Van por $45.000 millones de los comodorenses: el estudio jurídico que integra la concejala Lula Ferreira impulsa el reclamo contra el Municipio y apunta a Othar

 Los mismos nombres vuelven a aparecer alrededor de las arcas municipales. El titular del bufete que representa a Patagonia Argentina figura reiteradamente en reclamos contra la Municipalidad, mientras el estudio mantiene integrantes con funciones públicas: Luciana "Lula" Ferreira es concejala y Pedro Ferreira Taviansky, síndico de Petrominera. La empresa reclama 30 millones de dólares (más de $45.000 millones) por una ganancia futura que todavía deberá demostrar ante la Justicia.

Comodoro Rivadavia quedó expuesta a una demanda que, de prosperar, podría transformarse en uno de los mayores golpes económicos de su historia reciente. Patagonia Argentina, la empresa que perdió la licitación del transporte público frente a Grupo MR, anunció que reclamará 30 millones de dólares por la renta que asegura haber dejado de percibir durante los diez años de la nueva concesión.

La cifra no surge todavía de una sentencia, una pericia ni una liquidación judicial. Fue anunciada públicamente por José María Ferreira de las Casas, apoderado de Patagonia Argentina y titular del estudio jurídico familiar que lleva su apellido. El abogado también anticipó que buscará que la responsabilidad alcance al intendente Othar Macharashvili, al entonces secretario de Gobierno y a los concejales que respaldaron la adjudicación.

La conversión permite dimensionar lo que está en juego. Tomando el dólar mayorista vendedor informado por el Banco Nación para este 16 de septiembre, los 30 millones de dólares equivalen a $45.195 millones. Con la cotización minorista oficial, ascienden a $45.900 millones.

El presupuesto municipal original de 2026 fue calculado en $305.000 millones. El reclamo representa alrededor del 15% de todo lo previsto para administrar la ciudad durante un año y equivale aproximadamente al 90% de los $50.000 millones presupuestados originalmente para obra pública.

Pero hay una precisión central: la demanda indemnizatoria por esa suma todavía no aparece formalizada en el documento oficial conocido. Lo que publicó el Boletín Oficial de Chubut fue la convocatoria a una asamblea extraordinaria de Patagonia Argentina para el próximo 22 de septiembre.

El orden del día propone otorgar poderes para disponer de activos físicos, proteger los derechos que ya se encuentran judicializados y promover acciones por daños y perjuicios contra la Municipalidad y contra personas físicas o jurídicas vinculadas con la Licitación Pública 1/2025. El edicto no menciona los 30 millones de dólares ni identifica nominalmente a Othar.

Por lo tanto, lo probado hasta ahora es que la empresa prepara y autoriza corporativamente un reclamo amplio. La cifra y el señalamiento personal contra el intendente provienen de las declaraciones de su abogado. No existe todavía una condena contra el Municipio, una responsabilidad patrimonial establecida contra Othar ni una resolución que obligue a los contribuyentes a pagar ese dinero.

El conflicto comenzó con la Licitación Pública 1/2025, mediante la cual el Municipio adjudicó por diez años el servicio de transporte a Grupo MR. Patagonia Argentina cuestionó la evaluación de las ofertas y aseguró que su competidora no reunía condiciones previstas en los pliegos.

Parte del problema fue reconocida por el propio Ejecutivo. En mayo, la Municipalidad informó oficialmente que Grupo MR no había presentado de manera completa la documentación que acreditaba la propiedad o el derecho de uso de los colectivos. Por ese motivo, Othar se negó inicialmente a firmar el contrato y otorgó a la adjudicataria diez días para subsanar las faltas.

Posteriormente, el Municipio consideró cumplidos los requisitos, firmó el acuerdo y lo envió al Concejo. El 25 de junio, el contrato fue ratificado con siete votos afirmativos de Arriba Chubut y el PLICh. El bloque Despierta Comodoro se abstuvo, con la excepción de Martín Gómez, que votó en contra.

Los votos positivos se apoyaron en dictámenes de la Asesoría Letrada municipal y del propio Concejo. Grupo MR comenzó a prestar el servicio el 1° de agosto bajo la marca Sol Bus.

La empresa adjudicataria negó las irregularidades denunciadas. Su apoderado, Gastón Acevedo, sostuvo que las bases operativas cuestionadas por Patagonia no debían estar acreditadas al momento de presentar la oferta y afirmó que las garantías requeridas fueron entregadas.

Es decir, existe una controversia concreta, pero las acusaciones de favoritismo, falsedad y direccionamiento siguen siendo afirmaciones de una de las partes, no hechos establecidos por una sentencia.

