Economía

Crisis en la industria del caucho: tras 30 años, cerró la fábrica Gomas Gaspar

La histórica planta cordobesa cesó sus actividades dejando a 40 familias en la calle. El gremio SOCAYA denuncia que el dueño desapareció tras pedirles a los empleados que trabajaran "en negro" con promesas de pago incumplidas.

El histórico barrio de San Vicente se encuentra conmocionado tras el cierre definitivo de Gomas Gaspar, una fábrica con tres décadas de trayectoria dedicada a la producción de suelas y bases de goma para las principales marcas de calzado del país. La decisión empresarial dejó un saldo de 40 trabajadores despedidos, quienes hoy se encuentran en una situación desesperante: sin cobrar haberes atrasados, aguinaldos ni las indemnizaciones correspondientes.

Desde el Sindicato Obrero del Caucho, Anexos y Afines (SOCAYA), el delegado regional Arturo Pitkard describió un panorama de absoluta desolación. Según el gremio, la firma -propiedad del ingeniero químico Rodolfo Polero- ya presentaba dificultades financieras que se profundizaron por la caída del consumo interno y la presión de los productos importados, un escenario que resuena con las recientes advertencias de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Promesas rotas y trabajo informal

La denuncia gremial apunta a una maniobra que los trabajadores califican como una "estafa moral". Tras el envío de los telegramas de despido, el dueño les habría pedido a sus empleados -algunos con más de 20 años de antigüedad- que continuaran trabajando bajo la modalidad de "negro" para intentar reactivar la planta, con la promesa de saldar las deudas salariales.

"Los trabajadores aceptaron, quisieron poner el hombro porque lo conocían de hacía casi tres décadas. Pero no les pagó nada", detalló Pitkard. Poco después, el empresario desapareció: "El dueño dejó solos a sus empleados, gente que tiene familia y no le importó nada. La compañía está concursada y nadie atiende al personal; no hay a quién reclamar", lamentó el representante sindical.

Historias detrás del cierre

La situación golpea con especial dureza a familias con necesidades urgentes. Es el caso de Fabián Córdoba, con 18 años de antigüedad, cuya esposa requiere medicación mensual de $250.000 tras perder la movilidad hace seis años. Sin sueldo ni cobertura social, depende hoy de la ayuda de sus hermanos para subsistir.

De manera similar, Carlos, otro empleado con 13 años en la fábrica, espera un hijo mientras sostiene a otros tres menores de edad. "Teníamos que venir a trabajar acá y después salir a hacer changas porque no nos daba ni un peso. Es impresionante la impunidad", relató con indignación.

El conflicto permanece estancado ante la falta de interlocutores por parte de la empresa, mientras las 40 familias exigen que la Justicia intervenga para garantizar el cobro de lo que legítimamente les corresponde tras toda una vida dedicada a la fábrica.

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