Ultimátum judicial al Gobierno provincial: 72 horas para garantizar carne en las viandas de las cárceles de Trelew
Tras meses de denuncias por la pésima calidad de la comida en las dependencias penitenciarias, el juez Marcelo Nieto Di Biase intimó al Ejecutivo chubutense a destrabar de inmediato la compra de proteína para los internos.
La crisis por el menú tras las rejas llegó a un punto de quiebre. En una candente audiencia concretada en los tribunales locales, la Justicia fijó un plazo límite e imponderable de 72 horas para que el Gobierno de Chubut concrete la adquisición de una partida de carne roja destinada a reforzar la deficiente dieta de los detenidos en la Alcaidía Policial y el Instituto Penitenciario Provincial (IPP).
El fallo responde a un hábeas corpus colectivo impulsado por la Defensa Pública en representación de los reclusos, quienes siguieron el debate en vivo a través de Zoom. Las quejas por la comida no son nuevas: se arrastran formalmente desde marzo. Según reportes del médico forense Diego Rodríguez Jacob y defensores oficiales, el menú diario carece de los niveles proteicos indispensables, una carencia crítica para aquellos reos que atraviesan tratamientos médicos complejos.
Durante la audiencia, el propio magistrado Nieto Di Biase rememoró sin tapujos una inspección sorpresa que realizó a la Comisaría Primera para probar el plato del día. "No parecía demasiado agradable y lucía como carne rallada", graficó el juez sobre unos fideos servidos a los reos, lamentando que el problema sea crónico y la solución no aparezca.
En el centro de las críticas quedó la empresa Cook Master, proveedora contratada para elaborar las viandas. El defensor público Sergio Rey advirtió que la continuidad de la firma "no da para más" debido al progresivo e insostenible deterioro del servicio. "La paciencia se agota; se agravaron las condiciones de detención", recriminó Rey, señalando además que las viandas solo mejoraban de "fachada" los días de inspección.
Por su parte, el subsecretario de Justicia, Rodrigo Miquelarena, reconoció que la firma proveedora había recortado arbitrariamente la cantidad de proteínas el último mes. Como respuesta de emergencia, la provincia inició un expediente administrativo para comprar un refuerzo de carne.
Aunque catalogó la compra de carne como un remiendo transitorio, el magistrado consideró oportuno el compromiso, advirtiendo con agudeza que defender las viandas de los presos puede resultar una medida "odiosa" para una sociedad golpeada por la crisis económica, pero recordó un principio ineludible: los detenidos están bajo la absoluta tutela y responsabilidad del Estado.
La cuenta regresiva ya comenzó. El próximo lunes a las 10:00 se celebrará una nueva audiencia donde se comprobará si el Poder Ejecutivo acató el ultimátum o si el conflicto sumará un nuevo capítulo judicial.