Santiago Peña quedó detenido tras ser destituido y deberá declarar ante la Justicia en Paraguay
El Senado paraguayo removió por unanimidad al mandatario en un juicio político por mal desempeño de sus funciones, en medio del escándalo financiero de Ueno Bank. La Fiscalía ordenó su arresto por presunta lesión de confianza y otros delitos. Su sucesor, Pedro Alliana, ya asumió la Presidencia.
La crisis política y financiera de Paraguay tuvo un desenlace histórico este viernes 6 de noviembre. Santiago Peña fue destituido de la Presidencia por decisión unánime del Senado y, apenas minutos después, quedó detenido por orden de la Fiscalía en el marco de la investigación por el escándalo de Ueno Bank.
El exmandatario fue notificado de la medida en su residencia particular de Asunción, donde deberá permanecer bajo arresto domiciliario hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público. La investigación está a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción y contempla presuntos hechos de lesión de confianza y otros delitos.
La detención se concretó durante la misma noche en que el Congreso avanzó con la sucesión presidencial. Pedro Alliana, quien hasta entonces se desempeñaba como vicepresidente, juró como nuevo jefe de Estado y quedó al frente del Gobierno paraguayo.
La jornada legislativa comenzó por la mañana con la sesión del Senado que debía resolver el juicio político contra Peña. La acusación apuntaba al presunto mal desempeño de sus funciones en medio de la crisis bancaria y las denuncias por el manejo de fondos vinculados a Ueno Bank.
Durante su intervención, el mandatario defendió su gestión y aseguró que los ciudadanos afectados por el descalabro financiero recibirían una compensación. También manifestó su intención de evitar una mayor división política en el país.
A las 18.51, los 44 senadores presentes votaron a favor de su destitución. La resolución lo declaró culpable de mal desempeño de sus funciones y dispuso su separación inmediata del cargo.
El resultado fue contundente: ninguno de los legisladores presentes respaldó su continuidad. De esta manera, Peña se convirtió en el segundo presidente paraguayo elegido democráticamente que fue removido mediante un juicio político desde el final de la dictadura de Alfredo Stroessner.
El antecedente más cercano es el de Fernando Lugo, destituido en junio de 2012 después de un proceso político que también generó repercusiones internacionales.
La salida de Peña del poder tuvo consecuencias judiciales inmediatas. Una vez que perdió la inmunidad asociada a su cargo, la Fiscalía dispuso su detención en el marco de la causa penal que investiga presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank.
La orden establece que el expresidente permanezca bajo arresto domiciliario hasta su comparecencia ante las autoridades del Ministerio Público. Según informó el diario paraguayo ABC Color, Peña debía presentarse ante los fiscales este sábado a las 11.
La investigación también alcanzó a Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central del Paraguay, cuya detención fue ordenada en el mismo expediente. Carvallo había renunciado a su cargo días antes, luego de que se profundizara la crisis alrededor de la entidad bancaria.
Es importante señalar que la detención se enmarca en una investigación penal por presuntos delitos y no constituye, por sí misma, una condena judicial.
El origen del conflicto se encuentra en la resolución de Ueno Bank, una entidad financiera cuya situación de solvencia derivó en una intervención y en medidas que afectaron a sus clientes.
La crisis provocó la inmovilización de depósitos y dificultades para acceder a los ahorros y realizar pagos. La situación generó preocupación entre miles de familias y empresas, además de protestas y reclamos para obtener respuestas de las autoridades.
Las denuncias también apuntaron a la relación entre la entidad financiera y el Gobierno de Peña. Entre los cuestionamientos se encuentran los fondos públicos que habrían llegado al banco y las decisiones de los organismos encargados de supervisar su funcionamiento.
De acuerdo con Associated Press, la crisis afectó a más de un millón de personas. La cobertura del seguro de depósitos alcanzaría al 97% de los clientes, según información del Banco Central paraguayo citada por la agencia.
En ese contexto, el caso dejó de ser exclusivamente un problema financiero y se transformó en una crisis institucional que terminó con la salida del presidente.






