Red de abusos en Córdoba: ya son 15 los detenidos, entre ellos un policía y un asesor legislativo

Una profunda conmoción sacude a la localidad de Villa de María de Río Seco -un pueblo de poco más de 6.000 habitantes en el norte de Córdoba- tras el avance de una causa judicial por abuso sexual infantil y grooming que ya suma 15 personas detenidas. La investigación se encuentra a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien identificó hasta el momento a cuatro víctimas menores de edad.

El caso salió a la luz a partir de la denuncia de una familia por la desaparición de una niña, quien posteriormente fue hallada en Santiago del Estero en una situación de extrema vulnerabilidad. Con el avance de las medidas de prueba, la fiscalía confirmó la detención de un total de 15 sospechosos, entre los que figuran peones rurales, remiseros, un policía en actividad y José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del legislador departamental Ernesto Ramón Flores y sobre quien recae la acusación más grave de "abuso sexual con acceso carnal". Tras conocerse su aprehensión, el legislador solicitó licencia a su banca en la Legislatura cordobesa, donde además trascendió que existía una denuncia previa contra Villarreal que habría quedado frenada en la comisaría local.

Mecánica informal y "de boca en boca"

De acuerdo con la instrucción judicial, los abusos no respondían a una red de trata organizada formalmente por un tercero, sino a una mecánica informal de transmisión de contactos telefónicos. Los acusados, aprovechando ámbitos laborales similares, se pasaban el contacto de las menores a modo de "referencia", un comportamiento que también se replicaba entre las propias víctimas de forma "de boca en boca".

Las declaraciones en Cámara Gesell de las cuatro adolescentes revelaron que las menores eran inducidas y sometidas a prácticas sexuales desde los 11 y 12 años a cambio de sumas de dinero paupérrimas -cifras que alcanzaban los $80.000- o la entrega de objetos de escaso valor a modo de trueque. Los encuentros se consumaban en diversos puntos de la localidad, incluyendo una casilla precaria en un campo perteneciente al legislador Flores, además de otras locaciones detectadas en el pueblo.

Uno de los ejes que investiga la Justicia es la colocación de implantes o "chips" anticonceptivos subcutáneos a las víctimas cuando tenían 12 y 14 años. La fiscalía analiza las circunstancias de estas prácticas y evalúa si el protocolo médico vigente habilita la aplicación de métodos anticonceptivos a tan temprana edad.

Asistencia estatal y revinculación escolar

A partir de la intervención judicial, las jóvenes y su entorno familiar -caracterizado por situaciones de extrema vulnerabilidad social, económica y estructuras con madres solas o a cargo de una bisabuela- recibieron asistencia inmediata del Polo de la Mujer y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Los exámenes médicos constataron la ausencia de lesiones físicas visibles de violencia directa, mientras que desde el ámbito psicológico continúan bajo un estricto programa de contención. En paralelo, para garantizar su resguardo frente a la falta de recursos, el Estado cordobés designó a un "abogado del niño" de manera individual para cada víctima y logró que las menores regresaran al sistema educativo tras haber abandonado la escuela a raíz de la situación.

Fuente: El Doce y La Voz del Interior