Malvinas: Milei dice una cosa y hace todo lo contrario; tres empresas que trabajan en las islas tienen negocios en Vaca Muerta y siguen operando sin recibir sanciones

El Presidente aseguró por cadena nacional que las empresas involucradas en actividades no autorizadas en Malvinas no podían recibir contratos ni beneficios en la Argentina. Sin embargo, Harbour Energy, Bluewater y Fugro participaron durante su gobierno en proyectos vinculados con YPF, Vaca Muerta y el régimen de incentivos para grandes inversiones. Los tres casos son diferentes, pero exponen contradicciones que el Gobierno todavía no explicó.
El 3 de septiembre, Javier Milei anunció que su gobierno avanzaría contra empresas relacionadas con la explotación no autorizada de recursos en las Islas Malvinas. "No se pueden hacer las dos cosas", sostuvo el mandatario al plantear que una compañía no podía participar de actividades en las islas y, simultáneamente, recibir contratos o beneficios dentro del territorio continental argentino.
El mensaje fue contundente. Los antecedentes administrativos de su propia gestión, sin embargo, muestran una realidad mucho menos coherente. Al menos tres empresas vinculadas de diferente manera con actividades desarrolladas en Malvinas hicieron negocios en proyectos estratégicos de Vaca Muerta durante el gobierno de Milei. Algunas fueron contratadas por consorcios integrados por la petrolera estatal YPF y otra terminó participando de un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Los casos no son idénticos y no deben presentarse como si lo fueran. Harbour Energy arrastra la continuidad societaria de una petrolera sancionada por operar en Malvinas; Bluewater quedó vinculada simultáneamente con el oleoducto Vaca Muerta Sur y el proyecto petrolero Sea Lion; y Fugro trabajó en proyectos energéticos argentinos mientras desarrollaba un relevamiento para un cable de comunicaciones destinado a las islas, aunque niega cualquier participación en la explotación de hidrocarburos.
La primera contradicción involucra a Harbour Energy, una de las compañías que integran Southern Energy, el consorcio exportador de gas natural licuado en el que también participa YPF. Harbour ingresó en la Argentina mediante la compra de los activos de Wintershall Dea, operación concretada en septiembre de 2024, cuando Milei ya ocupaba la Presidencia. Esa adquisición le permitió incorporarse posteriormente a Southern Energy, proyecto que obtuvo los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios del RIGI.
El problema es que Harbour Energy es la denominación actual de Premier Oil PLC, una de las petroleras sancionadas por el Estado argentino en 2013 por desarrollar actividades hidrocarburíferas no autorizadas en Malvinas. La Resolución 481 de aquel año la inhabilitó durante quince años.
La defensa previsible de la empresa es que en 2021 se produjo una fusión inversa con Chrysaor que modificó el control económico, los accionistas y la administración. Eso es cierto, pero no elimina la pregunta jurídica: la sociedad sobreviviente mantuvo el mismo número de registro británico que Premier Oil. Cambiaron el nombre y sus controlantes, pero no desapareció formalmente la persona jurídica sancionada.
La empresa dejó de participar directamente en Sea Lion y el Gobierno argentino informó en 2022 que no correspondía aplicarle una nueva sanción por ese proyecto. Lo que todavía no explicó la administración de Milei es si la inhabilitación impuesta en 2013 continúa vigente, si fue levantada mediante algún acto administrativo o por qué no fue considerada antes de permitir que Harbour participara de un proyecto beneficiado por el RIGI.
El segundo caso es Bluewater, contratada por Vaca Muerta Oil Sur, el consorcio encabezado por YPF y otras petroleras, para desarrollar el sistema de boyas de amarre del nuevo puerto exportador de petróleo rionegrino. La contratación fue defendida públicamente con el argumento de que, al momento de firmarse el acuerdo, Bluewater no mantenía relación alguna con las compañías que impulsan Sea Lion.
La cronología documental contradice esa explicación. El contrato de Bluewater con VMOS fue firmado el 12 de junio de 2025. Dos días antes, el 10 de junio, había sido constituida en el Reino Unido Bluewater Sea Lion Production Company Limited, una sociedad específicamente denominada para intervenir en el proyecto petrolero de Malvinas.
La relación tampoco comenzó ese mes. En enero de 2025 ya se había informado que Bluewater había encargado trabajos de ingeniería para evaluar la adaptación del buque Aoka Mizu al yacimiento Sea Lion. Finalmente, en febrero de 2026, la compañía anunció el acuerdo para utilizar esa unidad durante doce años, con opciones de extensión por otros ocho, en la futura producción petrolera de las islas.
