Éxodo en el Ministerio de Salud: Renuncian profesionales clave y denuncian desmantelamiento en áreas vitales

La crisis en el Ministerio de Salud se profundiza tras la renuncia en bloque de profesionales de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente de las Direcciones de Vacunas y de VIH, TBC y Lepra. La decisión, tomada tras una serie de despidos en el sector, fue comunicada por los propios médicos y médicas, quienes alertaron sobre el "grave riesgo cierto e inminente que esto implica para la salud pública".

En un comunicado difundido en redes sociales, los renunciantes expresaron su profunda preocupación y justificaron su dimisión con un fuerte mensaje: "No vamos a ser parte de un Ministerio en el que los programas esenciales no pueden dar respuesta a las obligaciones básicas que marca la Ley. Nuestra renuncia es un acto de ética médica, de responsabilidad cívica y profesional, y una advertencia urgente. La salud pública no es un gasto: es una inversión en la vida y el bienestar de toda la sociedad".

La infectóloga Carolina Selent, una de las profesionales que renunció recientemente, detalló en diálogo con C5N la crítica situación que atraviesa el área. Advirtió que las consecuencias de este desmantelamiento "el aumento de los costos a mediano y largo plazo lo van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes".

La medida extrema de los profesionales se desencadena luego de que el Ministerio de Salud despidiera al 40% del equipo dedicado a VIH y al 30% del equipo de Vacunas. Esta reducción drástica de personal pone en jaque el funcionamiento de programas esenciales para garantizar la distribución, calidad y seguridad de las vacunas en todo el territorio nacional, así como la continuidad de las políticas públicas en la lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Lepra.

Selent relató que la precarización laboral en la dirección se venía gestando desde el año pasado, con contratos renovables cada tres meses y la constante amenaza de nuevos recortes. En diciembre, los empleados debieron rendir un "examen de idoneidad" que todos aprobaron, bajo la promesa de una renovación anual de contratos, promesa que finalmente no se cumplió. A principios de enero, las listas de despidos confirmaron los peores temores. "Nadie vino a decirnos, nadie dio la cara, sino que aparecieron unas listas de que toda mi dirección, la dirección de VIH y otros trabajadores tenían contratos hasta el 31 de enero", denunció Selent.

Pese a la comunicación de la decisión ministerial, los profesionales buscaron dialogar con las autoridades, advirtiendo sobre la inviabilidad de continuar trabajando en estas condiciones. "Les dijimos que iba a ser imposible funcionar de esta manera. Nosotros éramos 11 médicas, habían despedido a cuatro y quedamos siete, tenían más de 10 años de trabajo, lo cual no es fácilmente reemplazable", explicó la infectóloga. 

Ante la falta de respuestas y la confirmación del desmantelamiento, la renuncia masiva se concretó. "No estamos de acuerdo en continuar formando parte de la dirección, porque la verdad es que creemos que lo que están haciendo es desmantelar no solo la dirección, sino el Ministerio de Salud", sentenció Selent.

La situación se agrava en un contexto de creciente preocupación por la salud pública. Tras la reciente marcha en defensa del sistema sanitario, los profesionales aseguran no haber recibido ninguna respuesta positiva por parte del Ministerio de Salud. En cambio, denuncian haber sido acusados de ser "ñoquis" y defender "privilegios". Con indignación, Selent responde a estas acusaciones: "Le pregunto al ministro qué privilegio tengo de tener un sueldo de 900.000 pesos habiendo estudiado 10 años".

La infectóloga reveló que la vocación por la salud pública y la convicción en la importancia de su trabajo eran los principales motores para continuar, pese a los bajos salarios. "Nosotros hacíamos este trabajo porque realmente amamos y creemos en la salud pública, pero ganamos salarios muy malos. Lo hacía por lo que ese trabajo me da y por lo que disfruto y porque creo que es importante, pero en estas condiciones, la verdad, ni siquiera me queda eso".

La alarma por el desguace del área de inmunoprevención se enciende aún más ante el reciente brote de sarampión en la Ciudad de Buenos Aires. Selent advierte que este tipo de brotes eran previsibles debido a la baja cobertura de vacunación, una tendencia global pero que se agrava en un contexto de desmantelamiento de las áreas de control. "Si sos ministro de Salud en pleno brote de sarampión no vas a despedir a una de las dos personas que hace vigilancia", remarcó con preocupación.

La situación también es crítica en relación al VIH. La infectóloga denunció que durante el año pasado no se adquirieron preservativos ni insumos esenciales para la detección de la transmisión neonatal del virus. "Niños que nacen con madres viviendo con VIH, no pueden acceder al diagnóstico, realmente es muy grave la situación", alertó.

Pese al pedido de reincorporación de los profesionales despedidos, desde el Ministerio de Salud ya habrían confirmado que no darán marcha atrás. Selent anticipa un futuro aún más incierto, con posibles nuevas desvinculaciones en marzo, cuando vencen más contratos. La profesional advierte que estas decisiones, basadas en un supuesto ahorro fiscal, tendrán un costo mucho mayor a largo plazo. "La prevención es mucho más barata que la cura siempre. El ejemplo de los preservativos es claro: ¿es más barato que el Estado compre preservativos o que después tenga que hacer tratamientos a personas viviendo con SIDA?", reflexionó, concluyendo que "al fin de cuentas, todo esto va a salir más plata que la que se están ahorrando por despedir a las personas o por no comprar los insumos básicos".