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de recibir inhabilitación especial perpetua y la obligación de someterse al control de un patronato. Una sanción similar en suspenso (dos años y seis meses) recayó sobre Fernando Javier Butti, accionista y apoderado de las firmas del grupo.

Asimismo, la resolución dispuso extender a todos los condenados un millonario decomiso por $684.990.350.139,86, calculado en base a la actualización oficial fijada a mediados de 2025.

El esquema del fraude y el rol de Martín Báez

El fallo detalla minuciosamente la operatoria desplegada entre los años 2003 y 2015, orientada a la concesión y ejecución irregular de obras viales en la provincia de Santa Cruz. La maniobra se estructuró en cuatro etapas clave: la inserción de las empresas de Báez en el negocio vial, el traslado de funcionarios santacruceños a áreas estratégicas de la administración nacional, la concentración desmedida de recursos presupuestarios en la provincia patagónica y el direccionamiento sistemático de las contrataciones públicas.

Dentro de este entramado, la sentencia ubicó a Martín Báez operando desde la esfera privada del holding empresarial. De acuerdo con la acusación, su rol consistió en presentar ofertas en licitaciones públicas pese a las incompatibilidades legales que prohibían competir entre sí a firmas de un mismo grupo, contribuyendo a inflar los costos y suscribiendo contratos que violaban abiertamente los pliegos y normativas vigentes.