El punto políticamente más sensible aparece en el estudio jurídico que conduce el reclamo. La página oficial del Estudio Ferreira de las Casas incluye entre sus profesionales a José María Ferreira de las Casas y a su hija Luciana Ferreira Mickiewicz. El perfil oficial del Concejo confirma que Luciana ejerce en el estudio iniciado por su abuelo y que ocupa una banca hasta diciembre de 2027.

La concejala reconoció el conflicto de intereses y se apartó de las votaciones vinculadas con Patagonia Argentina. Esa abstención es jurídicamente relevante y debe consignarse: no está probado que haya intervenido a favor de la empresa en la adjudicación.

Sin embargo, el cuadro institucional merece atención porque Luciana integra las comisiones de Tránsito y Transporte y de Revisión de Cuentas, Obras y Servicios Públicos, justamente las áreas que concentran el control político sobre la concesión y sus consecuencias económicas.

El cruce entre actividad profesional y funciones públicas no termina allí. La nómina del estudio también incluye a Pedro José Ferreira Taviansky. La Legislatura provincial le otorgó acuerdo en enero de 2024 para ocupar la sindicatura de Petrominera Chubut y la empresa estatal lo presenta entre sus síndicos.

Además, actualmente preside el Colegio Público de Abogados de Comodoro Rivadavia. Es decir, el estudio no sólo tiene una integrante dentro del Concejo: otro de sus abogados cumple funciones de fiscalización en una empresa pública provincial y conduce la institución que regula la matrícula profesional.

El antecedente de litigios contra la Municipalidad tampoco es una construcción retórica. El presupuesto municipal publicado a fines de 2023 incluyó dos renglones separados bajo el título "Ferreira de las Casas, José María contra Municipalidad de Comodoro Rivadavia", por varios millones de pesos.

Además, el presupuesto municipal de 2019 registró una acción de amparo iniciada por José María Ferreira de las Casas contra la MCR, expediente 826/2017. En 2023, su nombre volvió a aparecer como actor en una actuación ante el Superior Tribunal de Justicia. Esto permite afirmar que el actual no es el primer enfrentamiento judicial del titular del estudio con la Municipalidad.

El otro gran interrogante es cómo se construyeron los 30 millones de dólares reclamados. El Código Civil y Comercial admite la reparación del lucro cesante, pero exige que el beneficio esperado tenga una probabilidad objetiva de obtención y que el perjuicio sea cierto.

Patagonia Argentina deberá demostrar que fue excluida ilegítimamente, que tenía posibilidades concretas de resultar adjudicataria y que la actuación municipal provocó directamente la pérdida reclamada.

También deberá explicar si los 30 millones de dólares representan facturación bruta, utilidad neta, pérdida de oportunidad o una estimación negociadora. No es jurídicamente lo mismo proyectar diez años de ingresos que calcular diez años de ganancias después de descontar salarios, combustible, mantenimiento, renovación de unidades, impuestos, riesgo empresario y demás costos de operación.

Hasta ahora no se difundió públicamente ninguna pericia económica que permita auditar la cifra. Tampoco alcanza con que el abogado anuncie que buscará responsabilizar personalmente a Othar y a los concejales.

Para trasladar una eventual condena desde el Municipio hacia los funcionarios será necesario individualizar conductas, demostrar una actuación antijurídica y establecer una relación causal con el perjuicio. Una advertencia pública o una presentación ante el Tribunal de Cuentas no equivalen a una responsabilidad ya determinada.

El dato político, sin embargo, es inocultable. Una empresa desplazada del transporte prepara un reclamo equivalente a casi todo el presupuesto anual de obra pública de Comodoro. La representa un estudio con presencia histórica en litigios contra la Municipalidad, una de cuyas integrantes ocupa una banca en el Concejo y otro de cuyos profesionales fiscaliza una empresa estatal provincial.

Nada de eso demuestra por sí solo una maniobra ilegal. Sí eleva al máximo la obligación de transparencia. El Municipio debe publicar el expediente completo de la licitación, los dictámenes jurídicos, la documentación con la que Grupo MR subsanó sus incumplimientos iniciales y la certificación de las unidades efectivamente incorporadas.

Patagonia Argentina debe exhibir el cálculo que sustenta los 30 millones de dólares. Y el estudio jurídico debería precisar públicamente el alcance de las abstenciones y separaciones profesionales adoptadas por Luciana Ferreira.

Los comodorenses no pueden ser simples espectadores de una disputa entre empresas, funcionarios y estudios jurídicos cuando la factura potencial supera los $45.000 millones. Antes de que alguien pretenda cobrarla (o antes de que el Municipio se limite a negarla), la ciudad tiene derecho a conocer quién tomó cada decisión, con qué documentación y sobre qué números se construyó un reclamo capaz de comprometer semejante porción de los recursos públicos.