Esto no demuestra por sí solo que VMOS conociera todos los movimientos corporativos de Bluewater ni establece automáticamente una infracción. Pero sí desarma la afirmación general de que la empresa no tenía ninguna relación con Sea Lion cuando consiguió el contrato argentino. La sociedad vinculada al proyecto ya había sido constituida y los estudios técnicos llevaban varios meses en marcha.
El tercer caso es Fugro, multinacional especializada en estudios geofísicos, oceanográficos y del subsuelo. La compañía trabajó durante 2025 en relevamientos relacionados con el oleoducto Vaca Muerta Sur y también fue vinculada con tareas para el proyecto Argentina LNG impulsado por YPF.
Al mismo tiempo, Fugro realizó estudios del lecho marino para el trazado de un cable submarino de comunicaciones destinado a conectar las Islas Malvinas con Uruguay. La empresa negó de manera expresa que esos trabajos estuvieran relacionados con Sea Lion o con la explotación petrolera y sostuvo que su participación se limitó a un proyecto de telecomunicaciones.
Por eso su situación es diferente de las de Harbour y Bluewater. Hasta ahora no existe prueba documental de que Fugro participe del proyecto hidrocarburífero Sea Lion. Sin embargo, su doble presencia -en proyectos energéticos argentinos y en una obra destinada a las islas bajo control británico- debería haber sido examinada y explicada por el Gobierno antes de formular una promesa general de sanciones.
También resulta impreciso afirmar que Uruguay rechazó formalmente la instalación del cable. Lo publicado hasta ahora indica que una fuente de alto rango de la Cancillería uruguaya dijo no estar al tanto del proyecto. Eso no equivale a una resolución oficial ni permite asegurar que el trámite haya sido rechazado.
La contradicción política se profundiza con el caso del empresario Eduardo Elsztain, uno de los hombres de negocios cercanos a Milei. Elsztain reconoció que posee una participación cercana al 2% en Falkland Islands Holdings, grupo que controla actividades comerciales, inmobiliarias y de servicios en las islas.
Una subsidiaria del grupo tiene, además, el 50% de South Atlantic Construction Company, una sociedad creada para competir por contratos de infraestructura. Los informes corporativos también registran reuniones con directivos de Navitas, actual operador de Sea Lion. Esto no prueba que la compañía de Elsztain haya recibido un contrato petrolero, pero confirma que sus inversiones tienen una relación económica concreta con las islas.
El propio empresario contó que en 2017 intentó comprar la mayoría accionaria del grupo y que la operación fue bloqueada por el gobierno británico de Theresa May. También aseguró que, si pudiera, volvería a intentarlo. Frente a la controversia, el Gobierno de Milei no anunció una investigación: salió públicamente a defenderlo.
El régimen de sanciones no fue creado por la actual administración. La Ley 26.659 estableció en 2011 las restricciones para quienes participaran sin autorización argentina en la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental. En 2013, la Ley 26.915 endureció las consecuencias y permitió aplicar inhabilitaciones, multas y prohibiciones.
El registro oficial consultado no consigna una norma posterior que haya derogado expresamente la sanción aplicada a Premier Oil, y la página de la Secretaría de Energía continúa relacionando a esa compañía con las resoluciones dictadas en 2013. Eso no permite afirmar por sí solo cuál es actualmente su situación administrativa: Energía y Cancillería deben informar si la inhabilitación permanece vigente, fue suspendida o dejó de resultar aplicable tras la reorganización societaria.
Después del discurso de Milei, el Gobierno informó la apertura de procedimientos sobre 45 personas y empresas. Una investigación preliminar, sin embargo, no equivale a una sanción. Hasta el cierre de esta nota no se hicieron públicos los nombres completos de los investigados ni se informaron sanciones definitivas contra Harbour, Bluewater o Fugro.
Los documentos muestran, como mínimo, una contradicción que no puede resolverse con otro discurso. Mientras Milei promete castigar a quienes desarrollan actividades contrarias a los derechos argentinos sobre Malvinas, empresas alcanzadas por esos antecedentes o vinculadas con operaciones en las islas obtuvieron contratos, participación en proyectos estratégicos y beneficios económicos dentro de la Argentina.
El Gobierno debe explicar qué controles realizaron YPF, VMOS y el Comité Evaluador del RIGI antes de aprobar estas operaciones; cuál es la situación jurídica actual de Harbour como continuadora de Premier Oil; por qué se aceptó la explicación de Bluewater pese a la cronología societaria de Sea Lion; y si las investigaciones anunciadas revisarán contratos y beneficios concedidos durante la propia gestión de Milei.
Porque, según las palabras del Presidente, una empresa no puede trabajar de los dos lados. La documentación disponible muestra que durante su gobierno varias compañías lograron hacerlo o mantuvieron vínculos suficientes para exigir una explicación. Hasta ahora, siguieron operando sin recibir nuevas sanciones de la administración que prometió castigarlas.