Alerta: Santa Cruz clausuró seis áreas de la mina de Newmont por un posible derrame de cianuro y las liberó en siete días sin publicar el informe técnico

 La inspección también encontró vehículos sin habilitación, deficiencias en el transporte de combustible y sustancias peligrosas y fallas en los equipos de medición de gases. El comunicado oficial del Gobierno provincial sobre el acuerdo con la empresa no menciona ni el cianuro ni las clausuras. Nadie informó todavía qué se derramó, cuánto ni dónde.

El yacimiento Cerro Negro volvió a producir. El Gobierno de Santa Cruz levantó el 16 de septiembre las clausuras preventivas que mantenían paralizadas áreas de bajo mina, plantas y laboratorios de la mina que Newmont opera en el norte de la provincia, siete días después de que una inspección detectara una situación que podría estar relacionada con un derrame de cianuro y una serie de incumplimientos de seguridad. La reanudación es gradual. El informe técnico de aquella inspección sigue sin publicarse.

Lo que encontró la inspección

El 9 de septiembre, la Secretaría de Trabajo de Santa Cruz, a cargo de Javier Aravena, montó un operativo de fiscalización en el yacimiento Cerro Negro, en el norte de la provincia, operado por Newmont, la mayor productora de oro del mundo. El operativo se extendió entre 72 y 96 horas.El relevamiento detectó vehículos sin la habilitación correspondiente, deficiencias en el transporte de combustible y sustancias peligrosas, problemas en los equipos de medición de gases y la verificación de una situación que podría estar relacionada con un derrame de cianuro. Como consecuencia, la autoridad provincial dispuso seis ceses preventivos sobre áreas de bajo mina, plantas y laboratorios.Conviene ser preciso con el último punto, porque es el que más pesa y el que menos se explicó: lo informado es una situación posiblemente vinculada con un derrame. No hay, hasta hoy, un informe técnico público que confirme que hubo un derrame, establezca el volumen, el punto de escape o si alcanzó algún curso de agua o napa. El cianuro es el reactivo estándar de las plantas de lixiviación de oro: su presencia en el yacimiento no es una anomalía. Lo que no se sabe es qué pasó con él.

Siete días: clausura, reunión y reapertura

El 14 de septiembre, cinco días después del operativo, el gobernador Claudio Vidal recibió a la plana mayor de la compañía: David Meador, director general de Newmont para las Américas; Tito Cacho, gerente general de Cerro Negro; Darío Zegarra, jefe regional de Asuntos Externos; y María Eugenia Sampalione, directora País. Por la Provincia estuvieron los ministros de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y de Economía, Ezequiel Verbes.El comunicado oficial del encuentro informa que se acordó una agenda de trabajo orientada al seguimiento de las observaciones realizadas por los organismos de control, con foco en seguridad, ambiente y empleo local, y la convocatoria a una mesa de trabajo con los gremios.

La palabra cianuro no aparece en el comunicado oficial. 

Tampoco aparecen las clausuras.El levantamiento llegó el 16 de septiembre, después de que Newmont presentara un programa de remediación referido a seguridad e higiene, documentación y condiciones de los vehículos. El recuento periodístico del cierre del episodio habla de ocho clausuras preventivas levantadas.Entre el acta de inspección y el levantamiento pasaron siete días. En el medio no se publicó el informe técnico, no se difundió el número de las resoluciones de cese, no se informó el contenido del plan de remediación ni los plazos comprometidos y no hubo parte oficial sobre el estado ambiental del sector involucrado.Hay además una inconsistencia que la Provincia debería aclarar: el 9 de septiembre se informaron seis ceses preventivos y el 16 se levantaron ocho clausuras. O se agregaron dos medidas durante la semana, lo que sería un dato relevante que nadie comunicó, o alguien contó mal.

No es el primer episodio . La inspección del 9 de septiembre no cae en un yacimiento sin antecedentes.

