Diputados e intendentes de Chubut exigen al Fiscal de Estado que exhiba el acuerdo con Red Chamber

Un importante colectivo de legisladores nacionales, provinciales e intendentes de la provincia del Chubut formalizó una presentación ante la Fiscalía de Estado para exigir la entrega inmediata y completa del acuerdo suscripto entre el Gobierno provincial y la empresa Red Chamber Argentina S.A. La iniciativa, amparada en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública local, busca echar luz sobre una serie de decisiones oficiales en torno a los activos de la pesquera ex Alpesca, calificadas por los firmantes como erráticas y carentes de la transparencia que demandan los actos de gobierno.

La solicitud formal lleva la firma de los diputados nacionales Juan Pablo Luque y José A. Glinski; los legisladores provinciales Juan Horacio Pais, Emanuel Coliñir, Norma Beatriz Arbilla, Gustavo Fita y Vanesa Abril; y los intendentes de Dolavon y Trevelin, Dante Bowen y Héctor Ingram, respectivamente. A través del patrocinio letrado del abogado Federico J. Ruffa, las autoridades requirieron no solo el convenio central que devolvió la explotación de los bienes a la firma multinacional, sino también las resoluciones del Superior Tribunal de Justicia, los expedientes administrativos, los dictámenes jurídicos y económicos de respaldo, y los acuerdos celebrados ante la Secretaría de Trabajo respecto a las indemnizaciones de los ex empleados de la pesquera.

Un recorrido administrativo bajo la lupa

El eje del reclamo se centra en lo que la oposición describe como un proceso sinuoso y contradictorio llevado adelante por la administración provincial. Según argumentan los peticionantes, la gestión estatal transitó en pocos meses desde la rescisión original del vínculo con Red Chamber hacia la adjudicación y toma de posesión de las instalaciones por parte del grupo Profand. Sin embargo, en un giro inesperado, el Ejecutivo dio marcha atrás en sus propias determinaciones para reubicar a Red Chamber al frente de la tenencia y explotación de los valiosos recursos e infraestructura sujetos a expropiación.

Este escenario genera profundas sospechas en el arco político requirente sobre la legalidad y la razonabilidad de las medidas adoptadas en favor de la firma pesquera. Para los firmantes, no se asiste a un simple conflicto de intereses entre corporaciones privadas, sino a un manejo opaco de recursos estratégicos del territorio chubutense que podría derivar en graves contingencias económicas para las arcas del Estado.

Riesgo patrimonial y el rol de la fiscalía

La principal advertencia de los legisladores e intendentes radica en el impacto financiero que este ida y vuelta normativo representa para la provincia. Por un lado, se prevén posibles demandas y derivaciones jurídicas originadas por la fallida transferencia al grupo Profand. Por el otro, subsiste la persistente problemática social y laboral de los operarios de la antigua Alpesca, cuyos costos de despido y acuerdos de homologación terminaron siendo afrontados económicamente por el propio tesoro provincial, configurando una severa carga presupuestaria.

Ante la gravedad institucional de los hechos, las miradas apuntan de forma directa al Fiscal de Estado, Andrés Meiszner, como el funcionario responsable de velar por la legalidad de los actos gubernamentales y la debida protección del patrimonio chubutense. Los solicitantes remarcaron que el organismo de control no puede ampararse en el silencio ni en las evasivas en una causa de semejante sensibilidad pública, recordando que la obligación constitucional del área es brindar explicaciones documentadas ante la sociedad.

Plazos legales y advertencia de amparo

La presentación formal efectuada ante la mesa de entradas de la Fiscalía de Estado deja sentada una dura advertencia de corte judicial en caso de que el Gobierno provincial opte por retener la documentación solicitada. El texto aclara de forma taxativa que, de verificarse una negativa expresa o una falta de respuesta por el vencimiento de los plazos que dicta la normativa vigente, se considerará agotada la vía administrativa de manera automática.

Frente a un eventual escenario de rechazo o de silencio administrativo, los diputados e intendentes anticiparon que acudirán sin dilaciones ante la Justicia para interponer una acción de amparo. El objetivo final, sostienen, es forzar judicialmente la entrega de los expedientes para que la ciudadanía de Chubut conozca finalmente con qué fundamentos, bajo qué condiciones económicas y con qué consecuencias institucionales se resolvió la entrega de estos activos estratégicos.