¿La Ley Bases puede seguir vigente luego del escándalo Kueider?

La expulsión del senador Edgardo Kueider debe ser el punto de partida para, primero, saber qué otros legisladores vendieron sus votos y bancas, y luego para avanzar en la anulación de la Ley Bases. Esa que, a esta altura, queda claro que solo pudo aprobarse por la compra de voluntades, entre otras la del legislador entrerriano detenido en Ciudad del Este (Paraguay) con 200 mil dólares negros.

La reacción del gobierno fue esclarecedora ya que, luego del intento de despegarse de Kueider, el propio presidente Javier Milei, se ocupó de sembrar dudas en la validez de la sesión.

"El Estado que quiero destruir soy yo"

Desde Italia, Milei aseguró que la expulsión no era legal porque la vicepresidenta Victoria Villarruel, en lugar de presidir el Senado debía estar a esa hora a cargo del Ejecutivo. Lo hizo en tono preocupado por lo institucional y en defensa de una independencia de poderes que este año de gobierno, con vetos y declaraciones mediante, poco le importó y cultivó.

Antes de eso, en el streaming del Gordo Dan, Milei con inentendibles risas, en función de la magnitud y alcance de la cita, había asegurado que "Roma no paga a traidores". El mensaje tenía varios destinatarios: el propio Kueider -que al gobierno le conviene que siga lejos y sobre todo callado-, a Victoria Villarruel, al bloque del senado, y a todos los que se muevan de lo establecido y acordado.

Para ratificar su modo emperador, en una de las conferencias que dio en Roma, Milei no solo recordó que era el topo destruyendo al Estado que aborrecía, también dijo que el que pretenda tener agenda propia será expulsado. Todo en línea a la idea de Libertad que este gobierno dice defender mientras la manosea, encorseta y persigue.

Nadie dijo nada

Es notorio cómo en lugar de cuestionar qué pasó con aquel voto de Kueider, el que permitió que Victoria Villarruel desempate y apruebe la Ley Bases, lo que se objeta es este teórico doble rol y función de la vicepresidenta.

La propia Villarruel informó que el escribano de Gobierno recién le notificó el viaje del presidente a las 19 horas. A eso hay que sumarle que en la sesión nadie objetó la conducción de la misma en la que, además, a diferencia de lo sucedido en la Ley Bases no votó. Con lo cual parece más un gesto desesperado de salvar al senador que una preocupación institucional.

El miedo a los carpetazos

Desesperados por la situación, sin argumentos y sin muñeca política, antes de la votación, el oficialismo pidió un sugestivo cuarto intermedio. Según relató el titular de Unión por la Patria, José Mayans, los libertarios hicieron el último y lastimoso pedido para que se avance en la suspensión de Kueider en lugar de su expulsión. El argumento más potente, siempre de acuerdo a lo dicho por Mayans, fue el miedo a los carpetazos que podrían sobrevenir desde la SIDE y las redes que maneja Santiago Caputo.

En el regreso al recinto, el titular del bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, desencajado aseguró que, como no daban los dos tercios para la suspensión, sumaban sus votos a la expulsión. Lo mismo hizo la mayoría del PRO y en principio Carlos "Camau" Espínola. El ex atleta olímpico, otro de los senadores sospechados de haber vendido sus votos en leyes trascendentales para el oficialismo, luego pidió la reconsideración.

El problema no es vender votos sino ser kirchnerista

Los tres senadores por Chubut, una vez más, se expresaron de manera diferente. En realidad, como sucedió en otras ocasiones, quien desentonó fue Andrea Cristina, que fue la única legisladora de la provincia en la Cámara Alta que votó en contra de la destitución.

Carlos Linares de Unión por la Patria y Edith Terenzi (UCR) y del interbloque Provincias Unidas, que también integraba Kueider y preside Camau Espínola, votaron por la expulsión.

Cristina fue uno de los seis votos negativos a la expulsión, contando el reconvenido de Espínola. La senadora, a diferencia del resto del PRO, se mantuvo en la suspensión. Luego, en parte de prensa, justificó su postura "en el debido proceso" pero también en que no podía facilitar que la banca sea ocupada por una kirchnerista.

El mismo antidemocrático razonamiento tuvo el salteño Juan Carlos Romero y la propia vicepresidenta, cuando lamentó el efecto directo de la expulsión. Una vez más esa pertenencia política es vista como un delito, ignorando que la representación es legítima y resuelta por el pueblo de cada provincia cuando vota a sus senadores.

Ninguno de esos senadores/as recordaron que el expulsado, al cambiar su voto dejó con una banca menos a su bloque original que era el de Unión por la Patria. Lo mismo que hicieron los otros tres apuntados desde la votación de la Ley Bases: el mencionado Camau Espínola y los senadores por Misiones de Innovación Federal, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut,

Más casta, no se consigue

Con Kueider ahora expulsado, la pregunta insistimos no debería hacerse sobre la validez o no de la sesión, sino si la Ley Bases, aprobada en función de la compra de votos, puede seguir vivita y coleando.

La preocupación real, si se quiere sanear al Congreso y a todo el sistema, debería pasar por avanzar en la ruta del dinero para confirmar quién le dio esa y tal vez otras mochilas con los dólares al senador. Esa preocupación, claro está, no la comparten quienes compraron esos votos con prácticas que, en sus discursos, por inteligencia artificial y redes, dicen combatir.

En definitiva, algunos entienden que no hay nada más casta que un senador comprado para sostener cambios legislativos que van a contramano de los derechos de los argentinos para beneficiar a otros integrantes de la casta. Sin embargo, parece, que cada vez es más claro que para Milei y los suyos la casta no es esa sino los trabajadores y jubilados, a quienes se les sigue cargando sobre sus espaldas otras mochilas. Unas que contienen ajuste y más ajuste.