En abril de 2024 murieron dos operarios en Cerro Negro y la actividad fue suspendida. A principios de enero de 2025, un incidente en el sistema de ventilación afectó a siete trabajadores. Semanas después, Newmont comunicó que no aprobaría el financiamiento de la ampliación prevista para ese año, decisión que fundó en "consideraciones relacionadas con nuestro desempeño general, definido por seguridad, productividad, costos y eficiencia".En aquel momento, el propio Gobierno provincial le advirtió a la empresa: "No vamos a permitir una tragedia más", y la intimó a optimizar sus medidas de seguridad. También le cuestionó el incumplimiento en la contratación de mano de obra y proveedores locales.Dieciocho meses después, el Estado provincial detecta vehículos sin habilitar, fallas en el transporte de sustancias peligrosas, equipos de medición de gases con problemas y un posible derrame de cianuro. A los siete días levanta las clausuras.

La lectura de los proveedores. Sobre ese fondo llega el comunicado de la Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA), que informa la participación de su presidente, Amadeo Gravino, en una reunión en Cerro Negro convocada por UOCRA Zona Norte, con representantes de Newmont, empresas y trabajadores.El texto pide "recuperar y fortalecer los espacios de diálogo para generar previsibilidad y evitar que situaciones de conflicto terminen afectando a las PyMEs santacruceñas". También sostiene la necesidad de que "los controles y las decisiones que se adopten contemplen el impacto que pueden generar sobre las empresas proveedoras, los puestos de trabajo y las comunidades vinculadas a cada proyecto".En sus ocho párrafos no menciona el operativo del 9 de septiembre, las clausuras ni el posible derrame. 

El "conflicto" cuyo eventual regreso se busca evitar es, en los hechos, el Estado provincial fiscalizando.Es justo consignar que el mismo comunicado afirma que la seguridad de los trabajadores, el cumplimiento de la normativa y la fiscalización estatal "son condiciones fundamentales para el desarrollo de la minería". Pero el pedido concreto que formula apunta en la dirección contraria: que el control pondere su costo comercial antes de aplicarse. Una cámara empresaria tiene todo el derecho a defender a sus asociados; el punto es que la defensa se formula sin nombrar una sola vez el hecho que motivó la medida.Tampoco hay una cifra en todo el texto. Ni de inversión, ni de empleo local, ni de facturación, ni de participación de proveedores santacruceños.

  Un comunicado sobre la "cadena de valor" que no informa ningún valor.Lo que costó parar y lo que deja la mina

La semana de clausuras tuvo un precio medible: cada semana de inactividad representa unas 3.900 onzas de oro que dejan de producirse y cerca de 13 millones de dólares de facturación bruta postergada. Ese es el número que explica la urgencia de la reunión del 14 y la velocidad del levantamiento del 16.Conviene ponerlo contra el otro número, el que casi nunca se publica. Santa Cruz exportó 1.293 millones de dólares en minerales durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalentes al 88,3% de todas sus exportaciones, y percibe regalías del 3%, que además no se calculan sobre el valor exportado sino sobre el valor boca mina: lo que queda después de descontar transporte, flete, seguros, trituración, molienda, beneficio, comercialización, administración, fundición y refinación, según el artículo 22 bis de la Ley nacional 24.196.Los derechos de exportación sobre los minerales están en el 0% desde el Decreto 563/2025. En toda la provincia, la minería emplea a 8.887 trabajadores registrados. En el primer trimestre de 2026, Newmont reportó a sus inversores un flujo de caja libre récord de 3.100 millones de dólares y devolvió 2.700 millones de dólares a sus accionistas.

Dicho de otro modo: una semana de clausura le cuesta a la empresa unos 13 millones de dólares brutos y todo lo que la Provincia recaudó en regalías durante cuatro meses ronda los 39 millones de dólares, calculados con el criterio más favorable posible. Sobre esa desproporción volveremos en una próxima nota.