Tras un allanamiento, analizan canjear más de 1.200 litros de alcohol por alimentos para un comedor

El jefe de la Comisaría de Kilómetro 8, Hugo Morales, brindó detalles del allanamiento realizado el pasado sábado en una vivienda del IPV del barrio Edisur, donde la Policía secuestró una importante cantidad de bebidas alcohólicas que presuntamente eran comercializadas de manera clandestina.

Según explicó en diálogo con ABC Diario, la investigación se inició tras detectar movimientos compatibles con la venta ilegal de alcohol durante horarios nocturnos y madrugadas.

"Se realizó una orden de allanamiento en una vivienda del IPV porque teníamos conocimiento desde hace un tiempo de que se estaba vendiendo bebida alcohólica de manera clandestina", indicó.

Morales señaló que la sospecha fue corroborada mediante tareas de observación realizadas por personal policial durante varios fines de semana. "Se detectó que había un domicilio donde se vendía bebida alcohólica a través de una ventana", precisó.

Con esa información, se solicitó una orden de allanamiento que fue avalada por el Tribunal de Faltas N° 3 y posteriormente autorizada por el juez penal Mariano Nicosia.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron una importante cantidad de mercadería almacenada en distintos sectores de la vivienda. Según detalló el comisario, el inmueble contaba con una ampliación utilizada como comercio y estaba equipado con balanza, caja registradora, posnet y heladeras exhibidoras.

"Llama la atención que la gente no ingresaba al local comercial a comprar, sino que lo hacía a través de una ventana", comentó.

Además, explicó que en la cocina, habitaciones y otros sectores de la propiedad había cajas de vino, cerveza y licores, junto a varias heladeras cargadas con bebidas alcohólicas.

Como resultado del operativo se secuestraron aproximadamente 1.213 litros de alcohol.

Respecto al destino de la mercadería incautada, Morales reveló que se analiza la posibilidad de canjearla por alimentos no perecederos, leche y otros productos destinados a un comedor comunitario.

"Tenemos que pedir autorización primero al Tribunal de Faltas y hablar con el juez penal que emitió la orden de allanamiento para ver si es viable y posible", explicó.

El jefe policial recordó que una experiencia similar se realizó el año pasado con bebidas secuestradas en distintos procedimientos. En aquella oportunidad, los productos fueron intercambiados por mercadería que luego fue entregada al comedor y merendero Faro.

No obstante, aclaró que en este caso interviene una causa judicial y que cualquier decisión deberá contar con las autorizaciones correspondientes. "Hay que hacer otras cuestiones para que no haya ningún tipo de reproche después y quede todo bien claro", concluyó.