YPF decidió sin preguntar: la entrega de bienes históricos que nadie en Comodoro votó ni se enteró
El histórico edificio de Kilómetro 3 y decenas de inmuebles vinculados a la industria petrolera fueron transferidos al Gobierno de Chubut en una decisión unilateral de YPF. La comunidad comodorense se enteró anoche por los medios. Comodoro se reagrupa y analiza avanzar con una declaración de utilidad pública. El fallido intento de personificar un reclamo legítimo de una ciudad marcada por el sacrificio.
YPF tomó una decisión que sacudió a Comodoro Rivadavia de punta a punta. Sin consulta previa, sin participación ciudadana y sin ningún debate público, la compañía que dirige Horacio Marín transfirió al Gobierno del Chubut tierras e inmuebles históricos ubicados dentro del ejido urbano, valuados en más de 60 millones de dólares. La comunidad que construyó ese patrimonio durante más de un siglo se enteró anoche por los medios y los referentes políticos de Comodoro que saltaron con el cuchillo entre los dientes.
El acuerdo, cerrado entre YPF y el gobernador Ignacio Torres, incluye el edificio histórico de Kilómetro 3, sede emblemática de la administración central de la empresa desde 1917, terrenos vinculados a clubes deportivos y sociales, y decenas de propiedades diseminadas por el barrio General Mosconi y otros sectores de la ciudad. El paquete total para Chubut supera los 85 millones de dólares, según informó el propio Gobierno provincial.
Lo que ningún funcionario explicó es por qué esa negociación se cerró a espaldas de la ciudad que aportó trabajadores, recursos naturales y riqueza durante más de cien años al crecimiento de YPF y que todavía sufre los pasivos ambientales de una ciudad impactada por la actividad hidrocarburífera. La decisión unilateral de la empresa de mayoría estatal dejó a Comodoro ante un hecho consumado, obligándola a reclamar lo que considera propio desde una posición de debilidad.
El símbolo de la identidad petrolera
El edificio de Km 3 no es un inmueble más. Construido en 1917 con piedra del cerro y diseño neoclásico, fue levantado por la Dirección General de Explotación de Petróleo como símbolo de solidez institucional. Desde sus salas, el general Enrique Mosconi organizó el crecimiento de la industria petrolera argentina en la década de 1920. Está declarado Bien de Valor Patrimonial con el máximo grado de protección por Ordenanza Municipal.
Alrededor de ese edificio se organizó durante décadas la vida de un barrio y de una ciudad entera. La proveeduría de YPF, el Hospital Alvear, las gamelas, la usina eléctrica y las escuelas del yacimiento conformaron un ecosistema urbano que convirtió a Comodoro en la capital nacional del petróleo. Todo eso nació en Km 3 y todo eso está en juego en esta disputa.
El propio CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, había planteado en conversaciones previas con el intendente Othar Macharashvili la posibilidad de instalar un Museo Nacional de YPF en ese edificio. Sin embargo, la cesión a la Provincia dejó esa propuesta en suspenso y abrió una incógnita sobre el futuro de un edificio que es, antes que nada, patrimonio histórico nacional.
El arco político de Comodoro, unido frente a la decisión de YPF
La reacción en Comodoro fue inmediata y transversal. El diputado nacional Juan Pablo Luque fue el primero en alertar lo que minutos después iba a ser ratificado por el intendente: los de afuera se querían quedar con los bienes de YPF que son de los comodorenses.
"No se puede permitir que, además del abandono, ahora pretendan disponer de un patrimonio construido con el esfuerzo de generaciones de comodorenses", dijo el exintendente, quien propuso impulsar una Acción Declarativa de Certeza junto al bloque de concejales de Arriba Chubut, para blindar judicialmente esos bienes frente a cualquier transferencia que no contemple la participación ciudadana.
El intendente Othar Macharashvilli salió casi a la par y calificó la medida como "una nueva falta de respeto" de YPF y cuestionó que decisiones de esa magnitud se tomaran ignorando el vínculo histórico, social y cultural de esos bienes con la comunidad. "Comodoro fue el corazón productivo de YPF. Generaciones enteras de trabajadores construyeron desde esta ciudad una parte fundamental de la historia energética argentina", afirmó.
También el senador Carlos Linares se expresó públicamente, pidiendo que todos los bienes pasen a manos del municipio y de los habitantes de Comodoro Rivadavia.
Una voz de gacetilla
Quién salió a defender la posición de Provincia fue Federico Ponce. En lugar de explicar por qué el acuerdo con YPF se cerró sin consultar a Comodoro, el ministro de Hidrocarburos salió a atacar directamente a Macharashvili y a Luque. El titular de la cartera hidrocarburífera buscó que el reclamo de la ciudad se trate de convertir en una disputa entre dirigentes y así evitar la pregunta incómoda que ningún funcionario provincial quiere responder.
El ministro afirmó que el acuerdo garantiza que los bienes sean para "los clubes de barrio, las asociaciones vecinales y las familias", y acusó a sus adversarios de querer los inmuebles para "hacer más oficinas, generar más cargos" y enriquecerse.
Lo que Ponce eligió no decir es tan revelador como lo que dijo. No explicó por qué la Provincia negoció sin dar participación al municipio. No aclaró con qué criterio esos bienes debían ir a la órbita provincial antes que a la comunal. Y no respondió por qué una decisión de esa magnitud no mereció, al menos, una audiencia pública en Comodoro Rivadavia. Esas preguntas siguen sin respuesta.
Una ciudad que reclama lo que le pertenece
El reclamo de Comodoro no es corporativo ni caprichoso. Es la expresión de una comunidad que durante más de cien años entregó su territorio, su subsuelo y su gente para que YPF se convirtiera en el símbolo energético de la Argentina. "Comodoro le dio a YPF sus trabajadores, sus recursos y gran parte de la riqueza que convirtió a la compañía en lo que es hoy. Sin embargo, una vez más, las decisiones se toman lejos de esta tierra", señaló Macharashvili.
El municipio evalúa mecanismos legales, incluida la posibilidad de avanzar con declaraciones de utilidad pública que podrían derivar en expropiaciones si las negociaciones no prosperan. Luque, por su parte, insiste en que el proceso de decisión sobre el futuro de esos activos debe incluir a representantes barriales, a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, al Concejo Deliberante y al Ejecutivo Municipal.
"El destino de esos bienes debe ser decidido por la comunidad y en beneficio de la comunidad", remarcó Luque. La Provincia del Chubut, por ahora, parece tener otra idea.

