Chubut: productores ganaderos advierten que se están quedando sin ovejas y piden al Gobierno poder cazar pumas

Los ataques de predadores agravan una crisis marcada por la sequía, la pérdida de rentabilidad y el abandono de campos. Mientras los productores reclaman medidas que vayan más allá de registrar las pérdidas, el caso de Julio Cittadini muestra las dificultades para reconvertir la actividad. Santa Cruz ya desarrolla una cadena de aprovechamiento del guanaco, con carne, fibra y puestos de trabajo.

Los productores ganaderos de Chubut reclaman al Gobierno provincial una respuesta frente a los ataques de pumas que, según advierten, están dejando a establecimientos sin condiciones para sostener sus majadas. El pedido de autorización para cazarlos vuelve a poner sobre la mesa un problema que excede la pérdida de animales: la continuidad de quienes todavía producen y mantienen poblado el interior provincial.

El presidente de la Sociedad Rural de Sarmiento, Reynaldo Szlapelis, respaldó como un primer paso el formulario destinado a denunciar ataques, pero insistió en la necesidad de contar con herramientas legales para actuar. El mecanismo permite presentar fotografías y otros elementos que documenten los daños. Su implementación, sin embargo, no equivale a una autorización de caza ni garantiza una intervención sobre el terreno. 

Dentro del sector también hay críticas. Un productor de Paso de Indios, de apellido Payal, calificó el formulario de "burla" y reclamó una caza organizada y planificada. Según planteó en Radio Chubut, documentar animales muertos no alcanza cuando los ataques continúan y la respuesta estatal no llega al establecimiento. El reclamo expone una diferencia concreta: registrar el problema puede servir para conocer su magnitud, pero no reemplaza las medidas para reducir las pérdidas. 

El abandono de campos agrava esa situación, según los propios ganaderos. Gonzalo Abril, productor de Camarones, describió en agosto un escenario de sequía, menor disponibilidad de pasturas y avance de predadores. Advirtió que quienes siguen trabajando también deben afrontar el deterioro de establecimientos vecinos desocupados, incluso reparando alambrados ajenos. La crisis no puede atribuirse exclusivamente al puma: los ataques se suman a dificultades productivas y económicas que vienen debilitando a la ganadería ovina. 

Hay, además, una decisión política reciente que forma parte del debate. En febrero de 2025, durante la gestión del actual gobierno, se promulgó la Ley XXIV Nº 111. Su artículo 3 derogó los artículos 1 a 14 de la Ley XVII Nº 52, anteriormente Ley 4100, que regulaban la comisión de control de especies depredadoras de la ganadería y la tasa destinada a financiar ese sistema.

La derogación quedó incluida en una norma que otorgó exenciones impositivas a la actividad ganadera. El alivio tributario vino acompañado de la eliminación de aquella estructura legal de control y financiamiento. Eso no anuló todas las facultades de Fauna ni equivale a una prohibición automática de cualquier caza, pero obliga al Gobierno a explicar qué mecanismo reemplazó al anterior, con qué presupuesto funciona y cómo responde ante los ataques denunciados. 

El caso de Julio Cittadini muestra hasta dónde llega la necesidad de buscar alternativas. El productor de la zona de Punta Tombo impulsó el proyecto Burros Patagones después de que la depredación y las características de su campo lo llevaran a abandonar las ovejas. "Tuve que sacar las ovejas y en estos campos no podés tener vacas", explicó en una entrevista con Canal 4 Esquel.

Su apuesta fue criar burros para producir carne. Según relató, la primera experiencia comercial en Trelew agotó lo ofrecido en un día y medio y despertó interés entre otros productores. La aceptación inicial constituye un antecedente comercial favorable, aunque una prueba puntual no demuestra por sí sola la viabilidad de una cadena productiva a gran escala. 

El emprendimiento también encontró obstáculos. En mayo, Cittadini sostuvo que había cumplido el protocolo provincial para una prueba piloto realizada en el matadero municipal de 28 de Julio y denunció que la investigación judicial había paralizado el proyecto. Su posición es que una autorización para comercializar dentro de Chubut debe distinguirse de los requisitos para vender entre provincias. 

La fiscal ambiental Florencia Gómez, por su parte, sostuvo públicamente que Senasa no había autorizado la faena y comercialización interna y cuestionó el encuadre de la experiencia. Existe, por lo tanto, una controversia sanitaria y jurídica que no puede reducirse únicamente a una resistencia cultural. En la documentación revisada no se identificó una autorización definitiva posterior que permita presentar el emprendimiento como una actividad comercial plenamente habilitada. 

En un país identificado con la carne vacuna, la propuesta quedó atrapada también en una discusión mediática sobre qué significa consumir burro. Pero la eventual incomodidad política no puede sustituir una evaluación técnica. Si existen impedimentos, corresponde precisarlos; si pueden resolverse, los productores necesitan requisitos claros y plazos. Una alternativa productiva merece algo más que burlas, controversias interminables o expedientes sin una salida comprensible.

Santa Cruz ofrece un contraste concreto con el aprovechamiento del guanaco. Según el balance oficial de su plan de manejo, durante 2025 se destinaron 10.072 ejemplares a faena mediante arreo, encierre y transporte en pie; otros 193 fueron esquilados y liberados, y 29 se aprovecharon mediante caza comercial con procesamiento artesanal. El Gobierno santacruceño informó que la actividad generó alrededor de 80 puestos de trabajo directos.

Esos datos muestran que el aprovechamiento incluye modalidades diferentes: producción de carne, obtención de fibra y trabajo en el campo, el transporte y las plantas habilitadas. También permiten evitar una confusión: esquilar guanacos silvestres y liberarlos no es lo mismo que criarlos en cautiverio. 

El marco nacional actualizado en 2024 contempla tanto la cría en cautiverio como la esquila con liberación, la faena y la caza comercial, sujetas a programas y condiciones de manejo. No constituye una autorización general para capturar animales o vender su carne sin controles. En Santa Cruz, además, el Gobierno acompañó en junio de 2026 la presentación del Almacén de Guanaco en Río Gallegos, una iniciativa para ampliar el consumo y agregar valor dentro de la provincia. Plan nacional, Almacén de Guanaco.

Chubut mantiene restricciones distintas. En abril, su Secretaría de Salud informó que no estaba habilitada la faena ni la comercialización de carne de guanaco en la provincia y recordó que una habilitación provincial en Santa Cruz no autoriza automáticamente su ingreso a otras jurisdicciones. La diferencia muestra que una alternativa necesita decisiones ambientales, sanitarias y comerciales coordinadas para convertirse en una actividad efectiva. Secretaría de Salud de Chubut.

El reclamo de los ganaderos exige una respuesta que combine prevención de ataques, intervención ante casos comprobados y alternativas para los campos donde la producción ovina dejó de resultar viable. Autorizar determinadas actividades requiere controles; mantenerlas restringidas también obliga a explicar qué opciones tendrán quienes viven de ellas.

Un formulario puede contar las ovejas perdidas. La responsabilidad del Gobierno es evitar que se convierta en el registro de los productores que van dejando de trabajar. Proteger la fauna y sostener a las familias rurales exige presupuesto, reglas claras y decisiones que lleguen al campo antes de que cierre el próximo establecimiento.