De condenado a demandante: Jones Huala exige una indemnización millonaria por 63 días de prisión ilegal

Facundo Jones Huala pasó de condenado a demandante. Con el patrocinio de los abogados Samuel Alarcón Velásquez y María Rivera Iribarren, inició una acción judicial para reclamar una indemnización superior a los 100 millones de pesos por los 63 días que permaneció privado de su libertad después de haber agotado la pena que debía cumplir.

El reclamo está dirigido contra el Fisco de Chile y equivale a poco más de 100 mil dólares. La demanda se apoya en una resolución de la propia Corte Suprema trasandina, que en agosto de 2024 consideró ilegal la prolongación del encierro y ordenó su liberación inmediata. El máximo tribunal estableció que la condena había quedado agotada el 14 de junio de ese año, pero Jones Huala continuó preso hasta que se resolvió el recurso de amparo presentado por su defensa.

La discusión no reabre la causa por la que fue condenado ni pone en duda aquella sentencia. El planteo se concentra exclusivamente en lo sucedido después de que, según la Corte, terminó legalmente el tiempo que debía permanecer en prisión.

La condena fue de nueve años, no de seis

Uno de los datos que aparece simplificado en varias publicaciones es la extensión de la condena original. Jones Huala no recibió solamente seis años y un día de prisión.

El Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó en diciembre de 2018 a seis años por el incendio de la vivienda de los cuidadores del fundo Pisu Pisué, ocurrido en enero de 2013 en la comuna de Río Bueno. Además, le impuso otros tres años y un día por la tenencia ilegal de un arma de fuego de fabricación artesanal.

La condena total, por lo tanto, ascendió a nueve años y un día de prisión. Así lo informó oficialmente la Fiscalía de Chile al momento de conocerse la sentencia.

Jones Huala obtuvo la libertad condicional en enero de 2022, pero el beneficio fue revocado pocas semanas después. Para entonces había cruzado hacia la Argentina por un paso no habilitado y permaneció prófugo hasta que fue localizado en El Bolsón en enero de 2023.

Chile solicitó su extradición para que terminara de cumplir un saldo de pena fijado en un año, cuatro meses y 17 días. Finalmente, regresó al país trasandino el 4 de enero de 2024 y volvió a quedar detenido.

Los 341 días que cambiaron el cálculo

El punto central del conflicto fue el tiempo que Jones Huala había permanecido encarcelado en la Argentina mientras se tramitaba su extradición.

La Corte Suprema chilena determinó que esos once meses y cinco días -un total de 341 días- debían computarse como parte de la condena. Al descontarlos del saldo informado durante el procedimiento de extradición, solamente le quedaban por cumplir cinco meses y doce días, equivalentes a 162 días.

Como había reingresado a una cárcel chilena el 4 de enero de 2024, la pena se terminó el 14 de junio. Sin embargo, siguió detenido durante otros 63 días.

El máximo tribunal concluyó que Chile no podía modificar mediante disposiciones internas el saldo de condena preciso sobre el cual la Argentina había autorizado la extradición. Mantenerlo encerrado más allá de ese límite no solo desconocía las condiciones acordadas entre ambos países, sino que convertía la privación de la libertad en ilegal.

La resolución fue dictada en la causa identificada con el rol 28.341-2024. La Segunda Sala revocó una decisión anterior de la Corte de Apelaciones de Temuco y ordenó tener por cumplida la condena y liberar inmediatamente a Jones Huala.

Tres fechas distintas, pero una sola es oficial

En las publicaciones sobre el caso aparecen al menos tres posibles fechas para el final de la pena: el 8 de junio, el 26 de junio y el 14 de junio de 2024.

La primera fue difundida en algunas notas periodísticas. La segunda surgió del cálculo realizado inicialmente por la defensa. Pero la fecha jurídicamente relevante es la que fijó la Corte Suprema de Chile: 14 de junio de 2024.

Por eso, al haber sido liberado el 16 de agosto, el período reconocido como detención ilegal fue de 63 días.

El fallo no garantiza que cobre los 100 millones

La resolución de la Corte Suprema representa un antecedente fundamental para Jones Huala porque deja establecido que estuvo encarcelado más tiempo del permitido. Pero esa declaración no implica que el Estado chileno deba pagar automáticamente los más de 100 millones de pesos reclamados.

El nuevo proceso deberá determinar si corresponde indemnizarlo por daño moral y, en ese caso, cuál es el monto adecuado. El tribunal podrá aceptar la cifra solicitada, reducirla o rechazar total o parcialmente la demanda.

Tampoco se está indemnizando la condena por el incendio y el arma, que continúa firme. Lo que se discute es la responsabilidad estatal por no haberlo liberado cuando la pena ya estaba agotada.

Ese es el núcleo polémico del caso: una persona condenada por un ataque incendiario ahora reclama una suma millonaria al mismo Estado que la mantuvo encarcelada. Pero su antecedente penal no habilitaba a extender la prisión ni un solo día más de lo permitido.

Hoy vuelve a estar preso, pero por otra causa

Jones Huala se encuentra nuevamente detenido en la Argentina desde junio de 2025, dentro de una investigación federal diferente. Actualmente cumple prisión preventiva en la Unidad 14 de Esquel, medida que fue prorrogada hasta el 30 de agosto de 2026 mientras continúa el proceso.

Esa nueva detención no modifica el reclamo presentado en Chile. Se trata de expedientes, hechos y jurisdicciones completamente separados.

La demanda abre ahora una discusión incómoda para el Estado chileno. Jones Huala fue condenado y debía cumplir su pena, pero la Justicia también determinó que permaneció preso durante 63 días sin fundamento legal. La incógnita es cuánto dinero considerará suficiente un tribunal para compensar dos meses de libertad que ya no pueden devolverse.