Trata y matrimonio infantil: confirmaron la condena para el matrimonio y su hijo que compraron a una menor por 825 mil pesos
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra una familia que compró, sometió y explotó a una adolescente desde los 13 hasta los 16 años. El fallo desestimó el argumento de los usos y costumbres de la comunidad gitana y fijó una inédita reparación económica para la víctima.
Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó las penas de diez años de prisión para Isabel Cristo, Alberto Cristo y su hijo Franco, encontrados culpables de los delitos de trata de personas, reducción a la servidumbre y matrimonio infantil forzado. La resolución desestimó de plano los planteos de la defensa, que intentó justificar el aberrante accionar amparándose en las tradiciones de su comunidad.
El juez Daniel Petrone fue categórico en su resolución al rechazar la impugnación presentada por los imputados, al sentar el criterio de que la pertenencia a la comunidad gitana y la invocación de sus supuestos usos y costumbres "no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal", marcando así un límite firme frente a prácticas que vulneran los derechos humanos fundamentales.
La investigación, que tuvo su sentencia de origen en mayo dictada por el juez federal Daniel Doffo, reconstruyó el calvario que comenzó entre marzo y abril de 2022 en Neuquén. En ese entonces, Isabel y Alberto Cristo pactaron la compra de la víctima, identificada como V.S.Y., a cambio de un "precio dotal" de 825 mil pesos entregado directamente a los padres de la niña. Con apenas 13 años, la menor fue obligada a unirse en matrimonio de hecho con Franco Cristo, de 20 años, sufriendo abusos sexuales reiterados durante el rito que derivaron en un embarazo a término.
Tras la unión forzada, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde se convirtió en blanco de un régimen de esclavitud sistemática. Hasta diciembre de 2024, padeció agresiones físicas extremas que incluyeron golpizas, quemaduras con agua caliente e insultos constantes, además de ser forzada a realizar venta ambulante y asumir todas las tareas domésticas en condiciones de total precariedad. El dinero recaudado era apropiado en su totalidad por los captores, bajo la amenaza constante de dejarla incomunicada y sin alimentos, incluso durante sus embarazos y cuadros de enfermedad.
El desgarrador ciclo de violencia sumó un dramático capítulo en abril de 2025, cuando la joven, que ya había logrado regresar temporalmente con su familia de origen en San Juan, fue interceptada por Isabel y Alberto Cristo. Aprovechando un descuido, la obligaron a punta de fuerza a subir a una camioneta para rehenes. Sin embargo, durante una parada en Caucete, la víctima intentó escapar con su bebé en brazos. Tras una persecución a pie, fue recapturada violentamente por Isabel Cristo ante la mirada atónita de testigos.
La rápida intervención de un ciudadano que alertó al 911 y el seguimiento del Centro Integral de Seguridad Emergencia y Montegración de San Juan permitieron que personal de la Unidad Rural N° 1 interceptara el vehículo y rescatara sanas y salvas a la madre y a su hijo.
Además de confirmar las severas condenas a diez años de encierro, el fallo ratificó la medida ejemplar de imponer una reparación económica histórica de 75 millones de pesos a favor de la joven, solicitada inicialmente por el Ministerio Público Fiscal. Esta compensación busca resarcir el daño integral, físico y psicológico provocado durante años de sometimiento, consolidando un precedente jurisprudencial ineludible en la protección de los derechos de niñas y adolescentes en la Argentina.