Juicio oral a Guillermo Quiroga: el dirigente sindical fue absuelto por inexistencia de delito

Este miércoles al mediodía, la jueza penal de Rawson, Ana Karina Breckle, dio lectura a la sentencia absolutoria en favor de Guillermo Quiroga, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia. El fallo, que abarca los hechos investigados entre noviembre de 2019 y mayo de 2023, determinó la absolución total del dirigente al haberse alcanzado una "certeza negativa absoluta respecto a la inexistencia de delito penal".

La acusación, llevada adelante inicialmente por el fiscal general Omar Rodríguez y continuada en el debate por el fiscal general Lucas Papini, encuadraba la conducta de Quiroga como presunto autor de defraudación por administración fraudulenta (Artículo 173, inciso 7° y Artículo 45 del Código Penal). La teoría de la fiscalía sostenía que existió un perjuicio patrimonial superior a los 22 millones de pesos, producto de un supuesto desvío sistemático de fondos desde las cuentas institucionales del gremio -principalmente del Banco del Chubut- hacia cuentas personales del imputado.

Durante el juicio oral y público, los acusadores intentaron demostrar que el dinero de los aportes sindicales se utilizó para solventar gastos ajenos a los fines estatutarios, tales como resúmenes de tarjetas de crédito, compras en comercios de la zona, membresías en clubes exclusivos, viajes y transferencias a familiares. No obstante, la magistrada concluyó que tales extremos no pudieron ser acreditados y que la acusación omitió la postura oficial de la propia institución gremial.

Una víctima inexistente y cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal

Uno de los ejes centrales del fallo recayó sobre el rol de la supuesta víctima: la conducción de ATE. La jueza Breckle remarcó que, desde el inicio de la investigación, los máximos representantes del gremio manifestaron de manera consistente que el patrimonio de la asociación no sufrió perjuicio alguno.

En esta línea, la magistrada cuestionó la objetividad del Ministerio Público Fiscal, señalando que la fiscalía optó por "desconocer" la postura oficial de la entidad afectada y buscó "una víctima más cómoda a sus intereses". Al no reconocerse un perjuicio contra la asociación, la jueza coincidió con la defensa del dirigente -ejercida por el abogado Edgardo Oscar Romero Bruno- en que "no hay víctima y por ende no hay delito", procediendo de este modo a la absolución.

Asimismo, Breckle aclaró que la carga de la prueba recaía estrictamente sobre los acusadores y no sobre el imputado, recordando que constitucionalmente Quiroga tenía el derecho de no declarar ni justificar sus gastos ante la fiscalía, debiendo rendir cuentas únicamente ante los afiliados o el Consejo Directivo Nacional si estos lo requirieran.

Cuestionamientos a la pericia y al nivel de vida

La resolución judicial también desestimó el análisis financiero presentado por los acusadores. La jueza calificó de "sesgado" el direccionamiento de la pericia contable, la cual -según indicó- buscó forzar un número para sostener una presunta defraudación en lugar de buscar objetivamente la verdad.

Del mismo modo, el fallo consideró erróneo el punto de partida del fiscal al presumir que los ingresos legítimos de Quiroga se reducían únicamente a su sueldo en el Ministerio de Salud, omitiendo que no existía prohibición para percibir otros ingresos. Tras evaluar los resúmenes de tarjetas de crédito de los últimos cuatro años, la magistrada determinó que los consumos reflejaban el flujo de vida de una persona sin excesos y limitados al pago de servicios regulares.

El tribunal también ponderó los testimonios de empleados bancarios y del secretario de Finanzas de ATE Nación, De Gennaro, quienes confirmaron que la estructura del sindicato mantiene un sistema de control cruzado en sus cuentas.

Una denuncia con trasfondo político

Finalmente, el fallo apuntó contra la denunciante y dirigente gremial Claudia Barrionuevo, señalando que su intento de desligarse de los movimientos de cuentas alegando no tener licencia gremial no la eximía de su responsabilidad directa como secretaria de Finanzas, área encargada de la administración de los fondos sociales.

En el tramo final de su resolución, la jueza Breckle respaldó los argumentos de la defensa al concluir que la denuncia que originó la causa "fue armada, falsa y con una finalidad específica que en definitiva era desprestigiar a un contrincante de la política gremial, candidato en las elecciones de ATE período 2023-2027".