De los fideos y polenta al "asado": los presos de Chubut volvieron a comer carne

 La carne volvió a las raciones de las personas detenidas en la Alcaidía Policial de Trelew y en el Instituto Penitenciario Provincial, ubicado sobre la ruta nacional 3 entre Trelew y Puerto Madryn. 

El cambio se produjo después de que el juez penal Marcelo Nieto Di Biase intimara al Poder Ejecutivo a reforzar las viandas con carne roja en un plazo máximo de 72 horas.

La resolución respondió a un hábeas corpus colectivo presentado por internos que denunciaron que llevaban varias semanas comiendo principalmente fideos y polenta. 

La Subsecretaría de Justicia informó que se había concretado una compra de carne y pollo que comenzó a incorporarse a las comidas distribuidas en ambos establecimientos. 

Torres habló de "asado" y aseguró que no cumpliría 

La decisión judicial provocó una dura reacción del gobernador Ignacio Torres, quien presentó la incorporación de carne como si se hubiera ordenado servir un asado diario. "No vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días. Eso es una locura", declaró el mandatario a Radio Rivadavia. 

También acusó a un sector del Poder Judicial de practicar un "garantismo berreta" y de preocuparse más por los detenidos que por las víctimas. [Las declaraciones fueron reproducidas por TN] Sin embargo, el "asado" mencionado por Torres no aparece en la información conocida sobre la resolución. 

El juez ordenó acelerar la compra de carne roja para recuperar el aporte proteico de las viandas. Tampoco se dispuso que se sirviera carne todos los días ni que se compraran cortes de primera calidad. La ironía del "asado", por lo tanto, provino del discurso del gobernador y no del contenido del fallo. 

 La empresa había reducido las proteínas 

El conflicto no comenzó con la intervención judicial. Durante la audiencia, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, reconoció que la empresa encargada de las viandas había reducido unilateralmente el contenido proteico de los menús durante el último mes. El servicio se encuentra tercerizado y está a cargo de Cook Master. 

La Defensa Pública sostuvo que la calidad de las comidas se deterioró de manera sostenida y pidió que la firma fuera apartada. También reclamó controles periódicos, al advertir que las viandas mejoraban durante las inspecciones y volvían a deteriorarse posteriormente. Miquelarena confirmó además que ya existía un expediente administrativo para comprar carne, pero el trámite no había concluido. 

El juez aceptó la compra propuesta por el propio Ejecutivo como solución transitoria y ordenó completarla dentro de las 72 horas. 

Es decir, la Justicia no diseñó un nuevo menú: obligó al Gobierno a acelerar una medida que la administración provincial ya había iniciado ante la falta de proteínas. 

Un reclamo que comenzó en marzo

 Las denuncias por la alimentación se remontan a marzo. El conflicto aumentó el 7 de agosto, cuando internos de la Alcaidía de Trelew quemaron colchones para protestar por la comida y por las condiciones de las visitas. No hubo personas heridas, pero debieron intervenir los bomberos y reforzarse la seguridad. Los detenidos aseguraban que desde hacía alrededor de un mes recibían casi exclusivamente fideos y polenta. La propia empresa proveedora admitió posteriormente que las raciones estaban bajas en proteínas. La Ley nacional 24.660 establece en su artículo 65 que la alimentación de las personas privadas de la libertad es responsabilidad de la administración y debe ser adecuada a sus necesidades, sobre la base de criterios higiénicos y dietéticos. Por eso, la discusión judicial no giró en torno a ofrecer un privilegio o una comida de restaurante, sino al cumplimiento de una obligación estatal básica.

Las preguntas que siguen abiertas 

El Gobierno todavía no informó públicamente cuánto costó la compra, qué cantidad de carne y pollo fue adquirida ni con qué frecuencia serán incorporados a las viandas. Tampoco difundió el menú nutricional completo ni precisó si aplicará sanciones a Cook Master por haber reducido la calidad del servicio sin autorización. 

También resta conocer si la empresa continuará a cargo de las comidas y qué controles implementará Provincia para evitar que la mejora dure solamente mientras el caso permanezca bajo seguimiento judicial.