Ignacio Torres cursa su tercer año de mandato con una pérdida de poder que ni todo su aparato publicitario puede ocultar

Ignacio Torres ya no gobierna Chubut: administra su propia decadencia política. Se le fueron diputados propios, perdió la mayoría que le permitía disciplinar a la Justicia, terminó tercero en una elección que él mismo convirtió en plebiscito de su imagen, y una causa armada desde su entorno se desplomó en los tribunales. Lo espera además una denuncia por presuntas coimas millonarias que lo alcanzará sin fueros al final del mandato. Todo eso mientras las ciudades de la provincia sufren desempleo, cierre de comercios y salarios de miseria. El aparato publicitario sigue funcionando a todo vapor, pero ya no alcanza para ocultar lo que se ve a simple vista: un gobernador que pierde poder a una velocidad que ni sus propios aliados pueden disimular.

La fractura legislativa: dos diputados menos y mayoría al límite

La primera señal de ese deterioro apareció en la propia Legislatura. A mediados de febrero de 2026, los diputados Sergio González y Mariela Tamame abandonaron el bloque oficialista Despierta Chubut y conformaron un nuevo espacio denominado "Chubut Unido". La ruptura no fue impulsiva: venía gestándose desde diciembre de 2025 y terminó de estallar en medio de las tensiones entre el Ejecutivo y el sector pesquero provincial.

En un comunicado público, González y Tamame fueron lapidarios con el estilo de conducción del gobernador. Afirmaron que "a más de dos años de gestión, consideramos inaceptable que un legislador no pueda ejercer con plenitud su función", y denunciaron que la Legislatura se había convertido en "una mera escribanía destinada a certificar sin discusión las decisiones o caprichos del gobierno de turno". González fue más lejos en declaraciones radiales: sostuvo que dentro del bloque oficialista "había situaciones incómodas" y que el espacio "no lo representaba".

La respuesta de Torres fue reveladora de su concepción del poder. Lejos de buscar la contención, el gobernador declaró públicamente que ante la falta de "disciplina parlamentaria", le parecía "más sano" que los díscolos se fueran. Con esa frase selló el quiebre. La UCR de Chubut, a través de comunicados de sus comités departamentales de Trelew, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn, rechazó la ruptura y recordó que las bancas pertenecen al espacio político, no a las decisiones individuales. Pero el daño ya estaba hecho.

Con la salida de González y Tamame, el bloque oficialista quedó reducido a 14 diputados sobre un total de 27. Es decir, conserva la mayoría absoluta justa, sin ningún margen de error. Un ausente, una disidencia interna o una nueva fuga pueden convertir cualquier sesión en una derrota. La Cámara quedó fragmentada en múltiples bloques: Despierta Chubut con 14, Arriba Chubut (peronismo) con 5, Chubut Unido con 2, Primero Chubut con 2, el PLICh con 2, Familia Chubutense con 1 y el Frente de Izquierda con 1. Torres ya no manda cómodamente: sobrevive. Y en política, sobrevivir nunca es gobernar.

La pérdida de la llave del juicio político

Ese achique parlamentario tiene consecuencias mucho más profundas que una simple incomodidad numérica. En la política chubutense, el control de la Legislatura no sólo sirve para aprobar leyes: también define la capacidad de condicionar designaciones, blindar funcionarios y, llegado el caso, influir en los mecanismos institucionales más sensibles. La propia dinámica del juicio político en Chubut exige mayorías especiales en las salas de Acusar y Juzgar, y la historia legislativa reciente muestra que ese terreno se vuelve peligroso cuando un gobierno deja de controlar con holgura la Cámara.

Con 14 votos propios y sin garantía de acompañamiento de los aliados circunstanciales, el oficialismo perdió la capacidad de mover fichas en el tablero judicial con la soltura de antes. Lo que antes era una amenaza implícita -la posibilidad de activar remoción de cargos en la justicia- hoy se convierte en un bluff cada vez más difícil de sostener. Algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia, según fuentes legislativas, ya no le responden al Ejecutivo con la misma docilidad que exhibían al inicio de la gestión. La erosión del poder legislativo se traduce inevitablemente en una erosión del poder sobre la Justicia.

Ficha limpia pesquera: una ley que desnudó la debilidad

La pérdida de autoridad legislativa quedó expuesta con claridad en una de las banderas que el Ejecutivo intentó exhibir como ejemplo de "orden" y "transparencia": la llamada ficha limpia pesquera. El proyecto, tratado el 2 de marzo de 2026 en la primera sesión ordinaria del año, fue aprobado, pero lejos de lo que podría considerarse un respaldo contundente.

