El viento también puede dejar plata en la ciudad: Olavarría aprobó un "impuesto al viento" y abre el debate en Comodoro

La ciudad bonaerense estableció una tasa de entre 700 y 850 dólares anuales por megavatio instalado en parques eólicos. La recaudación potencial se estima en hasta 380.000 dólares por año. Para Comodoro y Chubut, el antecedente plantea una discusión que también alcanza a los futuros centros de datos: cuánto pueden dejar estas inversiones en las comunidades que las reciben y qué mecanismos legales permitirían obtener esos recursos.

El viento patagónico puede alimentar industrias, abastecer grandes centros de datos y convertirse en un negocio de escala internacional. La pregunta es qué parte de ese desarrollo quedará en las ciudades que aportan territorio, infraestructura y servicios. Olavarría puso sobre la mesa una respuesta concreta, aunque discutida: incorporar a los parques eólicos a un régimen específico de tributación municipal.

El 10 de septiembre, la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes aprobó la Ordenanza 5901/26, que estableció un régimen especial dentro de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Popularizada como "impuesto al viento", la medida no grava cuánto sopla ni la electricidad efectivamente producida: utiliza como base la potencia nominal instalada de cada aerogenerador.

La escala anual va de 850 dólares por megavatio para equipos de hasta 3,8 MW a 700 dólares por megavatio para los de 9 MW o más. La estimación difundida de entre 360.000 y 380.000 dólares anuales contempla la entrada en operación del nuevo parque de PCR y ArcelorMittal Acindar. No se trata, por lo tanto, de dinero que el Municipio ya haya recaudado.

El régimen también incorpora previsibilidad tributaria por veinte años y prevé destinar parte de los ingresos a un fondo de infraestructura comercial, empresarial e industrial. Hay un dato que rompe con la idea de un enfrentamiento entre el Municipio y todas las compañías: según informó el Concejo Deliberante, Ternium presentó una nota de apoyo a la iniciativa.

Para Comodoro, el caso invita a discutir algo más amplio que la creación de una tasa. Atraer inversiones es importante, pero también corresponde conocer qué empleo permanente generan, qué proveedores locales contratan, qué servicios públicos necesitan y cuánto aportan a la comunidad. Una inversión millonaria anunciada no equivale automáticamente a una mejora del presupuesto municipal ni del bolsillo de sus habitantes.

Antes de calcular cuánto podría recaudar la ciudad, hace falta establecer qué instalaciones están dentro de su jurisdicción, quiénes las operan, qué tributos pagan y qué exenciones tienen. No corresponde sumar todos los parques cercanos como si pertenecieran al ejido de Comodoro, ni considerar operativos equipos históricos sin comprobar su funcionamiento. Tampoco sería serio afirmar que las empresas no pagan nada sin revisar su situación tributaria.

La escala de Olavarría permite, de todos modos, dimensionar el debate. Como ejercicio puramente ilustrativo, 100 MW de generación eólica alcanzados por valores de entre 700 y 850 dólares por megavatio representarían entre 70.000 y 85.000 dólares anuales, antes de considerar exenciones, costos de fiscalización o eventuales controversias. Ese cálculo no es una proyección para Comodoro: muestra cuánto podría representar una determinada potencia bajo esas condiciones.

El límite central es jurídico. Una tasa debe corresponder a servicios concretos y efectivamente prestados al contribuyente. La Corte Suprema ha reiterado esa exigencia, aunque no reclama una equivalencia matemática estricta entre cada pago y el costo del servicio. Para sostener un esquema semejante, el Municipio tendría que identificar las inspecciones y controles que realiza, justificar el monto y acreditar sus facultades. El objetivo de recaudar más, por sí solo, no alcanza.

Chubut ya tiene un antecedente que obliga a tomar ese punto en serio. En 2022, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia concedió una medida cautelar solicitada por Nordex Windpower y ordenó a Puerto Madryn suspender los efectos del tributo reclamado a esa empresa hasta la sentencia definitiva. No fue una prohibición general de cualquier tasa sobre parques eólicos, pero demuestra que aprobar una ordenanza no garantiza poder cobrarla.

Además, el escenario nacional cambió después de la decisión de Olavarría. A fines de septiembre se informó la sanción parlamentaria de una prórroga hasta 2045 de la protección del artículo 17 de la Ley 27.191. Esa disposición impide gravar específicamente el acceso y la utilización de fuentes renovables mediante tributos, cánones o regalías nacionales, provinciales o municipales. El texto legislativo extiende el plazo desde su vencimiento original, el 31 de diciembre de 2025.

Al cierre de esta revisión no se pudo verificar su promulgación y publicación en el Boletín Oficial, instancia que el texto establece para su entrada en vigencia. Esa precisión impide presentar la prórroga como plenamente vigente sin completar la comprobación, pero también impide ignorarla al evaluar una nueva tasa. La diferencia entre retribuir servicios municipales y cobrar por aprovechar el recurso eólico será determinante.

Los anuncios de centros de datos agregan otra dimensión. Green Capital presentó Atlas GigaHub, un proyecto de infraestructura para inteligencia artificial en Chubut, con un desarrollo previsto al sur de Trelew y abastecimiento eólico y solar propio. La empresa comunicó acuerdos con socios tecnológicos, pero eso no equivale a una instalación funcionando ni a ingresos fiscales disponibles. Si estos emprendimientos se concretan, podrían ampliar tanto la actividad económica como las necesidades de infraestructura y control. Para calcular su aporte habrá que distinguir el centro informático de los parques que lo abastezcan, conocer dónde estará cada instalación y revisar qué beneficios fiscales corresponden a cada una.

Esa distinción también evita una cuenta engañosa: los megavatios de capacidad informática no son los megavatios instalados de generación. El abastecimiento continuo depende de la combinación de fuentes, almacenamiento, respaldo y conexión a la red. No se puede multiplicar directamente la capacidad anunciada de un centro de datos por una tasa eólica y presentar el resultado como futura recaudación municipal.

La oportunidad económica existe como posibilidad, pero debe evaluarse con proyectos concretos. Los ingresos por servicios, actividad empresarial o utilización de bienes públicos dependerán de las normas aplicables, las exenciones y las condiciones de radicación. Tampoco basta con crear una tasa antes de que llegue una inversión: su validez y compatibilidad con los regímenes de promoción deben estar justificadas.

La Provincia tiene una discusión propia. Una tasa municipal no genera automáticamente recursos provinciales y un eventual canon sobre el viento enfrentaría la protección específica prevista para las renovables. Distinto es el aprovechamiento de tierras fiscales: la propia Ley 27.191 admite contraprestaciones por su uso. Eso permite evaluar alternativas, pero no convertir cualquier instrumento en una regalía encubierta ni contar como públicos los ingresos por terrenos privados.

Para Comodoro y Chubut, el debate debería comenzar con información pública: inversiones efectivamente comprometidas, localización de las instalaciones, tributos existentes, beneficios concedidos, empleo previsto y obligaciones de infraestructura. Esos datos permitirían discutir qué aporta cada proyecto y qué costos debe asumir el Estado para recibirlo.

 El antecedente de Olavarría merece ser analizado en Comodoro y en Chubut. Si el viento y el sol patagónicos van a sostener grandes negocios energéticos y digitales, los gobiernos deben establecer condiciones para que esas inversiones también dejen empleo local, infraestructura y recursos públicos. La previsibilidad que reclaman las empresas debe ir acompañada de compromisos verificables con las comunidades que las reciben.