Pilar Pérez fue premiada por su investigación sobre el genocidio de los pueblos originarios en Guatemala

La investigadora Pilar Pérez fue distinguida por un trabajo sobre el genocidio cometido contra los pueblos originarios de Guatemala durante la década de 1980. La premiación la tomó por sorpresa, ya que no había presentado personalmente su investigación en ninguna convocatoria.

"Normalmente, en los premios uno se suele postular y yo no había postulado para nada. No lo estaba esperando, así que fue una grata sorpresa", contó en diálogo con ABC Radio, por FM Records.

Una investigación basada en testimonios de sobrevivientes

Pérez explicó que el trabajo comenzó en 2024, cuando realizó una pasantía en un importante archivo ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí se conservan testimonios audiovisuales relacionados con diferentes genocidios ocurridos en el mundo.

La investigadora trabajó con un conjunto de aproximadamente 600 entrevistas realizadas por el Equipo de Antropología Forense de Guatemala durante las primeras excavaciones de fosas comunes.

"Fue en el momento en que la gente empezó a hablar de lo que había sucedido en el contexto de la dictadura de Efraín Ríos Montt", explicó.

Si bien ya existían investigaciones sobre la cantidad de víctimas, las violaciones contra las mujeres y otros crímenes cometidos durante ese periodo, Pérez decidió abordar un aspecto menos estudiado: qué ocurrió con los territorios después de las masacres.

"Había mucho trabajo sobre las víctimas y sobre cómo habían sufrido los crímenes, pero no sobre lo que había sucedido con el territorio. Eso es lo novedoso y por eso me dan el premio", señaló.

Aldeas arrasadas y un millón de desplazados

A partir de los testimonios analizados, Pérez identificó una sucesión de políticas destinadas a destruir la forma de vida de las comunidades indígenas.

Según explicó, primero se arrasaron las aldeas y se asesinó a hombres, mujeres, niños y ancianos. Posteriormente, los sobrevivientes fueron trasladados a nuevos asentamientos organizados bajo un modelo que impedía mantener sus prácticas culturales, económicas y sociales.

"No hubo una única política de Estado que atacara a las poblaciones originarias, sino una sucesión de políticas que apuntaron a destruir la vida de las aldeas", sostuvo.

El proceso dejó aproximadamente un millón de personas desplazadas, sobre una población total de siete millones de habitantes. Además, unas 600 aldeas fueron completamente arrasadas y posteriormente reestructuradas.

Racismo e intereses económicos

Consultada sobre las razones por las que este genocidio es poco conocido en el resto del continente, Pérez señaló al racismo como una de las principales causas.

"Los muertos y los desplazados eran mayoritariamente población indígena. No se les dio la importancia o la credibilidad necesaria cuando se revisaron los crímenes", afirmó.

La investigadora explicó que el desplazamiento de las comunidades también estuvo vinculado con proyectos económicos que buscaban transformar el uso de las tierras.

Entre ellos mencionó la privatización territorial, la construcción de una represa hidroeléctrica, la reconversión de la economía agrícola y el posterior avance de la explotación minera.

Pérez advirtió que detrás del proceso genocida existía una mirada que presentaba a los pueblos originarios como un obstáculo para el desarrollo.

"Se sigue manteniendo ese sesgo racista de entender a la población indígena como atrasada, contraria al desarrollo económico y a la modernización de un país", expresó.

Finalmente, destacó que también existieron procesos de resistencia protagonizados por sobrevivientes de distintas aldeas y pueblos originarios, quienes debieron reorganizarse y refugiarse en zonas selváticas para subsistir.