Red de juego clandestino virtual: imputaron a diez personas de Comodoro y Esquel que operaban como "cajeros"

El negocio clandestino de las apuestas virtuales sumó un fuerte revés judicial en la provincia. Tras el desarrollo de cuatro audiencias consecutivas en la Oficina Judicial de Rawson, la jueza de garantías Eve Ponce dispuso la apertura de una investigación preparatoria contra diez personas -oriundas de Comodoro Rivadavia y Esquel- acusadas de integrar y operar una red de juego clandestino a través de internet y redes sociales.

La causa se originó a partir de una denuncia formal presentada por el Instituto de Asistencia Social (IAS) ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital del Ministerio Público Fiscal del Chubut. En representación de la acusación pública estuvieron la fiscal general Eugenia Domínguez y la funcionaria de Fiscalía Ruth Saigg, mientras que el Estado provincial actúa como querellante a través de la Fiscalía de Estado.

El rol de los "cajeros" y el uso de billeteras virtuales

De acuerdo con la hipótesis de la investigación, los diez imputados cumplían un rol fundamental dentro de la estructura clandestina: funcionaban como cajeras y cajeros virtuales. A través de plataformas digitales y redes sociales, captaban apostadores y gestionaban el flujo financiero mediante el uso de cuentas electrónicas y billeteras virtuales para recibir y distribuir el dinero.

A todos los involucrados se les imputó el delito previsto en el artículo 301 bis del Código Penal, que castiga a quienes exploten, administren u organicen sistemas de captación de juegos de azar sin la debida habilitación de la autoridad competente. Esta figura legal abarca tanto a los locales físicos ilegales como a los sitios web y aplicaciones de apuestas no autorizados.

Audiencias telemáticas y plazos

Las imputaciones se formalizaron de manera remota a través de la plataforma Zoom. En los distintos tramos del proceso, tres de los sospechosos contaron con defensa particular -incluyendo a una mujer emprendedora y desocupada oriunda de Comodoro Rivadavia que se presentó presencialmente en la Oficina Judicial-, en tanto que el resto de los acusados fue asistido por los defensores oficiales Pablo Sánchez, Miguel Lugo y Damián Dantonio.

Con la apertura formal de la causa dictada por la magistrada, el Ministerio Público Fiscal dispondrá ahora de un plazo de seis meses para profundizar las medidas de prueba y determinar las responsabilidades específicas dentro de esta red de cibercrimen que operaba en territorio chubutense.