Golpe al crimen organizado en Comodoro: detenciones por el doble homicidio e impulso a la Ley Antimafia

El operativo, que incluyó 16 allanamientos en diversos sectores de las zonas norte y sur, permitió avanzar sustancialmente en el esclarecimiento del doble homicidio ocurrido el pasado 22 de abril. Como resultado de las acciones coordinadas por la División Policial de Investigaciones (DPI), tres personas fueron detenidas bajo la sospecha de ser los coautores del crimen.

La labor de inteligencia previa fue determinante para localizar el vehículo utilizado en el ataque contra Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. Con estas pruebas, el Ministerio Público Fiscal solicitó las capturas pertinentes para desarticular a grupos familiares que, según los registros judiciales, han mantenido en vilo a la comunidad local durante décadas. Durante la jornada, también se logró la detención de un hombre que permanecía prófugo desde octubre de 2025, acusado por el asesinato de Ariel Cardozo en una estación de servicio.

Nuevas herramientas legales

En el marco de estas actuaciones, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó el envío a la Legislatura del proyecto para que la provincia adhiera a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales. Esta normativa, conocida como "Ley Antimafia", busca endurecer las condiciones de detención y los procesos judiciales contra bandas organizadas. El mandatario provincial señaló que el objetivo es asegurar que los implicados y autores intelectuales permanezcan en prisión preventiva, evitando excarcelaciones rápidas que entorpezcan las causas.

Combate al narcomenudeo

Como complemento a las medidas de seguridad, se oficializó mediante decreto la creación de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo. Esta iniciativa busca redoblar los recursos y la coordinación entre las fuerzas para atacar la comercialización de estupefacientes a menor escala, un factor clave en el aumento de la violencia urbana.

Con estos cambios normativos y el resultado de los operativos en territorio, se espera que el sistema judicial cuente con facultades más amplias para investigar y sancionar de manera integral a las asociaciones ilícitas que operan en la región.