Según informó la propia Legislatura provincial, el proyecto obtuvo 15 votos favorables: los 14 del bloque oficialista más el acompañamiento de Mariela Williams, de Primero Chubut. El voto negativo de Arriba Chubut, de Chubut Unido -es decir, de los propios tránsfugas del oficialismo- y de los legisladores Marcelo Rubia (PLICh) y Juan Aquino (Frente de Izquierda) dejó en evidencia que la oposición rechazó la norma casi en bloque. Otros tres diputados no estuvieron presentes al momento de la votación.

Más significativo que los números fue el tono del debate. El diputado Sergio González, flamante integrante de Chubut Unido, votó en contra y en una extensa intervención denunció que la ley no era una herramienta de transparencia sino de "disciplinamiento" al sector empresario pesquero. Relató públicamente las contradicciones del Gobierno en la gestión de conflictos empresariales y cuestionó que no se hubieran incorporado las sugerencias de las cámaras del sector. Juan Pais, desde Arriba Chubut, calificó al proyecto como producto de "una pelea sectorial".

Más que una demostración de fortaleza, la votación fue una radiografía de debilidad: Torres ya no ordena transversalmente; apenas junta lo justo. Una ley empujada con toda la fuerza del Ejecutivo terminó saliendo por la mínima diferencia, en un debate atravesado por fuertes cruces y con el rechazo explícito de quienes hasta semanas antes eran parte de su propio espacio.

La derrota electoral de octubre: cuarto lugar en casa

El retroceso político se combina con una derrota electoral que sigue proyectando sombra sobre la gestión. En las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, la lista de Despierta Chubut terminó tercera. La Libertad Avanza se impuso en primer lugar, el frente peronista Unidos Podemos con Juan Pablo Luque quedó segundo a escasos votos del primero, y Ana Clara Romero, la candidata del armado de Torres, apenas alcanzó alrededor del 20% de los sufragios con unos 63.000 votos, una caída dramática respecto de los más de 108.000 que el espacio había cosechado en 2021.

No fue una derrota ajena ni delegable. Fue el resultado de una campaña provincializada, cargada de aparato, de presencia oficial y de sobreexposición del propio mandatario, que no consiguió traducirse en votos. Torres encabezó cada afiche, cada cartel, cada video en redes y cada acto que pudo financiar con la billetera del Estado. El veredicto de las urnas fue directo: mucho marketing, poco respaldo.

Las consecuencias fueron inmediatas. En el Congreso Nacional, el oficialismo chubutense quedó reducido a un solo aliado: el diputado Jorge "Loma" Ávila, que cada vez le responde menos. Con la salida de Romero y la llegada de la libertaria Maira Frías, Torres perdió presencia directa en la Cámara baja. La reconfiguración dejó al gobernador en una posición de fragilidad inédita para un mandatario que llegó al poder prometiendo representar "el cambio".

Treffinger avanza: ANSES, territorio y una caracterización demoledora

El dato más reciente llegó desde Trelew, la propia ciudad natal de Torres: Manuel Pagliaroni, ex diputado provincial radical enfrentado al gobernador, fue designado como nuevo jefe de la UDAI local de ANSES, firmado por Karina Milei. Pagliaroni venía operando como enlace de La Libertad Avanza en Chubut, "siempre con el guiño de Treffinger".

Pero César Treffinger no sólo avanzó sobre casilleros de poder: además se permitió algo todavía más hiriente para el gobernador, que es instalarle una caracterización política demoledora. El 3 de marzo de 2026, tras la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura, el diputado libertario publicó un extenso mensaje en la red social X en el que calificó la gestión de Torres como un "mamarracho" y lo acusó públicamente de "vender humo" y de "guitarrear" como si estuviera "en una peña de fin de semana entre amigos tontos".

Treffinger denunció un gasto publicitario "nunca antes visto en la historia política de Chubut" financiado con fondos de los contribuyentes, acusó al gobernador de haber abandonado la provincia por su "delirio de presidenciable", y sentenció que Torres dejó "a la educación, seguridad y salud con ingresos de miseria en Chubut". Le recordó además el resultado electoral: "Nosotros, La Libertad Avanza, ganamos en Chubut saliendo primeros. Y vos saliste tercero en Chubut y cuarto en Trelew, donde naciste, te criaste y creciste, donde más te conocen".

El golpe no duele sólo por venir de un adversario. Duele porque pega sobre una imagen que en buena parte de la provincia ya circula hace tiempo: la de un dirigente generoso en promesas, fotos y eslóganes, pero bastante más austero cuando llega la hora de cumplir.

