Reparos contra la nueva Ley de Salud Mental que pretende el gobierno nacional

Profesionales ven como un "retroceso" en materia de derechos para las personas con padecimiento mental las modificaciones que propone Javier Milei en la Ley Ómnibus enviado al Congreso. 

"Son sutiles modificaciones que se constituyen en claros retrocesos a un modelo de abordaje ya superado, y que ha significado en el pasado la vulneración de derechos de muchas personas". 

Gabriela Fiel Martinez, lic. en Psicología, respondió a AbcDiario sobre la propuesta de modificaciones del gobierno nacional a la actual Ley de Salud Mental. Fiel Martinez detalló las diferencias entre la ley actual y la propuesta de cambios, expresando su preocupación por alteraciones que, aunque sutiles, afectarían el espíritu original de la ley aprobada por ambas cámaras, que además se apoya en tratados internacionales de Derechos a los que la Constitución Nacional adhiere. Especialmente en lo que respecta a la desmanicomialización y en la desjudialización. 

Las modificaciones propuestas a la Ley, amplía los criterios de las internaciones involuntarias. 

Al respecto, la licenciada explicó que "actualmente, cuando un equipo interdisciplinario indica la internación sin consentimiento del usuario es porque evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros por una problemática de salud mental. Una vez indicada, en tanto se trata de una privación de la libertad, se informa al Juez y al Órgano de Revisión para que controlen la misma y que no se prolonge por motivos diferentes al estado de Salud". 

La modificación que pretende imponer el gobierno nacional, amplia los criterios pudiendo internar a una persona: "Cuando no logre adherencia a abordajes ambulatorios; por pedido de ambos padres a menores que presenten una adicción; o cuando habiendo cesado el riesgo cierto e inminente no cesen las causas de la internación". 

En este punto, Gabriela Fiel Martínez sostuvo que además de ampliar los motivos de internación INVOLUNTARIA de una persona, también facilita la prolongación de la misma en el tiempo. Y mostró su preocupación por un punto clave que es la decisión legal por encima del criterio sanitario: "La ley vigente señala que la persona internada involuntariamente -por criterio médico- o su representante legal, tiene derecho a designar un abogado y que éste puede oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento". 

La nueva normativa dice, en cambio que el abogado podrá ´oponerse a la internación o a la externacion y solicitar la medida que terapéuticamente sea más adecuada´ dejando en manos de judiciales criterios sanitarios". 

En esta línea de judicialización de la salud, la psicóloga indicó que "la nueva ley podría permitir que un juez ordene primero la internación de una persona para ser evaluada luego por un equipo interdisciplinario, con lo cual se invierte la lógica: primero interno involuntariamente y luego un equipo profesional evalúa". 

En este punto es importante destacar que la actual Ley permite el traslado involuntario de personas cuando la situación lo amerita para evaluación por equipo interdisciplinario por parte de un Juez o por parte de equipos de salud, pero la internación es decidida en todos los casos por un equipo interdisciplinario. 

¿Regreso de los manicomios? 

Otro de los cambios polémicos que se pretenden establecer es el regreso de instituciones monovalentes o manicomios. 

Al respecto, Fiel Martínez destacó que la "ley que rige actualmente prohíbe la creación de nuevos manicomios y dicta la creación de instituciones llamadas intermedias, con apoyos adecuados para que las personas puedan llevar adelante la rehabilitación o la continuidad de cuidados en entornos comunitarios con la mayor inclusión posible, sin aislarlas como se hacía anteriormente en lo comúnmente llamado manicomios". 

"Esto -continuó- facilita la atención y el cuidado de las personas al evitar las internaciones prolongadas e innecesarias que conllevan en todos los casos a pérdida de capacidades y un deterioro mayor que la propia enfermedad". 

"Cuando en la modificatoria del artículo 28º se habla sobre dónde deben realizarse las internaciones y se pasa de ´los hospitales generales´ a ´instituciones adecuadas´, sin lugar a dudas abre camino instituciones monovalentes y a las comunidades terapéuticas cerradas", reconoció. 

"Todo esto -advirtió- sumado a la facilidad con la que pueden distintos actores solicitar las internaciones involuntarias y las "demoras" permitidas a las externaciones, se concluye que las sutiles modificaciones se constituyen en claros retrocesos a un modelo de abordaje ya superado, y que ha significado en el pasado la vulneración de derechos de muchas personas con o sin padecimiento mental". 

Por último, se mostró preocupada porque el articulado "modifica también la conformación del Órgano de Revisión, que es la entidad que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de los usuarios de los servicios de salud mental, dejando fuera al Ministerio de Salud, a la Defensa Pública, a movimientos de usuarios, voluntarios y familiares de salud mental, entre otros, y reduciéndolo a un equipo interdisciplinario". 

"La actual Ley Nacional es una Ley modelo, que nunca se ha podido implementar completamente porque no ha sido financiada adecuadamente. No se requiere de una vuelta atrás en materia de derechos para las personas con padecimiento mental, sino un Estado que garantice la conformación de los dispositivos adecuados con base en la comunidad y la capacitación de los agentes sanitarios para su implementación", sentenció.