Ley de Tierras

Extranjerización de Tierras: a esta hora las senadoras chubutenses son las que definen la votación

Pasado el mediodía del miércoles, el "poroteo" para la sesión de este jueves en el que se va a tratar el proyecto da prácticamente un empate técnico y aún hay tres votos en duda, entre ellos los de Andrea Cristina y Edith Terenzi que aún no se expresaron al respecto. La Libertad Avanza negocia para contar con sus votos pero las presiones son muchas.

El Senado se prepara para debatir mañana, o no, el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -conocido en la discusión pública como extranjerización de tierras- en lo que constituye el quinto intento del oficialismo por conseguir una media sanción que se le viene negando desde hace meses. El dato no es menor: si antes no se aprobó, fue porque los números no cerraron. Y hoy la cuenta da como se dice en la jerga popular "palo a palo". Por eso, según reconocen fuentes de ambos lados, el resultado puede quedar en manos de las senadoras chubutenses que aún no oficializaron su voto.

Así, Edith Terenzi y Andrea Cristina figuran entre las definiciones más observadas del poroteo porque son las única que figuran como "no se sabe", al igual que la pampeana del PRO, María Victoria Huala. Y lo que vuelve su posición particularmente delicada no es solo la matemática parlamentaria, sino lo que está en juego para la provincia que representan.

Chubut tiene hoy unas 882.000 hectáreas de tierras rurales en manos de capitales extranjeros. En el departamento Cushamen, la extranjerización ya alcanza el 23%, muy por encima del tope legal del 15% que rige en la actualidad - una zona donde el grupo Benetton concentra la mayor parte de sus casi 900.000 hectáreas patagónicas. El mecanismo que hasta ahora impide que esa concentración se profundice es, precisamente, el límite por departamento establecido en 2011. Y es exactamente eso lo que el nuevo proyecto elimina. Esto implica que regiones enteras de la Patagonia podrán ser entregadas a corporaciones extranjeras.

El gobierno, al verse derrotado al proponer quitar cualquier límite de venta, buscó insistir con la ley modifcándola y aumentando el límite de 15% a 25% de las tierras que en una provincia se pueden vender a extranjeros. La versión negociada en las últimas horas implica que regiones enteras de la Patagonia como, por ejemplo, el mencionado departamento Cushamen podrían seguir acumulando propiedad extranjera sin restricción alguna, siempre que la provincia en su conjunto no supere el nuevo umbral. Muchas de esas tierras están ubicadas cerca de pasos internacionales, reservas de agua dulce, bosques, áreas mineras, yacimientos de hidrocarburos y corredores turísticos, lo que convierte la discusión en algo bastante más complejo que un debate sobre seguridad jurídica inmobiliaria.

No son solo voces opositoras las que advierten sobre las consecuencias. Investigadores del CONICET señalan que la reforma elimina resguardos sobre tierras estratégicas y mecanismos de control estatal. Desde el Observatorio de Tierras de la UBA sostienen que la ley vigente funciona como restricción y que por eso se busca derogarla, con un impacto directo sobre los recursos naturales. Un investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral advirtió que la iniciativa podría limitar la capacidad de decisión provincial sobre recursos estratégicos en la región.

La presidenta del senado, Victoria Villarruel, alejada del gobierno, se pronunció públicamente en rechazo del proyecto, al igual que la Iglesia Católica. Las organizaciones sociales convocaron movilizaciones para mañana.


Las presiones sobre las legisladoras chubutenses

Abcdiario intentó consultar a la senadora Andrea Cristina sobre su posición, pero no hubo respuesta. Como se explicó en una nota publicada el martes, la legisladora comodorense estuvo ausente en la última sesión porque tuvo un bebé. Sin embargo, es probable que esta vez le insistan para que participe. La mayoría de su espacio acompaña el proyecto del gobierno, como sucedió con el PRO en todos los proyectos que le solicitó.

El caso de Terenzi es aún más complejo. La UCR nacional ya les pidió formalmente a sus senadores que voten en contra, al igual que el comité departamental de Rawson. Sin embargo, la senadora trelewense es más cercana al gobernador Ignacio Torres que a su partido político de origen y es muy probable que vote lo que éste le pida.

Pero su posición frente a otros temas similares la ponen en una decisión crucial. Por un lado, impulsa un proyecto de ley para reglamentar el Ecocidio. Esto es, incorporar delitos ambientales con penas de hasta 25 años de prisión para quienes provoquen daños ambientales considerados especialmente graves o irreversibles.

Dicho proyecto se contradice con el de extranjerización de tierras en varios puntos, porque justamente uno de los repudios al que se trataría este jueves es que no habría controles sobre el impacto ambiental y encima la ley prevé cambiar el uso de suelo en tierras incendiadas para que puedan ser vendidas.

Sin embargo, a horas de la sesión, las dos senadoras por Chubut aún no comunicaron su posición. Hay momentos en los que la cautela legislativa es virtud. Y hay otros en los que el silencio se vuelve difícil de distinguir de la indiferencia frente a lo que está en juego. El acompañamiento a este proyecto de Terenzi o Cristina no sería simplemente un acompañamiento al oficialismo: sería la decisión de desmontar las herramientas que hoy limitan -con todas sus imperfecciones- la concentración de territorio chubutense en manos extranjeras.


¿Qué puede pasar con el proyecto?

La Libertad Avanza venía confiado desde que ganó las últimas legislativas que le permitieron aumentar el número de diputados y senadores, ambpliando su capacidad de voto y negociación. Eso le permitió que sean ley proyectos sumamente repudiados como la Ley de Glaciares.

Sin embargo, en este nuevo intento por obtener media sanción respecto a la extrajerización de tierras, ya tuvo que modificar el proyecto para tratar de conseguir las adhesiones necesarias y aún así, a un día del tratamiento es una posibilidad que la sesión se caiga si consideran que no tienen los votos asegurados.

La sesión ya tiene quórum, porque solo se necesitan 37 para votar y no para empezar, pero si no cuenta con los votos necesarios a favor, el oficialismo lo va a retirar.

Si se cae la sesión, se puede volver a convocar con ese mismo dictamen, pero si rechazan el proyecto ya no se puede volver a tratar este año. Si se retira el proyecto o se aprueba favorablemente, pasa a la Cámara de Diputados.

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