La causa Carpintero-Severiche: una operación judicial que se cayó a pedazos

A la pérdida de iniciativa legislativa y electoral se sumó un fuerte revés judicial con altísimo impacto político: la caída de la causa contra Gonzalo Carpintero. Lo que había sido presentado como una investigación grave por una supuesta coima para boicotear el inicio del ciclo lectivo 2026 terminó estrellándose contra una decisión demoledora de la jueza Mirta Moreno.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia del secretario general de ATE Trelew, José Severiche, quien acusó al ex ministro provincial Gonzalo Carpintero de haberle ofrecido dinero a cambio de "generar un quilombo" que impidiera el normal comienzo de clases. El Gobierno de Torres no sólo dio publicidad masiva al episodio sino que se constituyó como querellante a través del Ministerio de Educación. El ministro José Luis Punta llegó a afirmar que el intento de sabotaje "involucraría a más personas".

Pero la jueza Moreno declaró la nulidad de todos los allanamientos, secuestros y requisas practicados en el caso, y ordenó devolver los celulares incautados. El fundamento fue contundente: como Severiche goza de una licencia gremial que le impide ejercer funciones en el Estado, no reviste calidad de funcionario público, requisito indispensable para que exista el delito de cohecho. La magistrada escribió en su resolución de 16 páginas que "pretender que su capacidad de movilización sindical equivale al ejercicio de una función pública administrativa es una extensión analógica prohibida por el principio de legalidad".

La defensa de Carpintero, a cargo de los abogados Federico Ruffa y Alfredo Pérez Galimberti, además recusó al fiscal Lucas Papini de la Unidad Anticorrupción, recordando que fue compañero de Torres en la Escuela 712 de Trelew y compartió equipo de rugby con el gobernador en el club Patoruzú, además de haberse desempeñado como fiscal de Estado adjunto. La proximidad del fiscal con el mandatario -dato que trascendió en todos los medios provinciales- reforzó la sospecha de que la causa no tenía sustento penal sino objetivo político.

El propio Carpintero, en su declaración ante el tribunal, denunció ser víctima de una "operación" y aseguró que Severiche fue "usado". La causa que prometía ruido político se desarmó en la base. Cuando una investigación estalla con estruendo mediático y se cae tan rápido, el efecto es doble: se desploma el expediente y se erosiona la credibilidad de quienes intentaron convertirlo en herramienta política. Torres queda así atrapado en su propio método: mucho impacto inicial, poca consistencia final.

Red Chamber: la causa que espera al gobernador sin fueros

Si la causa Carpintero-Severiche fue un papelón judicial, el expediente Red Chamber es una amenaza de otro calibre: una denuncia radicada en la Justicia de California que involucra directamente al entorno más íntimo del gobernador.

Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, una demanda presentada por la pesquera estadounidense Red Chamber ante un tribunal de California menciona que Andrés Meiszner -entonces ministro de Economía de Torres y actual fiscal de Estado- habría exigido el pago de 6,5 millones de dólares en "dinero B" (criptomonedas no rastreables) a cambio de permitir que la empresa continuara operando los activos de la ex Alpesca en Puerto Madryn. La denuncia detalla que la reunión tuvo lugar el 3 de abril de 2025 en el Hotel Alvear Icon de Buenos Aires, precisamente el establecimiento que fuentes cercanas al gobierno identifican como el centro de operaciones habitual de Torres en la Capital Federal.

Los hechos posteriores a la denuncia alimentaron la sospecha en lugar de disiparla. El gobierno de Torres rescindió el contrato con Red Chamber en septiembre de 2025 alegando incumplimientos, entregó los bienes a la española Profand, pero apenas 45 días después -en un giro que desafió toda lógica institucional- devolvió la operación a Red Chamber mediante una resolución avalada por el propio Superior Tribunal de Justicia. El acuerdo incluyó el pago de indemnizaciones estimadas en 5.000 millones de pesos con fondos públicos, sin que se hayan conocido públicamente los términos completos del convenio.

Meiszner, por su parte, rechazó categóricamente las acusaciones. Pero ni Torres ni su funcionario ofrecieron una conferencia de prensa detallada para despejar las dudas. El silencio oficial en un caso de esta magnitud -un presunto pedido de coima millonaria en criptomonedas por parte de un ministro provincial- resultó más elocuente que cualquier desmentida.

Es en este contexto donde cobra relevancia la cuestión de los fueros. Torres impulsó un plebiscito para eliminar las inmunidades de funcionarios de los tres poderes y dirigentes sindicales, que fue votado el mismo 26 de octubre junto con las legislativas. La paradoja no escapa a los analistas provinciales: un gobernador que necesita protección judicial promovió la eliminación de fueros cuando gozaba de mayoría propia. Ahora que su poder se erosiona, el final del mandato en 2027 se perfila como el momento en que causas como la de Red Chamber podrían activarse con todo su peso. El reloj corre.

Luque y Treffinger: los dos adversarios que le disputan el futuro

El escenario político chubutense de cara a 2027 ya se configuró con claridad. Torres enfrenta una pinza que lo comprime desde dos flancos bien definidos. Por un lado, Juan Pablo Luque, el ex intendente de Comodoro Rivadavia que en 2023 le disputó la gobernación con apenas 5.229 votos de diferencia. Luque ganó la interna del PJ en agosto de 2025, fue electo diputado nacional en octubre y ya se posiciona como el candidato natural del peronismo para retornar a Fontana 50. En sus intervenciones públicas ha denunciado la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en el sector petrolero de Comodoro, el cierre de más de 400 comercios y la pasividad del gobierno provincial ante el deterioro social.

Por el otro flanco, César Treffinger encarna una amenaza todavía más corrosiva porque disputa el mismo electorado que llevó a Torres al poder: el voto anti-peronista, el voto del cambio, el voto joven. El diputado libertario ya anticipó su intención de competir por la gobernación y, fortalecido por el triunfo de La Libertad Avanza en las legislativas, comenzó a colocar piezas propias en el territorio: la ANSES de Trelew es apenas el último ejemplo. Treffinger, además, cuenta con un activo que Torres ya no tiene: la identificación directa con el gobierno nacional de Milei, lo que le permite capitalizar cualquier transferencia de votos.

Torres, atrapado entre Luque y Treffinger, aparece como el actor más débil de la tríada. No tiene el respaldo electoral del peronismo, perdió la novedad del cambio frente a los libertarios, y su base propia se fisura legislatura adentro. La posibilidad de perder un escaño más en la Legislatura en abril es cada vez más fuerte, la amenaza viene en camión, los incumplimientos se pagan.

Fracaso de gestión: ciudades que sufren

El fracaso de Torres no es sólo político: es palpable en las calles de las principales ciudades de la provincia. Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Esquel y todas las ciudades del interior sufren como nunca las consecuencias de una gestión que priorizó el marketing sobre la inversión genuina.

En Trelew, la crisis de las cooperativas y el desempleo golpean duramente. En Comodoro Rivadavia, la bronca contra el gobernador no se oculta, dejó que YPF se retire mansamente sin antes asegurarse la continuidad de los puestos de trabajo y de las Pymes locales, además la emergencia del Cerro Hermitte dejó a cientos de familias sin hogar y las respuestas estructurales brillan por su ausencia. El propio Torres reconoció en su apertura de sesiones que enero de 2026 fue "uno de los meses más complejos" de la historia chubutense, entre el derrumbe y los incendios devastadores en la cordillera, pero Treffinger le reprochó que mientras la provincia ardía, el gobernador estaba más preocupado por su imagen nacional que por dar respuesta concreta a los afectados.

Esquel sufrió incendios forestales de una voracidad inédita según los propios brigadistas y enfrenta problemas recurrentes como la falta de planificación, de recursos y los magros ingresos que perciben los brigadistas. Las Pymes están fuertemente golpeadas en toda la provincia. La caída de la coparticipación real, la masa salarial que consume la mayor parte de los ingresos provinciales y una deuda en dólares que se extiende hasta 2030 configuran un cuadro financiero frágil que los anuncios de "desendeudamiento histórico" no alcanzan a maquillar.

Torres mantiene salarios de miseria en educación, salud y seguridad; comercios que cierran; trabajadores que emigran. Una provincia que genera divisas millonarias por la pesca y el petróleo pero donde los beneficios no llegan a la mesa de los chubutenses. La brecha entre el relato oficial y la realidad cotidiana se convirtió en el talón de Aquiles del gobernador.

El final cada vez más cerca

El tercer año de Ignacio Torres revela a un gobernador debilitado en todos los frentes. Perdió diputados propios. Perdió la mayoría cómoda que le permitía condicionar a la Justicia. Perdió una elección que él mismo plebiscitó con su imagen. Perdió la causa judicial que su entorno intentó usar como herramienta política. Y pierde, día a día, la narrativa del cambio que lo llevó al poder.

Los propios empiezan a mirar hacia otros lados. Los aliados circunstanciales miden costos. Los adversarios -Luque desde el peronismo, Treffinger desde el libertarismo- ya compiten entre sí por la sucesión, como si Torres fuera un dato del pasado antes de que termine su mandato. El 2027 cada día está más cerca, y con él la posibilidad de que se activen causas judiciales que hoy la investidura del cargo mantiene en suspenso.

Ni todo el aparato publicitario de la provincia puede ocultar lo que se ve a simple vista: un liderazgo en declive, una gestión que no cumplió lo que prometió y un gobernador que, entre la soberbia y el aislamiento, parece haber confundido la exposición mediática y el delirio presidenciable con el ejercicio real del poder. En la política provincial muchos ya miran hacia 2027, como si el final del ciclo hubiera empezado antes de tiempo.